/ martes 6 de noviembre de 2018

Cámara sui géneris, hay intención política

Por muchas razones, el actual Congreso Local debe considerarse sui géneris, no solamente por la elección de su primera directiva integrada por diputados de los grupos minoritarios del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Partido Revolucionario Institucional, en lugar de ser alguien de Morena al menos en la presidencia por su condición de bancada mayoritaria, al igual que la vicepresidencia, y que al PAN que es segundo grupo legislativo en importancia le hubiesen otorgado la secretaría. No, la nueva mayoría operó como le convino, borró del mapa a sus adversarios azules, quienes los agandallaron en la anterior Legislatura, e independientemente de ese hecho y que no haya una mujer en alguno de los tres cargos directivos, es un manotazo que manda una clara advertencia que va más allá de los muros del Palacio Legislativo. Que sea el petista Jose Manuel Pozos Castro primer presidente de la Cámara, tiene sentido considerando su experiencia y habilidad política, lo mismo que la posición para Jorge Moreno Salinas, del PRI, en la Secretaría, por su conocimiento como ex diputado de los intríngulis del manejo legislativo, y en la Vicepresidencia Alexis Sánchez Garcia, de Movimiento Ciudadano, solo para no entregar esa posición al PAN, a cuya posición se sentía perfilada con el voto de sus compañeros, la diputada María Josefina Gamboa. Nada para ellos, ni por elemental cortesía política. Y, para que se entienda de lo que se trata, ayer el presidente de la Cámara recibió en sus oficinas a los miembros de la ONEA-México encabezados por Iván Gidi Blanchet, y a representantes de colectivos de desaparecidos, quienes presentaron una formal solicitud de juicio político contra el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, sobre lo cual ofreció “estar pendiente” de que se atienda dicha solicitud; mientras, y no por obra de la casualidad, el abogado porteño, Jorge Reyes Peralta, presentaba ante la Fiscalía General del estado denuncia penal contra el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, el propio Winckler y otros, por ordenar tortura contra el ex director general de Servicios Periciales y cometer otros delitos en su contra y contra otros ex servidores públicos que permanecen recluidos en Pacho Viejo, para obtener una confesión por actos fuera de la ley no cometidos; y para remachar, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada Dorheny García Cayetano, del grupo parlamentario de Morena, presentó un punto de acuerdo para solicitar a la PGR un “informe sobre el estado que guardan las carpetas de investigación relativas a las denuncias presentadas en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, en función de presuntos casos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito”. No hay necesidad de concatenar. No hay duda alguna. Es el inicio de una acción política concertada.

RIESGO DE CONFLICTO MAYOR EN ORIZABA

+++Es probable que haya sido a destiempo el cese de Juan Ramón Herebia Hernández de la Dirección de Gobernación en el Ayuntamiento de Orizaba. El alcalde Igor Rojí López hizo hasta lo imposible por mantenerlo en ese puesto, pero la presión colectiva, la marcha realizada el lunes por miles de personas que exigieron justicia por el artero asesinato de dos jóvenes profesionistas a manos de la policía, en cuyos hechos vinculan a Herebia, hizo dar marcha atrás al edil y, muy a su pesar, pidió la renuncia a su subalterno. Sin embargo, la exigencia ya era que también Rojí deje la Alcaldía, por solapar a Juan Ramon, y ayer diputados de Morena plantearon la posibilidad de iniciar juicio político contra el presidente municipal orizabeño. Habrá que ver cómo evoluciona este caso. El asunto es que el ex Director de Gobernación tiene muy malos antecedentes, y hay versiones inquietantes de posible vínculos criminales. En las próximas horas será llamado a cuentas para determinar su participación en los hechos criminales de los hermanos Ernesto y Román Pérez González que ha ocupado importante espacios en la prensa nacional e internacional.

Escriba a opedro2006@gmail.com


Por muchas razones, el actual Congreso Local debe considerarse sui géneris, no solamente por la elección de su primera directiva integrada por diputados de los grupos minoritarios del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Partido Revolucionario Institucional, en lugar de ser alguien de Morena al menos en la presidencia por su condición de bancada mayoritaria, al igual que la vicepresidencia, y que al PAN que es segundo grupo legislativo en importancia le hubiesen otorgado la secretaría. No, la nueva mayoría operó como le convino, borró del mapa a sus adversarios azules, quienes los agandallaron en la anterior Legislatura, e independientemente de ese hecho y que no haya una mujer en alguno de los tres cargos directivos, es un manotazo que manda una clara advertencia que va más allá de los muros del Palacio Legislativo. Que sea el petista Jose Manuel Pozos Castro primer presidente de la Cámara, tiene sentido considerando su experiencia y habilidad política, lo mismo que la posición para Jorge Moreno Salinas, del PRI, en la Secretaría, por su conocimiento como ex diputado de los intríngulis del manejo legislativo, y en la Vicepresidencia Alexis Sánchez Garcia, de Movimiento Ciudadano, solo para no entregar esa posición al PAN, a cuya posición se sentía perfilada con el voto de sus compañeros, la diputada María Josefina Gamboa. Nada para ellos, ni por elemental cortesía política. Y, para que se entienda de lo que se trata, ayer el presidente de la Cámara recibió en sus oficinas a los miembros de la ONEA-México encabezados por Iván Gidi Blanchet, y a representantes de colectivos de desaparecidos, quienes presentaron una formal solicitud de juicio político contra el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, sobre lo cual ofreció “estar pendiente” de que se atienda dicha solicitud; mientras, y no por obra de la casualidad, el abogado porteño, Jorge Reyes Peralta, presentaba ante la Fiscalía General del estado denuncia penal contra el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, el propio Winckler y otros, por ordenar tortura contra el ex director general de Servicios Periciales y cometer otros delitos en su contra y contra otros ex servidores públicos que permanecen recluidos en Pacho Viejo, para obtener una confesión por actos fuera de la ley no cometidos; y para remachar, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada Dorheny García Cayetano, del grupo parlamentario de Morena, presentó un punto de acuerdo para solicitar a la PGR un “informe sobre el estado que guardan las carpetas de investigación relativas a las denuncias presentadas en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, en función de presuntos casos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito”. No hay necesidad de concatenar. No hay duda alguna. Es el inicio de una acción política concertada.

RIESGO DE CONFLICTO MAYOR EN ORIZABA

+++Es probable que haya sido a destiempo el cese de Juan Ramón Herebia Hernández de la Dirección de Gobernación en el Ayuntamiento de Orizaba. El alcalde Igor Rojí López hizo hasta lo imposible por mantenerlo en ese puesto, pero la presión colectiva, la marcha realizada el lunes por miles de personas que exigieron justicia por el artero asesinato de dos jóvenes profesionistas a manos de la policía, en cuyos hechos vinculan a Herebia, hizo dar marcha atrás al edil y, muy a su pesar, pidió la renuncia a su subalterno. Sin embargo, la exigencia ya era que también Rojí deje la Alcaldía, por solapar a Juan Ramon, y ayer diputados de Morena plantearon la posibilidad de iniciar juicio político contra el presidente municipal orizabeño. Habrá que ver cómo evoluciona este caso. El asunto es que el ex Director de Gobernación tiene muy malos antecedentes, y hay versiones inquietantes de posible vínculos criminales. En las próximas horas será llamado a cuentas para determinar su participación en los hechos criminales de los hermanos Ernesto y Román Pérez González que ha ocupado importante espacios en la prensa nacional e internacional.

Escriba a opedro2006@gmail.com