Los tiempos tienen la mejor tonada, pero aún no se encuentra la letra para acompañarla, si México midiera su desarrollo por la cantidad de promesas que hacen los candidatos a puesto de elección popular cada seis años, o cada tres en el caso de las llamadas elecciones intermedias, ya seríamos desde hace tiempo uno de los países más “desarrollados” del mundo. Pero no, la realidad, lamentablemente, es otra.
Ha comenzado desde hace un par de semanas la llamada espotiza a través de la cual los precandidatos a todo “principian” a tratar de convencernos a los más de 87 millones de lectores que tiene este país que ellos tienen la solución a los miles de problemas que enfrenta México. El problema es que hoy tiene la llamada clase política, es que ahora el electorado ha perdido la confianza en ella y es más duro de convencer. Y si a ello sumamos que los jóvenes representan el 30% del padrón electoral y, de ellos, cerca de 14 millones lo harán por primera vez el próximo primero de julio de 2018, la cosa luce más que complicada.
Comenzamos a escuchar promesas de todo tipo. Desde aquellas que prometen dinero fácil a las nuevas y viejas generaciones “quesque” para capacitarse y que pueden conseguir un empleo digno o educación hasta aquellas que prometen terminar con la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la inseguridad y el deseo de que “cada mexicano tenga a diario en su mesa alimento suficiente para él y su familia”. Nada nuevo, pues lo venimos escuchando desde hace décadas, nada más que ahora ya nadie cree en nada, el electorado ya se vacunó contra promesas vacías y sin fundamento que escucha cada cierto tiempo.
Y esto como muestra lo que revela en sus respuestas a preguntas de legisladores sobre su quinto informe de gobierno el presidente de la República, Enrique Peña Nieto: los delitos federales cometidos por los “servidores” públicos provocaron que se abrieran cuatro mil 126 carpetas de investigación, para colocarse en la cuarta causa para iniciar una investigación a nivel federal, por debajo ligeramente de homicidios, secuestros y extorsiones en el país.
Es decir, violar la ley para un “servidor” público llega a equipararse al problema grave que representa cometer un delito por parte del crimen organizado y el narcotráfico, reveladora estadística, reflejo de hasta donde ha caído la vida pública de los gobernantes en este país: los delitos cometidos por funcionarios públicos son la cuarta causa para abrir una investigación judicial.
Y es que los electores dejaron de creer en promesas cuando se dieron cuenta, en los hechos, de quienes buscan el poder, también buscan con él los recursos en dinero que eso representa, pero no para invertirlo en el bien de todos, sino para quedárselo y depositarlo en sus cuentas bancarias personales y en las de sus familias.
El poder y el dinero van de la mano de un cargo público que debería ser ejercido para servir y no para servirse de la facultad de gobierno que le otorgan los votantes a quien obtiene un cargo en las urnas, sea cual fuere. Ejemplos, lamentablemente sobran.
Desde el uso de los bienes de la nación en su beneficio personal hasta la realización de jugosos negocios hechos al amparo del cargo desempeñado que, además otorga “fuero” e impunidad.
Bajo la premisa “más de lo mismo” es que arrancaron desde el primer minuto del pasado jueves 14 de diciembre las precampañas de quienes aspiran a ser “ungidos” candidatos en sus respectivos partidos y coaliciones. Ya vendrá más adelante, por primera vez los llamados “independientes”, si es que logran sortear los obstáculos marcados en la ley para poder registrarse ante el Instituto Nacional Electoral.
