Ante el vacío informativo que durante horas generó el hermetismo de la Fiscalía General del Estado al no comunicar de inmediato los datos elementales acerca de la sorpresiva detención de Tito Delfín...
Lo cual aprovecharon los aliados y correligionarios del candidato a la dirigencia estatal del PAN para difundir en redes sociales su versión de una supuesta persecución política del régimen del gobernador Cuitláhuac García, el que entró al quite hasta la madrugada del domingo fue el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, quien en su cuenta de Facebook reveló que al exalcalde panista de Tierra Blanca se le había aprehendido por una denuncia sobre un presunto fraude, cuyo expediente penal le fue iniciado desde mayo de 2017 por la FGE que en ese entonces encabezaba el abogado yunista Jorge Winckler.
“En Tierra Blanca es bien conocido que el ahora preso se enriqueció ‘inexplicablemente’ durante y después de su carrera política”, publicó Gómez Cazarín, quien apuntó que además del delito de fraude, los denunciantes comprobaron omisiones y abuso de autoridad por parte de Tito cuando se desempeñaba como alcalde en el 2012. “Tratándose de un caso de corrupción, se turnó a la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Marcos Even (yunista) quien la admitió el 6 de junio de 2019, quedando en la carpeta FECCEV/406/2019”, detalló el coordinador de los diputados de Morena.
Sin embargo, Gómez Cazarín, recién reelecto como diputado y presidente de la Jucopo, acaba de ratificar como secretario general del Congreso local a Domingo Bahena Corbalá, excompañero de Tito Delfín en el PAN y el cual sigue negándose a responder a la demanda civil que desde hace tres años se le sigue en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, donde según el expediente número 681/2018, le están reclamando al funcionario legislativo el pago de más de 808 mil pesos por 38 meses de renta –más otros 18 mil pesos por pago de servicios de agua y luz– que hasta ahora adeuda a la dueña de una bodega ubicada en la colonia Rafael Lucio, la cual ocupa desde el 1 de diciembre de 2017.
Hasta ahora, la demanda seguida en contra del recién ratificado Secretario General del Congreso no ha tenido mayor avance debido a que desde lo más alto del Poder Legislativo estarían interviniendo directamente ante el Poder Judicial.
Ello explicaría por qué el Juzgado, en tres años, no ha sido capaz de mandatar se emplazara a Bahena “Cobralá” –como ya lo motejaron sus malquerientes– en el domicilio que él mismo señaló para su notificación, lo que obviamente ha desatado suspicacias acerca de qué funcionarios del Poder Judicial estarían obstruyendo la ejecución de esta diligencia.
Y es que, por fin, el mes antepasado lograron emplazarlo, pero ahora, por medio de artilugios legaloides, Bahena pretende devolver un emplazamiento efectuado conforme a la ley, una maniobra fraudulenta con la que busca evadir el cumplimiento de sus obligaciones pero que sólo abultará más el monto de su deuda personal.