Durante los últimos 4 años del gobierno de Javier Duarte, los veracruzanos nos acostumbramos a las noticias relacionadas con la irresponsabilidad administrativa y con las acusaciones por desvíos de recursos en el gobierno estatal.
La administración Duarte fue ejemplo nacional de negocios al amparo del poder; y los resultados de las auditorías así lo evidenciaron año con año.
La administración estatal se ubicó en el escándalo nacional debido a la información que presentó la Auditoría Superior de la Federación sobre presuntos desvíos de recursos.
Como contexto: durante los seis años del gobierno de Duarte, la Auditoría Superior de la Federación realizó 220 revisiones a la administración estatal veracruzana, en las que se habrían detectado todo tipo de irregularidades: retención de recursos que correspondían a los municipios; subejercicios; depósitos de partidas completas a cuentas desconocidas; simulación de devoluciones; y falta de comprobación del gasto.
Una verdadera cloaca que fue estimada en 61 mil millones de pesos, sólo en lo que se refiere a recursos federales; ese sería el monto de los desvíos en los seis años del gobierno de Javier Duarte en Veracruz.
En enero del presente año, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a cuyo frente se encuentra Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, reveló que entre el gobierno estatal, los municipios veracruzanos y los llamados organismos autónomos, el monto del probable daño patrimonial supera los 29 mil millones de pesos en seis años.
Sólo en 2016, último año de Duarte en el gobierno de Veracruz, se habla de más de 10 mil 700 millones de pesos, entre 10 dependencias estatales y 102 municipios con irregularidades.
Con esos antecedentes, no resulta extraño que Veracruz haya sido la entidad más revisada en el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación durante el ejercicio 2017.
El pasado 29 de julio, en el marco de la Primera Entrega de Informes Individuales, correspondiente a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, el auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, se refirió a 344 revisiones de las mil 592 programadas para la fiscalización de la Cuenta Pública 2017.
De acuerdo con el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, en las entidades federativas y municipios se realizarán mil 116 revisiones; a Veracruz se le observará con lupa: 25 auditorías de cumplimiento financiero con enfoque de desempeño; otras 25 de cumplimiento financiero; y dos de inversiones físicas.
Entre esas auditorías se encuentra la que se lleva en la Universidad Veracruzana, en el marco de la revisión a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, cumplimiento financiero.
De igual manera, el programa anual de la ASF contempla dos auditorías a cada uno de los municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Orizaba, Pánuco, Papantla, Poza Rica, Tantoyuca, Tuxpan, Veracruz, Xalapa y Zongolica; y cuatro a Boca del Río, que será el ayuntamiento más auditado de la entidad.
Para que el órgano fiscalizador federal termine todas las revisiones se estima que pasarán al menos seis meses; de hecho, fueron 344 las revisiones presentadas a la Cámara de Diputados por la ASF, por lo que se infiere que entre octubre del presente año y febrero de 2019 se dará a conocer a los legisladores federales la información de otras mil 248 auditorías. Veremos entonces si Veracruz por fin salió de esa lista negra de las entidades con observaciones por probables desvíos de recursos federales.
Por cierto, Cuitláhuac García ya estará en funciones como gobernador de Veracruz cuando la ASF concluya los trabajos de revisión de la cuenta pública 2017, que corresponde al primer año de la administración de Miguel Ángel Yunes. @luisromero85
