/ jueves 25 de noviembre de 2021

Caso Montano: ¿y el móvil?

Hace un par de semanas, el viernes 12, se dio a conocer que el empresario xalapeño Juan Carlos Montano Guzmán, hermano del exdiputado del PRI y exsecretario de Seguridad Pública del estado, Alejandro Montano, había sido hallado muerto...

Fue encontrado en la cajuela de un automóvil compacto arrojado a una barranca cercana a la población de Palmarejo, municipio de Emiliano Zapata, a escasos 18 kilómetros de Xalapa.

A través de las redes sociales, la familia de la víctima agradeció el apoyo recibido por parte del gobernador Cuitláhuac García y de su secretario de Seguridad Pública, afirmando que “confiamos en las instituciones para que realicen las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el homicidio de nuestro querido hermano…”

A los dos días, el domingo 14, el caso fue aparentemente resuelto de manera accidental. Y es que la SSP informó que en un retén civil, a la altura del rastro municipal de Lerdo de Tejada, en el sur del estado, elementos de esta Secretaría ubicaron un vehículo Chevrolet, tipo Beat, placas WUC4891, del estado de Tabasco, con dos hombres a bordo, José Antonio “N” y Javier Gamaliel “N”, quienes se identificaron como supuestos elementos de la Policía Ministerial.

“Ambos se comportaron de forma agresiva insultando a los policías estatales, y uno de ellos disparó contra un oficial, por lo que fueron intervenidos”, según se consignó en el reporte.

El comunicado detalló que durante la intervención les aseguraron una cartulina con mensaje alusivo a la delincuencia organizada, envoltorios con supuestos narcóticos, un arma de fuego corta y camisolas con la leyenda de la SSP. De manera extraoficial se informó que, de acuerdo con labores de investigación e intercambio de información entre las autoridades, a los detenidos se les relacionaba con el homicidio de Montano. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál fue el móvil de este crimen, que es lo medular de toda investigación ministerial.

Ojalá que este caso no tenga nada qué ver con lo publicado cuatro días después, el jueves 18, por el columnista Julio Hernández, del diario La Jornada –el periódico más afín al régimen obradorista–, quien escribió: “Un grupo de ciudadanos, cuya identidad se mantiene a resguardo, reporta que en Veracruz se han multiplicado los delitos cometidos por fuerzas policiacas, sobre todo los secuestros exprés.

Relatan que durante la administración de Fidel Herrera Beltrán se asentaron en esa entidad miembros de cárteles que operaron libremente y, ya con Javier Duarte de Ochoa, fueron incorporados con uniforme a la llamada Fuerza Civil.

“Con el morenista Cuitláhuac García, a quien se le acumulan los problemas sin verdadera solución, se mantuvo esa dualidad policiaca y delictiva y, en semanas recientes, hay una acometida para detener a quien pueden, argumentando cualquier falta o presunto delito, mediante evidencias sembradas, para llevar al supuesto infractor a lugares clandestinos desde donde se llama a familiares para pedir rescate por miles de pesos. Los casos no son reportados a las autoridades porque los secuestrados asumen que les iría peor…”

Hace un par de semanas, el viernes 12, se dio a conocer que el empresario xalapeño Juan Carlos Montano Guzmán, hermano del exdiputado del PRI y exsecretario de Seguridad Pública del estado, Alejandro Montano, había sido hallado muerto...

Fue encontrado en la cajuela de un automóvil compacto arrojado a una barranca cercana a la población de Palmarejo, municipio de Emiliano Zapata, a escasos 18 kilómetros de Xalapa.

A través de las redes sociales, la familia de la víctima agradeció el apoyo recibido por parte del gobernador Cuitláhuac García y de su secretario de Seguridad Pública, afirmando que “confiamos en las instituciones para que realicen las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el homicidio de nuestro querido hermano…”

A los dos días, el domingo 14, el caso fue aparentemente resuelto de manera accidental. Y es que la SSP informó que en un retén civil, a la altura del rastro municipal de Lerdo de Tejada, en el sur del estado, elementos de esta Secretaría ubicaron un vehículo Chevrolet, tipo Beat, placas WUC4891, del estado de Tabasco, con dos hombres a bordo, José Antonio “N” y Javier Gamaliel “N”, quienes se identificaron como supuestos elementos de la Policía Ministerial.

“Ambos se comportaron de forma agresiva insultando a los policías estatales, y uno de ellos disparó contra un oficial, por lo que fueron intervenidos”, según se consignó en el reporte.

El comunicado detalló que durante la intervención les aseguraron una cartulina con mensaje alusivo a la delincuencia organizada, envoltorios con supuestos narcóticos, un arma de fuego corta y camisolas con la leyenda de la SSP. De manera extraoficial se informó que, de acuerdo con labores de investigación e intercambio de información entre las autoridades, a los detenidos se les relacionaba con el homicidio de Montano. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál fue el móvil de este crimen, que es lo medular de toda investigación ministerial.

Ojalá que este caso no tenga nada qué ver con lo publicado cuatro días después, el jueves 18, por el columnista Julio Hernández, del diario La Jornada –el periódico más afín al régimen obradorista–, quien escribió: “Un grupo de ciudadanos, cuya identidad se mantiene a resguardo, reporta que en Veracruz se han multiplicado los delitos cometidos por fuerzas policiacas, sobre todo los secuestros exprés.

Relatan que durante la administración de Fidel Herrera Beltrán se asentaron en esa entidad miembros de cárteles que operaron libremente y, ya con Javier Duarte de Ochoa, fueron incorporados con uniforme a la llamada Fuerza Civil.

“Con el morenista Cuitláhuac García, a quien se le acumulan los problemas sin verdadera solución, se mantuvo esa dualidad policiaca y delictiva y, en semanas recientes, hay una acometida para detener a quien pueden, argumentando cualquier falta o presunto delito, mediante evidencias sembradas, para llevar al supuesto infractor a lugares clandestinos desde donde se llama a familiares para pedir rescate por miles de pesos. Los casos no son reportados a las autoridades porque los secuestrados asumen que les iría peor…”

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