CHANZA Y LA RISA... Un amable lector nos preguntaba hace poco si era factible que el morenista Cuitláhuac García Jiménez, actual gobernador del estado de Veracruz, hiciera lo mismo que hizo en su bieno el panperredista Miguel Ángel Yunes Linares, quien metió a la cárcel a colaboradores de su antecesor, el entonces priista Javier Duarte de Ochoa, cuestionamiento para el cual obviamente no hubo respuesta positiva, pues en principio carecemos de bolita de cristal y por como está pintando el moradito, así como por comentarios de “los de adentro”, tal parece que no se barrerá para atrás, al menos en lo que resta de este año.
A diferencia de Yunes Linares, que tenía sólo dos años para gobernar el estado de Veracruz y, por ende, desde que andaba en campaña la hizo de cazarrecompensas, García Jiménez tiene seis largos años como gobernador de la entidad veracruzana, por lo que cuidando los tiempos de prescripción de delitos, se ve que si no él, alguien está armando la Operación 2021, fecha de la próxima elección federal o “la intermedia” como le llaman los politólogos.
Para la elección de 2021, entonces sí, deberán estar desactivados, o al menos severamente mermados, los candidatos del grupo familiar yunista que quiere volver a ir en pos de la gubernatura del estado de Veracruz en 2024 y con el mismo abanderado.
Por eso no es fortuito, como nada lo es en política, que el nuevo dirigente estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, Hugo Alberto Martínez Lino, advirtiera en una de sus primeras declaraciones periodísticas la semana pasada, que van —los morenistas— tras el exalcalde del Ayuntamiento de Boca del Río y excandidato al gobierno del estado de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, en contra de quien existe una denuncia por presunto desvío de 5.3 millones de pesos.
Esa es la línea, descarrilar este proyecto que retomaría su rumbo en la elección federal intermedia de 2021, para de ahí ir con todo en el 2024, año en que se renovará la gubernatura del estado de Veracruz.
Por eso, en este 2019, los encargados de descarrillar ese tren, se tomarán su tiempo, en tanto apartan del camino al fiscal general del estado, el yunista —que no panista— Jorge Winckler Ortiz, quien junto con su maestro universitario Marcos Even Torres, se mantienen atrincherados en la FGE para batear cualquier posible denuncia en contra de los tocayos, padre e hijo.
Aquí entre nos porque se supone que pocos lo saben, una de las investigaciones que va avanzando y por ende sustentándose, es la relacionada con el Sistema Estatal de Videovigilancia, en el cual la administración de Miguel Angel Yunes Linares supuestamente invirtió mil millones de pesos, para la instalación en dos etapas de seis mil 476 cámaras, para lo cual se contrató sin licitación alguna a la empresa Comtelsat SA de CV, que sólo colocó el 40% de ellas, sin que se sepa si la compañía cobró el cien por ciento, lo cual de haber sido así, se encuadra en el delito de fraude.
Al respecto, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior en Veracruz (Orfis), adelantó hace poco que ya se encontraron inconsistencias en el proceso de adjudicación de la obra y que allá por abril se tendrá listo el dictamen y se exhortará a los responsables para que solventen las observaciones, que dicho sea de paso, de no aclararse serán motivo para presentar denuncias penales ante la Fiscalía General del estado, siempre y cuando para entonces no siga siendo el yunista —que no panista— Jorge Winckler Ortiz el titular de la FGE.
Claro, también se trabaja en las desviaciones de recursos en el sector salud, en el de la Secretaría de Educación de Veracruz y hasta en la Sedesol estatal, donde están brotando puntos rojos que se están capitalizando.
De aquí a 2021, amable lector, la intensidad del golpeteo político irá subiendo de tono.
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