Que sean tiempos electorales sobreexpone la decisión del gobierno del estado de Veracruz para destinar al uso recreativo para jóvenes del ostentoso rancho “La Cartuja”, cuya propiedad se atribuye a Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública con Javier Duarte, localizado en el municipio de Naolinco. Ese predio posee tales lujos que sólo un multimillonario puede costear, con capilla y toreo incluidos, así como muchas y amplias habitaciones.
Describe el tamaño de la corrupción de algunos hombres y mujeres en el poder y mantiene, aunque no igual que antes, la percepción de rechazo a ese mal enquistado en el gobierno, que parece interminable. Pero lo que se pretende con este comentario es que, con buena o mala opinión por su destino temporal, siempre será mejor que lo que esté recuperándose se destine al beneficio de los ciudadanos veracruzanos, directamente afectados por ese feroz latrocinio.
Es bien visto, por tanto, que lo recuperado anteriormente en dinero y otros bienes se destine a obras de acondicionamiento, conclusión de obras o equipamiento hospitalario, caso del Hospital Pediátrico en Veracruz, o adquisición de vehículos para la seguridad pública, incluyendo las cámaras de videovigilancia que se han anunciado para monitorear los principales accesos y facilitar la persecución y captura de delincuentes cuando sea necesario hacerlo. No es mucho lo recuperado, apenas menos de un 10% de lo que se atribuye en desvíos de dinero en el anterior gobierno, pero de algo sirven. Lo malhabido que se logra quitar a Duarte y quienes están sujetos a procesos penales en bienes o en efectivo pertenece a los ciudadanos del estado, y quiérase o no, su gobierno administra y determina a qué se destina. Es su atribución.
Lo mismo debe hacer para otros casos, como en los casos de los ranchos asegurados en Valle de Bravo, Estado de México, “Las Mesas”, y “El Faunito” en Fortín de la Flores, para que su destino sea de beneficio a los ciudadanos veracruzanos, sea como en este caso al uso recreativo del rancho “La Cartuja”, o subastándolos para que lo reunido por su venta se destine a mejorar servicios públicos en colonias populares, o construir caminos de terracería o carreteras vitales en la zona rural o, inclusive, para arreglar el equipamiento urbano en ciudades que está en completo abandono, como sucede en el puerto de Veracruz.
Eso es lo justo, en vez de que uno de esos inmuebles, rancho ‘Las Mesas’ de Valle de Bravo, quiera darse en comodato a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por más que sí apoye con elementos la seguridad del estado, pero que cuenta con un presupuesto asignado por ley, o el rancho ‘El Faunito’ al Instituto Nacional de Ecología, que también cuenta con recursos federales para realizar sus funciones, aunque en contraparte se diga que ambas instituciones sirven al estado de Veracruz, y así es, pero están obligadas también por ley desde su creación. Esperemos que se reflexione sobre este importante tema.
CAMPAÑAS GRISES, SÓLO DOS O TRES CANDIDATOS TRABAJAN
+++Si no fuera por la intensa campaña mediática de los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña, y las iniciadas por los abanderados al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, Cuitláhuac García Jiménez y José Francisco Yunes Zorrilla, nadie podría darse cuenta del trabajo que realizan los demás candidatos a diputados federales en el estado de Veracruz o quienes participan para ocupar un lugar en el Senado de la República, salvo Manuel Rosendo Pelayo, abanderado por el PVEM para diputado federal en el distrto XXI de San Andrés Tuxtla; Mariana Dunyasca, aspirante del PAN-PRD-MC a diputada federal por el XII distrito electoral de Veracruz; Anilú Ingram Vallines, aspirante del PRI a diputada plurinominal, y Julen Rementería del Puerto, quien encabeza la fórmula para el Senado de la República por la coalición “Por Veracruz al Frente”. De los demás, ni sus luces, no se observa su actividad.
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