/ miércoles 12 de febrero de 2020

A gobernar se aprende gobernando

Desde el inicio del presente gobierno federal, el desprecio y la animadversión contra todo lo realizado por sus antecesores, ha sido público y notorio.

Una de tantas acusaciones de quienes ahora deciden desde el gobierno por los mexicanos, es el manejo del dinero público. Han imputado a los que se fueron, actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos e incumplimiento del deber legal constitucional; y sin embargo, no se ha usado al órgano jurisdiccional en contra de los presuntos responsables de la quiebra financiera nacional para que “devuelvan al pueblo lo robado” y sean privados de su libertad, por la sanción que cada uno merezca.

Constituye un deber legal para los que integran ésta administración pública, ajustarse a las disposiciones jurídicas emanadas del órgano legislativo y por ende en lugar de hablar ya se debería haber ejercitado, acciones sancionadoras y reparadoras del daño, por las conductas ilícitas realizadas.

No es posible que se haya tolerado la proliferación de las bandas criminales y la apropiación de los territorios que gobiernan a su estilo, los cárteles de la droga. Tampoco es posible que se siga dejando pasar por las aduanas fronterizas las toneladas de droga y de regreso, por la misma vía de las aduanas fronterizas, hacerse de la “vista gorda” para que todo el contrabando de armas llegue a nuestro país y se fomente con ello la criminalidad y los ríos de sangre que, como consecuencia de todo ese desorden, corren desde la colindancia con Estados Unidos, hasta los límites con Guatemala y Belice.

El presidente López Obrador permanece sin señalamientos de corrupción, pero no sus colaboradores, desde el ínfimo puesto, hasta el más alto nivel, en donde a muchos se les puede acreditar una conducta indebida en el ejercicio de sus funciones, la apropiación indebida también de los recursos públicos y el abuso autoritario del poder.

Mal el procedimiento seguido para contribuir a la solución del embrollo ocasionado por la rifa del “mentado avión” adquirido el gobierno de Felipe Calderón y usado por Peña Nieto. El cheque de dos mil millones de pesos entregado por Gertz Manero al señor Presidente, debió haberse ingresado a las arcas de la SHCP, en cumplimiento estricto de lo que dispone la Ley de Ingresos de la Federación. Y hecho lo anterior la Cámara de Diputados debió autorizar la salida y destino de esos dos mil millones de pesos, para la rifa por medio de la Lotería Nacional.

Desde el inicio del presente gobierno federal, el desprecio y la animadversión contra todo lo realizado por sus antecesores, ha sido público y notorio.

Una de tantas acusaciones de quienes ahora deciden desde el gobierno por los mexicanos, es el manejo del dinero público. Han imputado a los que se fueron, actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos e incumplimiento del deber legal constitucional; y sin embargo, no se ha usado al órgano jurisdiccional en contra de los presuntos responsables de la quiebra financiera nacional para que “devuelvan al pueblo lo robado” y sean privados de su libertad, por la sanción que cada uno merezca.

Constituye un deber legal para los que integran ésta administración pública, ajustarse a las disposiciones jurídicas emanadas del órgano legislativo y por ende en lugar de hablar ya se debería haber ejercitado, acciones sancionadoras y reparadoras del daño, por las conductas ilícitas realizadas.

No es posible que se haya tolerado la proliferación de las bandas criminales y la apropiación de los territorios que gobiernan a su estilo, los cárteles de la droga. Tampoco es posible que se siga dejando pasar por las aduanas fronterizas las toneladas de droga y de regreso, por la misma vía de las aduanas fronterizas, hacerse de la “vista gorda” para que todo el contrabando de armas llegue a nuestro país y se fomente con ello la criminalidad y los ríos de sangre que, como consecuencia de todo ese desorden, corren desde la colindancia con Estados Unidos, hasta los límites con Guatemala y Belice.

El presidente López Obrador permanece sin señalamientos de corrupción, pero no sus colaboradores, desde el ínfimo puesto, hasta el más alto nivel, en donde a muchos se les puede acreditar una conducta indebida en el ejercicio de sus funciones, la apropiación indebida también de los recursos públicos y el abuso autoritario del poder.

Mal el procedimiento seguido para contribuir a la solución del embrollo ocasionado por la rifa del “mentado avión” adquirido el gobierno de Felipe Calderón y usado por Peña Nieto. El cheque de dos mil millones de pesos entregado por Gertz Manero al señor Presidente, debió haberse ingresado a las arcas de la SHCP, en cumplimiento estricto de lo que dispone la Ley de Ingresos de la Federación. Y hecho lo anterior la Cámara de Diputados debió autorizar la salida y destino de esos dos mil millones de pesos, para la rifa por medio de la Lotería Nacional.