/ domingo 18 de agosto de 2019

Agosto arrivals

Los tiempos en la administración pública generalmente están normados por leyes, códigos o reglamentos para beneficio de la ciudadanía ahora denominada “para el pueblo”, la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 51 señala:

“La información financiera que generen los entes públicos será difundida al menos trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de Internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo, que corresponda en términos de las disposiciones en materia de transparencia, no exime de los informes que deben enviarse al Congreso de la Unión ni a las legislaturas locales”.

El informe trimestral armonizado acumula o incluye los meses de enero a junio y contiene un nuevo arribo en dos presentaciones desagregado a nivel cuatro, entendiéndose por esto a la información más clara o relevante.

El documento en cada periodo incrementa el número de páginas, mantiene la estructura que señala la ley, la presentación es semejante a la anterior administración, incluye un panorama económico y da relevancia como apartado específico a la postura fiscal.

Desde que retorné a la administración pública en los años 2000 analicé el panorama económico y discutí mucho los pormenores con los economistas de planeación, especialmente con el doctor Juan Amieva, experto en estos documentos.

Siempre le manifestaba que su contenido era tan denso que poca gente la entendía, menos la leía; la respuesta era la misma, va dirigida al nivel superior de la SHCP, a las calificadoras y a los acreedores de deuda pública; básicamente para precisar en dónde se encuentra el estado frente a los indicadores económicos nacionales y externos.

Pues bien de la lectura de este cuatrimestre me percaté que en el ambiente nacional manejan información 2019, cuando se refieren al estado manejan la del INEGI 2017, es probable que no haya disponibilidad para ese año, si cuando se refieren a la pobreza, consideran las ITLP (Índice de Tendencia Laboral de Pobreza) y la TD (Tasa de Ocupación) de INEGI 2019.

Manejan como factor de información la Postura y Política Fiscal como una definición de la disciplina financiera y consignan los elementos de los balances presupuestales, temas base en la Ley de deuda; por cierto muy discutibles para tomar financiamientos; al no vincular los saldos contables que la ley define como acumulativos; básicamente no considera: lo que tienes y lo que debes.

Debo expresar por otra parte que esta administración abrió algo que había permanecido citado a nivel general, pero no a nivel de subcuenta.

Me refiero a los registros que se vienen manejando en cuentas de orden, donde aparecen los espectros de amenaza a las finanzas públicas, algunas contingentes, otras obligaciones de ley, las manifestaré porque pocos verán esta ventana informativa:


CUENTAS DE ORDEN CONTABLE.


Cuenta 710000 Valores en custodia. 27 mil 336 millones de pesos

Cuenta 72500. Deuda Pública interna por suscripción 8 mil 188 millones.

Cuenta 73300. Fianzas y Garantías por Deudas por Cobrar mil 417 millones.

Cuenta. 74100. Demandas Judicial en Proceso. 7 mil 554 millones de pesos.

Al calce de la nota dice:( Abrevio)

“Con fundamento en el Código Financiero se hace constar que la cifras presentadas en los estados financieros y sus notas incluyen todas las transacciones realizadas al 30 de junio y fueron aprobadas, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta identidad”. Firmada por los funcionarios responsables.

Como complemento a esta información también incluye las notas de memoria, sólo mencionaré algunas a las que se refieren a la 71000. Valores en Custodia:

7115. Patrimonio de Fideicomisos: 5 mil 981 millones de pesos.

7119. Operaciones en proceso de aprobación: 20 mil 252 millones de pesos.

La primera de las subcuentas pertenece a la disponibilidad informativa de fondos en fideicomiso que posiblemente sean patrimonio del estado y las segundas son posiblemente algunos adeudos de terceros institucionales, si son las de contratistas, proveedores, prestadores de servicio, saldos que han tenido varias etapas.

Estuvieron en cuentas de balance con Javier Duarte en una cantidad de muchos miles de millones y posteriormente con menor cantidad, incluido un Decreto, con Miguel Ángel Yunes, fueron eliminados mediante acta circunstanciadas; paso a cuentas de orden, hubo más actas, para llegar a los niveles actuales.

Aquí en este coto o corralito están adeudos que seguramente ahí se quedarán hasta ser eliminados, pues los reclamos se han venido desvaneciendo.

Por último sugiero se revisen los números de los ingresos propios, una cosa dice el informe económico y otra el estado de resultados ¿hay o no hay 3% de incremento?

Los tiempos en la administración pública generalmente están normados por leyes, códigos o reglamentos para beneficio de la ciudadanía ahora denominada “para el pueblo”, la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 51 señala:

“La información financiera que generen los entes públicos será difundida al menos trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de Internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo, que corresponda en términos de las disposiciones en materia de transparencia, no exime de los informes que deben enviarse al Congreso de la Unión ni a las legislaturas locales”.

El informe trimestral armonizado acumula o incluye los meses de enero a junio y contiene un nuevo arribo en dos presentaciones desagregado a nivel cuatro, entendiéndose por esto a la información más clara o relevante.

El documento en cada periodo incrementa el número de páginas, mantiene la estructura que señala la ley, la presentación es semejante a la anterior administración, incluye un panorama económico y da relevancia como apartado específico a la postura fiscal.

Desde que retorné a la administración pública en los años 2000 analicé el panorama económico y discutí mucho los pormenores con los economistas de planeación, especialmente con el doctor Juan Amieva, experto en estos documentos.

Siempre le manifestaba que su contenido era tan denso que poca gente la entendía, menos la leía; la respuesta era la misma, va dirigida al nivel superior de la SHCP, a las calificadoras y a los acreedores de deuda pública; básicamente para precisar en dónde se encuentra el estado frente a los indicadores económicos nacionales y externos.

Pues bien de la lectura de este cuatrimestre me percaté que en el ambiente nacional manejan información 2019, cuando se refieren al estado manejan la del INEGI 2017, es probable que no haya disponibilidad para ese año, si cuando se refieren a la pobreza, consideran las ITLP (Índice de Tendencia Laboral de Pobreza) y la TD (Tasa de Ocupación) de INEGI 2019.

Manejan como factor de información la Postura y Política Fiscal como una definición de la disciplina financiera y consignan los elementos de los balances presupuestales, temas base en la Ley de deuda; por cierto muy discutibles para tomar financiamientos; al no vincular los saldos contables que la ley define como acumulativos; básicamente no considera: lo que tienes y lo que debes.

Debo expresar por otra parte que esta administración abrió algo que había permanecido citado a nivel general, pero no a nivel de subcuenta.

Me refiero a los registros que se vienen manejando en cuentas de orden, donde aparecen los espectros de amenaza a las finanzas públicas, algunas contingentes, otras obligaciones de ley, las manifestaré porque pocos verán esta ventana informativa:


CUENTAS DE ORDEN CONTABLE.


Cuenta 710000 Valores en custodia. 27 mil 336 millones de pesos

Cuenta 72500. Deuda Pública interna por suscripción 8 mil 188 millones.

Cuenta 73300. Fianzas y Garantías por Deudas por Cobrar mil 417 millones.

Cuenta. 74100. Demandas Judicial en Proceso. 7 mil 554 millones de pesos.

Al calce de la nota dice:( Abrevio)

“Con fundamento en el Código Financiero se hace constar que la cifras presentadas en los estados financieros y sus notas incluyen todas las transacciones realizadas al 30 de junio y fueron aprobadas, por lo que representan fielmente la situación presupuestal y financiera de esta identidad”. Firmada por los funcionarios responsables.

Como complemento a esta información también incluye las notas de memoria, sólo mencionaré algunas a las que se refieren a la 71000. Valores en Custodia:

7115. Patrimonio de Fideicomisos: 5 mil 981 millones de pesos.

7119. Operaciones en proceso de aprobación: 20 mil 252 millones de pesos.

La primera de las subcuentas pertenece a la disponibilidad informativa de fondos en fideicomiso que posiblemente sean patrimonio del estado y las segundas son posiblemente algunos adeudos de terceros institucionales, si son las de contratistas, proveedores, prestadores de servicio, saldos que han tenido varias etapas.

Estuvieron en cuentas de balance con Javier Duarte en una cantidad de muchos miles de millones y posteriormente con menor cantidad, incluido un Decreto, con Miguel Ángel Yunes, fueron eliminados mediante acta circunstanciadas; paso a cuentas de orden, hubo más actas, para llegar a los niveles actuales.

Aquí en este coto o corralito están adeudos que seguramente ahí se quedarán hasta ser eliminados, pues los reclamos se han venido desvaneciendo.

Por último sugiero se revisen los números de los ingresos propios, una cosa dice el informe económico y otra el estado de resultados ¿hay o no hay 3% de incremento?