La saña inaudita empleada para asesinar al periodista José Luis Gamboa Arenas la semana pasada en el fraccionamiento Floresta del puerto de Veracruz, tendría que ser una de las principales líneas de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer ese caso.
Es obvio que no se trató de un asalto, como se dijo inicialmente; según datos corroborados por periodistas amigos de la víctima, a JL materialmente lo ‘cocieron’ a puñaladas, habría recibido más de 50, según reporte forense. El martes 11, vecinos reportaron a un hombre que yacía aparentemente herido en calles de ese lugar y cuando llegó el auxilio, los paramédicos ya nada pudieron hacer para salvar su vida; en el Servicio Médico Forense permaneció cuatro días en calidad de desconocido, hasta que el viernes 14 sus familiares lo identificaron. En el contexto, que podría vincular el ejercicio profesional a este proditorio crimen, existe un video de Gamboa Arenas que subió a sus redes sociales hace más de tres años para señalar a abogados, funcionarios y gobernantes de todos los niveles, de antes y ahora, de tolerar actos de la delincuencia organizada contra los ciudadanos, el cual podría ser base de las investigaciones ministeriales para resolverlo. Era director general de Inforegio-Medios y El Regional del Norte, además del periódico digital La Noticia, un impreso fundado por su finado padre, Apolonio Gamboa González, hace más de 50 años. Se convierte en el primer periodista asesinado en 2022, de quien extrañamente hasta ayer no se registraba algún pronunciamiento de condena del gobernador Cuitláhuac Garcia Jiménez o del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado ni de la FGE, aunque ayer por la tarde sí lo hizo la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), para expresar ya interviene ante las instancias correspondientes y de que no había “antecedentes de agresiones, información sobre incidentes o registros de amenazas en contra de José Luis Gamboa Arenas, por lo que el comunicador no estaba incorporado a ningún programa preventivo o medidas de protección previo a los hechos ya referidos”. Este asesinato inquieta, no sólo muestra el grado de violencia e impunidad que existe en el estado, plantea nuevamente la vulnerabilidad de los ciudadanos ante a la delincuencia, principalmente los comunicadores, actividad profesional que se mantiene bajo fuego desde hace muchos años, tanto, que Veracruz, según la organización Articulo19 y estadísticas disponibles, es la entidad más peligrosa del país para ejercer el periodismo; de 2000 a 2021, suman 30 periodistas muertos con violencia, 25 en una década, y seis de ellos ocurridos en el actual gobierno veracruzano: Leobardo Vázquez Atzin (marzo 2018), Jorge Celestino Ruiz Vázquez (agosto 2019), Maria Elena Ferral (marzo 2020), Julio Valdivia (septiembre 2020), Jacinto Romero (agosto 2021), agregándose el caso reciente de JL Gamboa. De ellos, sólo se conocen los casos sin concluir de Regina Martínez, de quien se ha pedido al más alto nivel reabrir la carpeta de investigación por la sospecha de que el atentado provino desde las esferas estatales del poder y solamente se encuentran detenidos los autores materiales; de Maria Elena Ferral, donde sigue pendiente la detención de otros implicados, incluido el presunto autor intelectual; y de Celestino Ruiz Vázquez, por cuya caso detuvieron al escolta del ex alcalde de Actopan y un policía municipal. Grave la situación de los periodistas veracruzanos, cuya integridad física sigue bajo amenaza.
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opedro2006@gmail.com
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