La detención el pasado miércoles de otro gobernador (César Duarte Jarques, ex de Chihuahua, oculto en Estados Unidos) es un aviso más para los mandatarios estatales en funciones de que si meten la mano al cajón público, como evidentemente muchos lo hacen, tarde o temprano pagarán las consecuencias.
A Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León; Andrés Granier Melo, de Tabasco; Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; Fausto Vallejo Figueroa, de Michoacán; Roberto Sandoval Castañeda, de Nayarit; Egidio Torre, de Tamaulipas; Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, se les investigó por corrupción y hasta por narcotráfico, otros ya purgan condenas en la cárcel y algunos más siguen bajo proceso penal, vivieron el paraíso de un gobierno de la República que los cobijó durante años, tolerante y cómplice, que también está en la mira antes de la elección de 2024, y no actuó en contra de ellos pese a las irregularidades y observaciones que se acumulaban en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), denuncias en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) o que públicamente exhibían sus latrocinios con exposición de documentos o testimonio gráficos por diversos actores políticos. Ah, pero de eso se valen la mayoría de quienes tienen un poder provisional, se sienten intocables y con derecho a hacer cualquier cosa que se les ocurra. Los Duarte, Borge y demás compañía adquirieron ranchos, autos, casas, joyas y otros bienes (se recuerda, por ejemplo, una lancha deportiva que hizo traer JDO del extranjero para pasear por el río Papaloapan y de la cual hasta ahora no se sabe en qué manos fue a parar) excentricidades que no se dan ni los más ricos del país. César Duarte, para tener una idea de sus actos, acumuló 20 órdenes de aprehensión del fuero común y federal por presumibles actos de corrupción. El pasado miércoles, durante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a su homólogo de USA, Donald Trump, el exgobernador chihuahense fue detenido en Miami, por el Servicio de Alguaciles Federales del país vecino, y en la próximas horas será presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde deberán notificarle sus derechos y los cargos que se le imputan, para iniciar el proceso de extradición a México. Muchos gobernadores, y alcaldes, que están ahora en la oposición, cuidan muy bien las licitaciones, inversiones, calidad de las obras, gastos y disposición de recursos públicos, porque saben que si no lo hacen les caerá la justicia, no tanto por limpiar de corrupción, sino porque eso sirve a sus intereses políticos, exhibirlos y colocar contra la pared a los gobernantes surgidos del PRI, PAN, PRD o Movimiento Ciudadano, y levantar la bandera de que ellos sí luchan contra ese cáncer que padece el gobierno en todos sus niveles desde hace muchas décadas. Ojalá empiecen a usar esa misma lupa los gobernadores o alcaldes de Morena con ellos mismos, porque, como se observa, el poder no es para siempre y en una de esas un cambio en los aires políticos podría llevarlos a la misma situación de estos malos funcionarios a quienes la ley persigue para hacerlos pagar por sus actos corruptos.
OPERATIVO, ¿REAL O SÓLO PARA LA FOTO?
Ayer, oficiales de Transporte Público del estado realizaron un operativo de supervisión en unidades del servicio urbano del puerto de Veracruz para hacer cumplir las medidas preventivas contra el Covid-19. Exigieron que los conductores y pasajeros utilicen cubrebocas, situación que no han respetado. Los autobuses ni siquiera portan indicaciones en carteles sobre este asunto. En fin, es una buena medida, tardía pero al fin les cayó el veinte a las autoridades de TPE y de la propia SS, que ojalá ayude a frenar un poco la situación de crisis de contagios y muertes que sigue presentándose en el principal municipio del estado.
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