/ viernes 19 de junio de 2020

Bajo sospecha

La demora en la respuesta del Congreso local a la solicitud de los dirigentes del PRI, PAN y PRD para entregar copia certificada de las 112 actas de los cabildos que, según dicho del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, habrían aprobado la reforma electoral, despierta la sospecha de que se habría mentido sobre este crucial hecho.

Como único recurso, que revela la posición de renuencia de los morenistas, el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos censuró esa petición que, en su criterio, “pisotea la autonomía y la dignidad de los municipios”. ¿Ha mentido sobre este asunto JJ Gómez Cazarín? Eso parecería, a menos que demuestre lo contrario. Según los datos de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, presidente del Partido Acción Nacional, 90 ayuntamientos han votado en contra de la reforma electoral y, hasta este miércoles 17, 36 cabildos aún no celebran sus sesiones para aprobar o rechazar esta reforma, con lo cual sólo 86 municipios ya la habrían avalado, y no 110 o 117, como tramposamente se pretende hacer creer e inducir a un voto a favor a los gobiernos municipales que aún restan por sesionar sobre este tema. La petición de los dirigentes políticos es relevante frente a la afectación que tendrá para todos ellos el recorte de sus prerrogativas que los dejaría en una virtual indefensión política en las elecciones que vienen, y hasta la tentativa de eliminación de la consulta popular para que los veracruzanos no puedan ejercer su derecho a la revocación de mandato, en este caso del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a la mitad de su periodo constitucional. Jurídica y políticamente procede esa solicitud de los diputados y dirigentes de los partidos políticos minoritarios, con el fin de revisar y corroborar el cumplimiento de la ley en dicho proceso de aprobación de una reforma constitucional, la cual, como se sabe, requiere el aval de la mitad más uno de los cabildos veracruzanos, 107 de los 212 municipios, que tendrían que votar a favor para que sea legal esa aprobación que hizo por mayoría calificada el Congreso del estado. Es, entonces, una lucha que aún se libra y cuyo final seguirá en suspenso, aunque haya expresiones triunfalistas, y aparentemente falseadas, del presidente de la Jucopo en la Legislatura. Además, se trata de un segundo escalón de todo un proceso, pues si al final los morenos logran reunir esos 107 avales municipales que necesitan y logran aprobarla, faltará que el propio mandatario estatal decida publicarla, y si lo hace quedará abierto el recurso de una acción de inconstitucionalidad que ya se anuncia para buscar echarla abajo, como ya sucedió en Baja California Norte donde los diputado aprobaron reformar la constitución para extender el periodo de gobierno de dos a cinco años del gobernador morenista Francisco Vega Gómez, caso que echó abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Falta mucho para que celebren unos y otros puedan lamentarlo.

PAN GANA UN ROUND

Con la determinación de la Corte para que sean reinstalados el alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas, a quienes se abrió procesos penales para poder ser separados de sus puestos, el PAN ganó un round a la mayoría morenista de la Legislatura local, y a los operadores del Gobierno del Estado. En este caso, la SCJN encontró claras violaciones a la ley que transgredieron los derechos humanos de ambos servidores públicos, por lo cual quedaron suspendidos los procesos penales en su contra y la síndica Palmeros obtuvo su inmediata libertad al gozar de fuero constitucional. Vendrán más casos y acciones, en la lucha por el poder político.

Esto apenas comienza.

opedro2006@gmail.com

La demora en la respuesta del Congreso local a la solicitud de los dirigentes del PRI, PAN y PRD para entregar copia certificada de las 112 actas de los cabildos que, según dicho del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, habrían aprobado la reforma electoral, despierta la sospecha de que se habría mentido sobre este crucial hecho.

Como único recurso, que revela la posición de renuencia de los morenistas, el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos censuró esa petición que, en su criterio, “pisotea la autonomía y la dignidad de los municipios”. ¿Ha mentido sobre este asunto JJ Gómez Cazarín? Eso parecería, a menos que demuestre lo contrario. Según los datos de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, presidente del Partido Acción Nacional, 90 ayuntamientos han votado en contra de la reforma electoral y, hasta este miércoles 17, 36 cabildos aún no celebran sus sesiones para aprobar o rechazar esta reforma, con lo cual sólo 86 municipios ya la habrían avalado, y no 110 o 117, como tramposamente se pretende hacer creer e inducir a un voto a favor a los gobiernos municipales que aún restan por sesionar sobre este tema. La petición de los dirigentes políticos es relevante frente a la afectación que tendrá para todos ellos el recorte de sus prerrogativas que los dejaría en una virtual indefensión política en las elecciones que vienen, y hasta la tentativa de eliminación de la consulta popular para que los veracruzanos no puedan ejercer su derecho a la revocación de mandato, en este caso del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a la mitad de su periodo constitucional. Jurídica y políticamente procede esa solicitud de los diputados y dirigentes de los partidos políticos minoritarios, con el fin de revisar y corroborar el cumplimiento de la ley en dicho proceso de aprobación de una reforma constitucional, la cual, como se sabe, requiere el aval de la mitad más uno de los cabildos veracruzanos, 107 de los 212 municipios, que tendrían que votar a favor para que sea legal esa aprobación que hizo por mayoría calificada el Congreso del estado. Es, entonces, una lucha que aún se libra y cuyo final seguirá en suspenso, aunque haya expresiones triunfalistas, y aparentemente falseadas, del presidente de la Jucopo en la Legislatura. Además, se trata de un segundo escalón de todo un proceso, pues si al final los morenos logran reunir esos 107 avales municipales que necesitan y logran aprobarla, faltará que el propio mandatario estatal decida publicarla, y si lo hace quedará abierto el recurso de una acción de inconstitucionalidad que ya se anuncia para buscar echarla abajo, como ya sucedió en Baja California Norte donde los diputado aprobaron reformar la constitución para extender el periodo de gobierno de dos a cinco años del gobernador morenista Francisco Vega Gómez, caso que echó abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Falta mucho para que celebren unos y otros puedan lamentarlo.

PAN GANA UN ROUND

Con la determinación de la Corte para que sean reinstalados el alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas, a quienes se abrió procesos penales para poder ser separados de sus puestos, el PAN ganó un round a la mayoría morenista de la Legislatura local, y a los operadores del Gobierno del Estado. En este caso, la SCJN encontró claras violaciones a la ley que transgredieron los derechos humanos de ambos servidores públicos, por lo cual quedaron suspendidos los procesos penales en su contra y la síndica Palmeros obtuvo su inmediata libertad al gozar de fuero constitucional. Vendrán más casos y acciones, en la lucha por el poder político.

Esto apenas comienza.

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