Prácticamente desde que arrancó el gobierno que encabeza Cuitláhuac García empezó la guerra contra el fiscal Jorge Winckler. El propósito de la administración morenista es remover al panista para que lo sustituya alguien a modo.
Las declaraciones en contra del titular de la Fiscalía General del Estado se han venido sucediendo una tras otra y hasta de manera festiva, anunciando su inminente salida. A veces las ha hecho el gobernador y a veces el secretario de Gobierno, Éric Cisneros.
Es más, Éric Patrocinio daba como un hecho que la salida de Winckler se daría el Día de Navidad o el Día de Reyes, lo que no ocurrió ni el 25 de diciembre ni el 6 de enero.
Y como vimos, tampoco ayer pudo el coordinador de la bancada de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, convencer a sus correligionarios ni a sus aliados para reunir los 34 votos que requerían para remover al fiscal.
El último día de enero, al término de la sesión de la Jucopo, se dio a conocer que los dictámenes de juicios políticos en contra del fiscal pasarían al pleno en sesión extraordinaria, porque el periodo ordinario terminaba ese día, a pesar de que se había filtrado que todo estaba listo para que el pleno procediera a remover a Winckler.
La versión oficial fue que los diputados estaban esperando el segundo dictamen de la Comisión Instructora sobre el caso del fiscal. La realidad, según se comentó en los pasillo del Palacio Legislativo, es que quedó evidenciada la falta de operación política para reunir los votos necesarios.
Ayer, por ejemplo, cuando era de esperarse que procediera la remoción de Winckler Ortiz, resultó que la bancada de Morena únicamente contaba con 29 de los 34 votos que se requieren para aprobar el juicio político.
De acuerdo con lo que se comentó, Gómez Cazarín sólo sumó 24 votos de Morena, el del presidente de la Comisión Instructora, Rubén Ríos Uribe, y los integrantes de la bancada mixta PRD-MC, Alexis Sánchez García, Ivonne Trujillo Ortiz, Brianda Kristel Hernández Topete y Florencia Martínez Rivera.
De la bancada de Morena, se dijo que José Magdaleno Rosales Torales y Jessica Ramírez Cisneros votarían en contra, el primero porque quiere asegurar la candidatura a la alcaldía de Medellín Bravo y se la estaban dejando al aire, y la segunda habría reconsiderado su voto como integrante de la Comisión Instructora.
El coordinador del grupo legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”, Gonzalo Guízar Valladares, y el diputado Érik Iván Aguilar López también votarían en contra de la salida del fiscal, pues quieren las candidaturas a las alcaldías de Coatzacoalcos y Misantla, respectivamente, pero tampoco lograban asegurarlas.
Aunque de Guízar también se comentó que decidió votar en contra como un favor personal para el exgobernador Miguel Ángel Yunes.
En tanto, los integrantes del grupo mixto PRI-PVEM, Érika Ayala Ríos, Jorge Moreno Salinas y Andrea Yunes, también optaron por votar en contra en razón de un acuerdo con la bancada panista.
También el priista Juan Carlos Molina Palacios estaría apuntado en contra de la remoción.
Entre los rumores, dimes y diretes en torno a la primera parte de la sesión privada que celebraron los diputados, también se habló de la existencia de grabaciones en las que algunos estarían recibiendo dinero y que otros lo estarían ofreciendo a cambio de votos.
Mientras, el caso evidencia la total falta de oficio y de operación política de quienes desde el gobierno tienen el encargo de hacer que se vaya el fiscal, cosa que no han podido lograr pese a sus avisos festivos y a pesar, también, de que Morena es la bancada mayoritaria en el Congreso.
Y ahí sigue, la piedra en el zapato de este gobierno.
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