El pasado lunes 2, un día antes de que la Diputación Permanente de la LXV Legislatura local acordara separarlo temporalmente de la Fiscalía General del Estado por incumplir con el mandato constitucional de contar con certificación de confianza y su revalidación ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge Winckler le entregó al gobernador Cuitláhuac García una carpeta sobre la investigación del acto terrorista del bar “El Caballo Blanco”, de Coatzacoalcos, misma que aseguró haberles remitido personalmente también al presidente López Obrador y a los titulares de la SEIDO y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).
La noche del martes 3, en la conferencia de prensa a la que convocó, Winckler afirmó que la investigación de la Fiscalía a su cargo estaba “prácticamente resuelta”, y dijo estar seguro que la FGR resolvería el caso “con los datos que les aportamos…”.
Sin embargo, ocho días después, este miércoles 11, el gobernador Cuitláhuac García acudió a la Fiscalía General de la República para darle seguimiento al caso del multihomicidio en Coatzacoalcos. “Me han informado que los avances ya son sustanciales, que pronto se dará una información de manera pública y también aproveché el momento para solicitar que se le siga dando continuidad a las denuncias que hemos interpuesto ante esta dependencia por faltas y delitos diversos de (ex) funcionarios del gobierno de Veracruz. Desde luego expresé también al fiscal Gertz Manero toda la confianza que le tiene el gobierno de Veracruz para que sigamos trabajando juntos y hagamos justicia en Veracruz”, dijo en un video que subió a las redes sociales.
Según ha trascendido, entre esas denuncias estarían las que han sido presentadas en la FGR en contra de Winckler, entre ellas la que interpuso en mayo pasado el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, por haber “ocultado” entre 2017 y 2018 más de 150 órdenes de aprehensión que el fiscal yunista no subió a la Plataforma México.
Otra denuncia fue por las 6 mil 400 cámaras de videovigilancia inoperantes, y por las que el exgobernador Miguel Ángel Yunes y su secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, pagaron por adelantado 1,200 millones de pesos a la empresa Comtelsat.
Además, desde la suspensión temporal de Winckler, la encargada del Despacho de la FGE, Verónica Hernández Giadáns ha ejecutado 24 órdenes de aprehensión que habían sido otorgadas por diversos jueces.
La situación se les ha complicado a tal grado que Winckler y el desaparecido fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres –a quien le detectaron un sueldo excesivo de 300 mil pesos en julio– andan con sendos amparos federales desde la semana anterior para no ser aprehendidos.
¿Yunes y Téllez Marie tramitarán los suyos también?