/ jueves 21 de abril de 2022

Altotonga, la renegociación de la deuda pública 

Como ocurre con la gran mayoría de los ayuntamientos veracruzanos, el municipio de Altotonga enfrenta un problema derivado de la elevada deuda pública.

Desde hace varias administraciones municipales, este ayuntamiento contrató una deuda superior a los 4 millones de pesos, y con eso comprometió la disponibilidad de recursos para la obra pública.

Al corte de julio de 2021, el gobierno local que entonces presidía Ernesto Ruiz Flándes informó que la deuda pública se ubicaba en 4 millones 832 mil 87 pesos.

El ajuste al valor de la deuda, entre 2020 y 2021, significó un incremento de más de 164 mil pesos en las obligaciones del ayuntamiento, a pesar del dinero que se canaliza al pago de intereses.

Esa deuda ha representado un golpe para la capacidad de operación del Ayuntamiento, que tiene un grado medio de rezago social, de acuerdo con los indicadores de la Secretaría del Bienestar, dado que 20 por ciento de la población enfrenta condiciones de pobreza extrema; 43.9 por ciento están en pobreza moderada; y 7.3 por ciento presentan vulnerabilidad por carencias sociales.

En Altotonga, menos del 14 por ciento de la población se consideran no pobres y no vulnerables. En contraparte, más de 27 mil personas están en rezago educativo; 19 mil carecen de servicios de salud; 67 mil no cuentan con seguridad social; y más de 36 mil no cuentan con todos los servicios básicos en vivienda.

Debido a ese elevado nivel de rezago social, y a la necesidad de liberar recursos públicos para satisfacer las necesidades de obras y servicios de la población, el Ayuntamiento que encabeza Juan Ignacio Morales trabaja en esquemas que permitan renegociar los términos de la deuda pública, para pagar menos intereses y, por tanto, disponer de más dinero.

No es algo nuevo lo que proyectan en Altotonga; es simplemente tomar como ejemplo el proceso de renegociación de la deuda que emprendió en el ámbito estatal el titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, José Luis Lima Franco, quien desde 2020 ha insistido en la necesidad de que los ayuntamientos busquen mejores condiciones para el pago de sus compromisos.

En reuniones con ediles, el funcionario de Sefiplan se ha referido a la deuda que representó la bursatilización generada hace más de una década; 199 municipios veracruzanos podrían renegociar; y justo en ese proceso se encuentra el Ayuntamiento de Nacho Morales, quien ha mostrado disposición para llevar una relación institucional y en los mejores términos con la administración estatal.

En este proceso de búsqueda de mejores opciones para el pago de la deuda, por cierto, el Ayuntamiento de Altotonga tiene en el diputado José Francisco Yunes a un inmejorable aliado, dada la identificación política del alcalde con el legislador federal, quien ha ocupado espacios importantes en las comisiones de Hacienda, y conoce a la perfección el tema de las finanzas públicas.

Originalmente, el proceso de bursatilización representó una deuda de mil 200 millones de pesos para los ayuntamientos de la entidad; el monto después llegó a mil 400 millones de pesos, que parecen impagables porque los intereses asfixian a las administraciones locales. Ojalá, como lo intenta Altotonga, otros gobiernos municipales acaten el llamado de Sefiplan a renegociar los términos de la deuda pública, para bajar el pago de intereses y, por tanto, para disponer de más recursos para su funcionamiento.

@luisromero85

Como ocurre con la gran mayoría de los ayuntamientos veracruzanos, el municipio de Altotonga enfrenta un problema derivado de la elevada deuda pública.

Desde hace varias administraciones municipales, este ayuntamiento contrató una deuda superior a los 4 millones de pesos, y con eso comprometió la disponibilidad de recursos para la obra pública.

Al corte de julio de 2021, el gobierno local que entonces presidía Ernesto Ruiz Flándes informó que la deuda pública se ubicaba en 4 millones 832 mil 87 pesos.

El ajuste al valor de la deuda, entre 2020 y 2021, significó un incremento de más de 164 mil pesos en las obligaciones del ayuntamiento, a pesar del dinero que se canaliza al pago de intereses.

Esa deuda ha representado un golpe para la capacidad de operación del Ayuntamiento, que tiene un grado medio de rezago social, de acuerdo con los indicadores de la Secretaría del Bienestar, dado que 20 por ciento de la población enfrenta condiciones de pobreza extrema; 43.9 por ciento están en pobreza moderada; y 7.3 por ciento presentan vulnerabilidad por carencias sociales.

En Altotonga, menos del 14 por ciento de la población se consideran no pobres y no vulnerables. En contraparte, más de 27 mil personas están en rezago educativo; 19 mil carecen de servicios de salud; 67 mil no cuentan con seguridad social; y más de 36 mil no cuentan con todos los servicios básicos en vivienda.

Debido a ese elevado nivel de rezago social, y a la necesidad de liberar recursos públicos para satisfacer las necesidades de obras y servicios de la población, el Ayuntamiento que encabeza Juan Ignacio Morales trabaja en esquemas que permitan renegociar los términos de la deuda pública, para pagar menos intereses y, por tanto, disponer de más dinero.

No es algo nuevo lo que proyectan en Altotonga; es simplemente tomar como ejemplo el proceso de renegociación de la deuda que emprendió en el ámbito estatal el titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, José Luis Lima Franco, quien desde 2020 ha insistido en la necesidad de que los ayuntamientos busquen mejores condiciones para el pago de sus compromisos.

En reuniones con ediles, el funcionario de Sefiplan se ha referido a la deuda que representó la bursatilización generada hace más de una década; 199 municipios veracruzanos podrían renegociar; y justo en ese proceso se encuentra el Ayuntamiento de Nacho Morales, quien ha mostrado disposición para llevar una relación institucional y en los mejores términos con la administración estatal.

En este proceso de búsqueda de mejores opciones para el pago de la deuda, por cierto, el Ayuntamiento de Altotonga tiene en el diputado José Francisco Yunes a un inmejorable aliado, dada la identificación política del alcalde con el legislador federal, quien ha ocupado espacios importantes en las comisiones de Hacienda, y conoce a la perfección el tema de las finanzas públicas.

Originalmente, el proceso de bursatilización representó una deuda de mil 200 millones de pesos para los ayuntamientos de la entidad; el monto después llegó a mil 400 millones de pesos, que parecen impagables porque los intereses asfixian a las administraciones locales. Ojalá, como lo intenta Altotonga, otros gobiernos municipales acaten el llamado de Sefiplan a renegociar los términos de la deuda pública, para bajar el pago de intereses y, por tanto, para disponer de más recursos para su funcionamiento.

@luisromero85