Es temporada de pescar peces gordos, se expuso en este espacio hace poco. Ahora se puede agregar, nos señalan politólogos, que también es tiempo de apretar tuercas.
Ahí está el caso de la magistrada Sofía Martínez, quien fue sacada de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia por enredar los asuntos en el Poder Judicial y por, se asegura, meterse, vía familiares, en asuntos políticos que no eran de su incumbencia. Ahora está a un paso de que le apliquen el juicio político, le quiten la magistratura y quede inhabilitada para escarmiento de quienes quieran hacer movimientos similares.
También está el caso de Gabriel N, quien ocupó cargos claves en la administración de Javier Duarte. En el pasado gobierno logró no tener tantos problemas, pero ahora ya lo pusieron en la mira de la aprehensión.
¿Quiénes siguen? Politólogos nos dicen que no hay que ser adivinos, pues ya lo cantaron: alcaldes que tienen cola que les pisen.
Tuxpan, un lugar estratégico en la geoeconomía y política estatal y nacional, se encuentra dominado por la delincuencia organizada, así lo señala el Diagnóstico del V Plan Diocesano de Pastoral de la Iglesia Católica en el norte de Veracruz, documento en el cual, en el capítulo 2.4 se resalta que ese puerto está con fuertes indicadores de crimen organizado, secuestros, extorsión, asesinatos y lavado de dinero.
Tuxpeños han hecho circular ese documento, producto del análisis de párrocos y sacerdotes de esa demarcación eclesiástica que fue suscrito por el obispo Juan Navarro Castellanos, antes de dejar la Diócesis.
Nos señalan que se considera que esos delitos suceden en Tuxpan por la falta de aplicación de la ley, por autoridades coludidas, por la pérdida de valores humanos y por el imperio de la cultura de la muerte en ese lugar huasteco. El Obispo, antes de renunciar a su cargo en Tuxpan la semana pasada, en entrevista publicada en Diario de Xalapa insistió sobre el tema y manifestó el fuerte rechazo de la sociedad tuxpeña y la Iglesia católica a la inseguridad, a la violencia y al terrorismo que ocurría en esta ciudad y puerto.
Juan Navarro Castellanos afirmó que la criminalidad que hay en ese lugar afecta la integridad y la dignidad humana. Precisó además que la inseguridad es un asunto también de estado de derecho, que las autoridades no deberían permitir que se rompa en este puerto, pues los tuxpeños merecen vivir en paz.
El tema de delincuencia asociada a actos muy violentos es delicado porque en Tuxpan hay mucho combustible. Además, nos señalan gente de allá, la delincuencia organizada ha ampliado su repertorio a la venta de terrenos robados.
El propio alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, reconoció públicamente las exigencias de mayor seguridad ante la delincuencia de la comunidad tuxpeña, nombrando nuevos funcionarios de seguridad pública municipal, pero nos dicen tuxpeños que ni los de antes ni los de ahora hacen algo efectivo contra la criminalidad.
El gobernador del estado, Cuitláhuac García, en Tantoyuca en reunión de seguridad pública, habló de que por fin el estado reaccionaría ante la alta criminalidad de los últimos días en Tuxpan, lo que muestra su voluntad de terminar este episodio negro de los tuxpeños, pero el problema rebasa las acciones de los cuerpos de seguridad estatal y de procuración de justicia de Veracruz, es un tema federal que las instancias de seguridad del estado mexicano, del Gobierno de la República, han subestimando, han dejado crecer, escalar la criminalidad en Tuxpan y ahora está se vuelve como una amenaza no solo para los tuxpeños, para el país, por la importancia estratégica de Tuxpan.
