/ jueves 18 de junio de 2020

Abogados condenan “crimen de Estado” y exigen justicia

El “crimen de Estado” contra el juez federal Uriel Villegas y su esposa, tal como fue calificado por el presidente de la Suprema Corte se Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, pone en evidencia el peligro que corren las instituciones y los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de representarlas, porque constituyen la base del Estado de derecho y, por consiguiente, representan uno de sus elementos esenciales, que de llegarse a perder ubicarían a México como un Estado fallido.

La seguridad de la población de la que forman parte jueces, magistrados, fiscales y todo servidor público, junto con sus familias, es responsabilidad de la Guardia Nacional, en primer término, y de todos los cuerpos de seguridad, del Ejército y la Marina, porque así lo decretó el presidente López Obrador.

Resulta muy grave que en su propio domicilio y acompañado de su familia, un juez federal y su esposa hayan sido acribillados, sin que se sepa la identidad de los sicarios que le quitaron la vida al matrimonio o los tengan ubicados para que el órgano jurisdiccional les aplique las sanciones equivalentes a la gravedad de su fechoría. ¿Hasta dónde llegará el gobierno de AMLO para cerrar filas con el Poder Judicial e imponer un castigo ejemplar?

La intencionalidad de los sicarios resulta evidente, pues contaban con toda la información para acudir al domicilio del juez sacrificado a mansalva. La premeditación les permitió saber detalladamente los movimientos y la ausencia de guardaespaldas del juez. Por lo tanto los elementos del proditorio crimen aparecen con la intencionalidad, conducta y consecuencia, y en cuanto la Fiscalía General de la República concluya su tarea de investigación se ubicará a los autores intelectuales y materiales de estos reprobables asesinatos.

La solidaridad de todos los integrantes del Poder Judicial federal debe evidenciarse en la exigencia de que no quede impune el homicidio del juez Uriel Villegas Ortíz y de su esposa, pero también con la forma de asegurar que las dos hijas del matrimonio, en su calidad de víctimas, sean protegidas en su integridad física y moral, además de que se les provea de todo lo necesario para su sostenimiento y estudios.

Sin menoscabo de los derechos humanos y el debido proceso legal, la sanción que procede para los sicarios, si se actúa con probidad, será tan alta que no volverán a pisar la calle.

El “crimen de Estado” contra el juez federal Uriel Villegas y su esposa, tal como fue calificado por el presidente de la Suprema Corte se Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, pone en evidencia el peligro que corren las instituciones y los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de representarlas, porque constituyen la base del Estado de derecho y, por consiguiente, representan uno de sus elementos esenciales, que de llegarse a perder ubicarían a México como un Estado fallido.

La seguridad de la población de la que forman parte jueces, magistrados, fiscales y todo servidor público, junto con sus familias, es responsabilidad de la Guardia Nacional, en primer término, y de todos los cuerpos de seguridad, del Ejército y la Marina, porque así lo decretó el presidente López Obrador.

Resulta muy grave que en su propio domicilio y acompañado de su familia, un juez federal y su esposa hayan sido acribillados, sin que se sepa la identidad de los sicarios que le quitaron la vida al matrimonio o los tengan ubicados para que el órgano jurisdiccional les aplique las sanciones equivalentes a la gravedad de su fechoría. ¿Hasta dónde llegará el gobierno de AMLO para cerrar filas con el Poder Judicial e imponer un castigo ejemplar?

La intencionalidad de los sicarios resulta evidente, pues contaban con toda la información para acudir al domicilio del juez sacrificado a mansalva. La premeditación les permitió saber detalladamente los movimientos y la ausencia de guardaespaldas del juez. Por lo tanto los elementos del proditorio crimen aparecen con la intencionalidad, conducta y consecuencia, y en cuanto la Fiscalía General de la República concluya su tarea de investigación se ubicará a los autores intelectuales y materiales de estos reprobables asesinatos.

La solidaridad de todos los integrantes del Poder Judicial federal debe evidenciarse en la exigencia de que no quede impune el homicidio del juez Uriel Villegas Ortíz y de su esposa, pero también con la forma de asegurar que las dos hijas del matrimonio, en su calidad de víctimas, sean protegidas en su integridad física y moral, además de que se les provea de todo lo necesario para su sostenimiento y estudios.

Sin menoscabo de los derechos humanos y el debido proceso legal, la sanción que procede para los sicarios, si se actúa con probidad, será tan alta que no volverán a pisar la calle.