Además de la inseguridad y la violencia que campean en el territorio estatal, al gobierno se le acumulan detalles que ponen en entredicho los compromisos anunciados por la administración federal y que ha hecho suyos la de Veracruz.
Con el arranque de mayo inicia también el sexto mes de la administración que encabeza Cuitláhuac García y no baja la percepción de inseguridad y violencia, en cambio se suman aspectos que contribuyen al desgaste del grupo que gobierna.
Ahí están por ejemplo, los señalamientos de nepotismo que han hecho públicos los mismos protagonistas.
La falta de consensos para remover al fiscal Jorge Winckler y para designar a 13 magistrados son otros dos temas que abollaron el carro morenista con mayoría en el Congreso local.
A ese panorama hay que agregar lo que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, vino a señalar en el sentido de que Veracruz es de los tres estados del país en los que existe el mayor número de personas desaparecidas y fosas clandestinas.
El funcionario federal prácticamente le dio al traste al ánimo festivo de los discursos presidenciales que ha pronunciado Andrés Manuel López Obrador en sus visitas a la geografía veracruzana.
Previo a la reunión en Palacio de Gobierno con colectivos de familiares de personas desaparecidas, Encinas estableció que es necesario reconstruir la relación de la Fiscalía General del Estado con los familiares de los colectivos.
También consideró urgente tener una buena relación con quienes tienen derecho a conocer la verdad y que se haga justicia, lo que requiere un esfuerzo mayor de la FGE.
Para el subsecretario, "no es un asunto de voluntad, es una obligación legal y así se debe asumir".
Se dijo consciente del diferendo entre la Fiscalía y el gobierno de Veracruz, pero "se debe cumplir la ley, que cada quien cumpla con su responsabilidad institucional y en apego a la ley (...) Ese no es mi problema, mi tarea y mi responsabilidad es el apoyo a las víctimas. Ese es un asunto que deben resolver las partes en conflicto en el estado, nosotros vamos a respetar".
El mensaje fue más que claro: la Subsecretaría de Derechos debe trabajar con todos, pues su misión es atender las demandas de las víctimas más allá de las diferencias de los gobiernos locales.
Pagó gobierno de Veracruz patrullas dos veces más caras
Y también hay que agregar el nuevo escándalo provocado por el propio gobierno estatal con la compra que hizo de 160 patrullas que le acaba de entregar a la Secretaría de Seguridad Pública.
El cantidad total por las unidades fue de 208 millones de pesos, es decir, cada una habría costado 1.3 millones de pesos.
Aunque la denuncia la hizo pública en su cuenta de Twitter el senador Julen Rementería, ya otros navegantes virtuales habían abordado y cuestionado tanto la compra, porque no se conoce que haya sido licitada, como el precio de cada unidad.
El mismo Julen expuso que el Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, adquirió el año pasado la misma patrulla, sólo que modelo 2018, “a casi la mitad de precio”, es decir en 600 mil y 700 mil pesos.
Después Cuitláhuac twitteó que su gobierno, con una inversión de 208 millones de pesos, había hecho entrega a la SSP de 160 patrullas, en las redes sociales se dio una andanada de críticas por el alto precio de los vehículos.
Todavía no hay explicación oficial del gobierno estatal al respecto, pero será interesante ver los argumentos de que echarán mano para defenderse.
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