El actual gobierno veracruzano de Cuitláhuac García ha recibido críticas por una política de represión contra cuadros destacados de la oposición.
En ese marco se circunscribirían varias órdenes de aprehensión ejecutadas por la fiscalía estatal, que en los meses recientes ha detenido al ex alcalde Gregorio Gómez (PRD), de Tihuatlán; a la ex diputada Azucena Rodríguez (PRD); al ex secretario de Gobierno de la administración de Miguel Ángel Yunes, Rogelio Franco Castán (PRD); y del ex alcalde de Tierra Blanca, Tito Delfín Cano, aspirante a la dirigencia estatal del PAN.
Aparentemente no entraría en esa bolsa el alcalde electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián Cárdenas, de Morena, aunque hay versiones que apuntan a que dicho personaje mantenía diferencias con quienes ejercen el control en Palacio de Gobierno.
En general, la oposición ha denunciado una política sistemática de represión, con el supuesto uso de la fiscalía para tal efecto; la lista de personajes de la política veracruzana detenidos por el actual gobierno también incluye a la síndica de Alto Lucero, Jazmín Palmeros; a la ex titular del IVAI, Yolli García; al dirigente de Fuerza por México Ramón Ortiz –delitos contra la salud y ultrajes–; al candidato del PAN a la alcaldía de Minatitlán, Nicolás Ruiz; al abanderado del PRI por Atlahuilco, Jaime Rosales; y al ex candidato del PT a la presidencia municipal de Jesús Carranza, Pasiano Rueda; entre más de una docena de personas que se encuentran presas en cárceles de la entidad.
El caso más reciente es el del ex candidato a la alcaldía de Lerdo de Tejada; y ha trascendido que la lista es todavía más larga y que incluye a varias autoridades electas y a sus colaboradores cercanos, señalados por diferentes delitos, algunos de ellos graves.
Por dicho antecedente, el Movimiento Antorchista organiza la defensa de su dirigente estatal, Samuel Aguirre Ochoa, quien ha denunciado que es víctima de persecución por parte del gobierno veracruzano.
Al líder antorchista le denunciaron por fraude y abuso de confianza; sin embargo, apuntan sus simpatizantes que se le pretende involucrar en ilícitos a los que es ajeno.
El asunto va mucho más allá de la supuesta venta fraudulenta de unos terrenos en Xalapa, sino que podría encerrar un abierto uso del aparato de procuración de justicia para proceder contra el líder de Antorcha en la entidad.
El Movimiento aclaró este lunes, mediante una carta abierta, que los documentos para la venta de los terrenos son tan falsos como el poder notarial expuesto por quien se hizo pasar como representante de Aguirre Ochoa.
Teme la organización que no sólo se trate de un fraude que pretende involucrar a su dirigente, sino de una estrategia para fabricarle delitos; es decir, actos de represión y hostigamiento político para ensuciar la imagen y reprimir a los simpatizantes.
La relación entre Antorcha y el actual gobierno estatal de Morena ha sido una historia de desencuentros; el más reciente, que tiene como protagonista a Samuel Aguirre, podría escalar, dado que a diferencia del PRD en el caso de Rogelio Franco; y del PAN en el asunto de Tito Delfín, el Movimiento Antorchista sí está organizado y dispuesto a movilizarse.
