Quienes le conocimos ya sea como estudiante de la Universidad Veracruzana o periodista, no hemos perdido la esperanza de que el asesinato de Regina Martínez Pérez, en abril de 2012 en la ciudad de Xalapa, se aclare y se aplique la Ley a quienes actuaron física e intelectualmente para cegarle la vida.
Desde hace más de ocho años, se espera que el aparato del Estado encargado de la procuración de justicia dé con el o los responsables de tan artero asesinato.El hecho de que el gobierno de la república, circunstancialmente a cargo del morenista Andrés Manuel López Obrador haya anunciado que se reabrirá ese caso, activa a la pasiva Fiscalía General del Estado de Veracruz y alienta a quienes por años hemos visto que la impunidad se ha enseñoreado en la entidad veracruzana. El anuncio presidencial de la reapertura del caso de Regina Martínez, quien era la corresponsal de la revista Proceso, va de la mano con el de la reapertura del caso de Ernestina Ascencio, una náhuatl de 72 años quien murió después de ser supuestamente violada por militares, en su comunidad de la Sierra de Zongolica. La reapertura de este caso en particular, en principio ya dio manotazo a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que dio verbal carpetazo al mismo, apegándose a una cuestionable “verdad histórica”. En el gobierno del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se dijo que la señora Ernestina Ascensio murió de gastritis crónica, lo cual no coincide con el trabajo publicado precisamente por Regina Martínez, quien fue al lugar de los hechos, reporteó el suceso y lo dio a conocer en la revista Proceso. "Fueron los soldados, m´ija", fue el título del reportaje publicado el 11 de marzo del 2007, en el número 1584 de la revista Proceso, donde Regina Martínez y Rodrigo Vera, dieron cuenta de un hecho que también ha quedado impune, en los tiempos del que le gusta regalar lo que no es suyo: Fidel Herrera Beltrán. La entrada de ese reportaje es el siguiente: “La indígena nahua Marta Inés Ascensio encontró a su madre moribunda, con el cráneo y las costillas rotas. Yacía sobre la hojarasca, en un frío paraje de la comunidad de Tetlazinga sombreado por enormes pinos. ¿Qué tiene madre?, ¿qué le pasó?, le preguntó angustiada. Y su madre, la anciana Ernestina Ascensio Rosario, de 72 años, le respondió con mucho esfuerzo. “Fueron los soldados m´ija. Los soldados me golpearon, me amarraron y me taparon la boca. Traían sus cartucheras repletas de balas”. La lectura de este reportaje ha dado mucha luz para identificar a quienes lastimaron de muerte a Ernestina Ascensio, pero ha sido más poderosa la sombra de la impunidad, llamada “verdad histórica”.
Cuando en lugar de la ley se privilegia la amistad, se genera impunidad, así como la corrupción, tal como está sucediendo en Xalapa con el caso correspondiente a la carpeta de investigación UIP/DXI/esp2/1433/2020 y proceso penal: 334/2020 en contra de AC funcionario del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, quien arremetió jurídicamente para despedir injustificadamente a tres trabajadoras, a quienes incluso hizo les retiraran los servicios médicos pese a necesitarlos.
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