Resulta que José Manuel Carmona Fernández, presidente del concejo municipal de Emiliano Zapata, decidió no darle posesión a Cristina Báez Andrade, quien es suplente de la vocal primera con licencia Natalia Callejas y fue designada por el Congreso local para que asuma funciones.
Carmona citó al Cabildo y propuso a un concejal regidor como concejal síndico, pese a lo ordenado por el Congreso del Estado.
El concejo municipal, que encabeza José Manuel, no le tomó protesta a la suplente y en cambio colocó sellos en las oficinas de la sindicatura, que ya fueron retirados pues el vocal cuarto Arturo Vázquez González asumió las funciones de síndico.
Para el grupo que apoya a Cristina, entre ellos su hermano Conrado Báez, se trata de un acto a todas luces ilegal, incluso constitutivo de un delito, por ello acudieron a un notario que dio fe de la negativa del presidente del concejo.
De acuerdo con lo informado, el Congreso del Estado recomendó a los inconformes ingresar la documentación respectiva para que el lunes, en sesión, los diputados tomen un punto de acuerdo por el desacato en que habría incurrido Carmona.
Hay que recordar que al actual concejo zapatense le queda lo que resta de junio, porque el 2 de julio asumirá funciones el cabildo que gobernará los próximos tres años y medio en funciones y que presidirá el morenista Jorge Alberto Mier Acolt.
Pero Emiliano Zapata no es el único municipio con problemas, pues en Tamiahua todavía se habla del sindicato obrero que ediles y funcionarios del gobierno local conformaron en abril pasado para participar en contratos de obra pública del mismo ayuntamiento y en proyectos de construcción.
Como se comentó en Glosario del Momento publicado el 8 de mayo, “los funcionarios fueron convocados a una reunión y al llegar se llevaron la sorpresa de que no eran simples invitados a un evento, sino que estaban ahí para ocupar las principales carteras en la Sección 136 de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Construcción en General, Transporte, Obras Hidráulicas, Montaje Industrial y Obra Pública, Similares y Conexos de la República Mexicana (ASTRAC-CTM).
“Sin ser obreros y sin pertenecer al gremio de la construcción, ediles y otros funcionarios fueron ungidos en los cargos. El síndico Albertico Rivera, por ejemplo, asumió el cargo de secretario general, el regidor segundo, José Luis Vicencio, quedó como secretario de Organización y Estadística, y el secretario del Ayuntamiento, Rogelio Ábrego del Ángel, va como secretario del Trabajo y Conflictos”.
En la asamblea general constitutiva estuvo la alcaldesa Citlali Medellín y ahí el auxiliar en Obras Públicas, Misael Cruz Noguera, asumió como secretario de Previsión Social, mientras que la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Katia Michelle Espinoza, es la secretaria de Transporte.
Otro detalle es que al menos tres servidores públicos de ese nuevo sindicato estarían ligados a la asignación de los contratos de obra pública del municipio, lo que generaría un conflicto de intereses si contratan a personal de ese gremio en la ejecución de alguna obra municipal.
Y como si se tratara de una epidemia, indígenas tének de Tantoyuca denunciaron al alcalde Amado Guzmán Avilés y a varios funcionarios municipales, agentes y líderes panistas de Tantoyuca por supuestas amenazas contra indígenas para obligarlos a que apoyen a los candidatos del PAN.
Las denunciantes detallan en un documento presentado ante la Fepade en la ciudad de México que sus compañeras vocales y beneficiarias de Prospera reconocen a trabajadores del ayuntamiento de Tantoyuca como las personas que las han amenazado y temen por su seguridad y la de sus familias.
La denuncia, que fue puesta el jueves, quedó registrada bajo el folio 48753/2018.
“Hemos sido amenazadas de quitarnos el programa de Prospera si no votamos a favor de Jesús Guzmán Avilés, candidato a la diputación federal, Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a gobernador por Veracruz, así como por el candidato a la presidencia de la República Ricardo Anaya Cortés”, asentaron.
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