El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz Orfis dio a conocer que el primero de octubre entregará a la Legislatura el informe general sobre a cuenta pública 2017.
A partir de ahí comenzará el periodo de investigación de las observaciones que podrían constituir faltas administrativas y delitos en casos extremos.
No sólo se incluirá la auditoría al primero de dos años que corresponden a la actual administración estatal, sino también al último de los cuatro ejercicios de los ayuntamientos 2014-2017. Precisamente por esa auditoría algunos expresidentes municipales han comenzado a mostrar nerviosismo. Podríamos decir que quienes libren esta revisión del Orfis podrán dormir tranquilos.
En octubre de 2017, hace poco menos de un año, la revisión del Orfis detectó irregularidades en 122 de los 212 ayuntamientos veracruzanos; en algunos casos el monto de las observaciones fue de escándalo: Cosamaloapan presentó probables irregularidades por 133 millones de pesos, Coatzacoalcos apareció con 50 millones, Cosoleacaque con poco más de 41, Catemaco con 40 millones de pesos y San Andrés Tuxtla con 35. No fueron los únicos, pero sí los más significativos por los montos.
Expresidentes municipales como Adriana Mass, de Cosamaloapan; Joaquín Caballero, de Coatzacoalcos; Ponciano Vázquez Parissi, de Cosoleacaque; Jorge González Azamar, de Catemaco, y Manuel Rosendo Pelayo, de San Andrés Tuxtla, fueron considerados como fuertes candidatos a enfrentar problemas judiciales luego de su paso por sus respectivos ayuntamientos.
El diciembre pasado el presidente de la Comisión de Vigilancia en la Legislatura del Estado, Juan Manuel de Unanue Abascal, se refirió a la posibilidad de acciones jurídicas contra exalcaldes y exfuncionarios. Posteriormente comenzaron las denuncias penales.
El expresidente municipal de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, por ejemplo, fue denunciado por su sucesor en el cargo, Octavio Pérez Garay.
Sobre Rosendo Pelayo pesan cuatro denuncias penales por el uso de recursos públicos para pagar contratos a presuntas empresas “fantasma”. Como consecuencia, el exalcalde tramitó un amparo para evitar su captura.
Dentro de dos meses el Orfis entregará a la Legislatura el informe de la cuenta pública 2017 y será entonces cuando comience el análisis de la información y el periodo para que los expresidentes municipales solventen las observaciones, antes de ser denunciados. Todo eso está bien, lo único malo es que por décadas el órgano auditor sólo ha sido utilizado en Veracruz como instrumento de presión política y no como la instancia responsable de la revisión de cuentas de las dependencias del gobierno estatal y de los 212 ayuntamientos.
Lo peor es que cada año se ventilan las auditorías y observaciones a las administraciones municipales; se habla de daños patrimoniales y de posibles acciones legales; sin embargo, los exediles señalados siguen paseando tranquilos, sin que la autoridad les moleste ni con el pétalo de un citatorio.
@luisromero85
