El rescate del campo es una de las principales prioridades del Gobierno de la República para asegurar la soberanía del país con autosuficiencia alimentaria y, al mismo tiempo, crear empleos, impulsar el crecimiento económico, dar un manejo sustentable de los recursos naturales, reconstruir la cohesión familiar y comunitaria, contribuir a la construcción de la paz, preservar y dar valor a la diversidad cultural del país, pero sobre todo, hacer justicia a los hombres y mujeres trabajadores de las comunidades rurales, liberándolos del yugo al que fueron sometidos en la época neoliberal; ellos, los que proveen de alimentos a todos los mexicanos, y paradójicamente son los más pobres del país.
Por décadas, el agro fue expuesto a políticas mercantilistas, privatizaciones, liberalización comercial, desigualdad, pobreza, profundización del trato desigual campo-ciudad, exclusión social, migración, narcotráfico, violencia, despojo de recursos patrimoniales de ejidos, comunidades y pueblos, producción bajo el modelo transnacional de “revolución verde”, que sólo fue extractivista y depredadora; “competitividad” a costa de la explotación del trabajo asalariado, recursos naturales, salud pública y medio ambiente.
Esa es la razón por la que el Gobierno Federal impulsa un nuevo Sistema Agroalimentario y Nutricional que pone fin al conflicto de intereses en la determinación de las políticas públicas, con el propósito de privilegiar la justicia, salud, sustentabilidad y competitividad, el cual conjunta esfuerzos de las Secretaría de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud y la Financiera Nacional de Desarrollo, para un cambio estructural de este sector tan importante de la economía nacional, brindando apoyo directo a pequeños y medianos productores, insumos, tecnología y transición a sistemas agroecológicos de producción agrícola, sin transgénicos; acompañamiento técnico para elevar la productividad, acceso al financiamiento y salud alimentaria comunitaria para la buena nutrición de las familias rurales, lo que significa que quienes alimentan a México, también coman bien y vivan bien.
Es un reto mayúsculo, pero posible de lograrlo con los programas fundamentales de Producción para el Bienestar. Un ejemplo es Veracruz, Estado tradicionalmente líder en materia agropecuaria, donde se brindan apoyos a 216 mil 701 productores de granos, 119 mil de los cuales se dedican al cultivo de maíz y frijol, 57 mil a la caña de azúcar y 40 mil al café, en siembras de 464 mil 575 hectáreas, los cuales en 2020 recibieron mil 57.5 millones de pesos en apoyos. De ese universo, 207 mil 677, 95.8%, son pequeños productores, y de éstos un 49% son indígenas.
Otros programas que se agregan son Sembrando Vida, que dan apoyo mensual y empleo permanente a 67 mil 800 campesinos poseedores de 185 mil hectáreas dedicadas a la siembra de árboles frutales y maderables con cultivos intercalados de maíz, frijol, aguacate, nanche, piña, yuca, guanábana, picaya, canela, cacao, plátano y nopal, entre otros; precios de garantía justos para maíz y granos básicos que alcanza a 156 mil pequeños productores veracruzanos que entregan su producto en las bodegas SEGALMEX, y cuya meta es recibir 80 mil toneladas en el actual ciclo de siembra y la distribución de estos alimentos a través de la red Diconsa, al igual que el Programa de Crédito Ganadero a la Palabra y apoyo de Liconsa para que los productores de leche reciban un precio mayor por litro, de ocho pesos en lugar de seis.
Así se pone fin a la época de corrupción y hay una separación real del poder económico al del poder político con la rectoría constitucional del Estado para conducir el desarrollo del país. La producción alimentaria, como la energética, son pilares de la soberanía del país.