No cabe duda que ser vecino del país más poderoso del mundo tiene ventajas y desventajas, beneficios y perjuicios. El T-MEC nos ha posicionado como un país estratégico en el comercio mundial, muchas empresas se han domiciliado en México para aprovechar esta oportunidad, ejemplo claro son las armadoras de automóviles; del lado negro, los negocios del narcotráfico, por su cercanía al mayor consumidor del mundo.
Desventaja de ser vecino es atender el problema actual, anterior y futuro de la migración, todo hombre o mujer aspira a alcanzar el sueño americano para tener un mejor nivel de vida, tener un trabajo que posibilite enviar dinero a la familia; en el lado negativo, ser el punto de venta de armas que fortalecen a cárteles, bandas y células del narcotráfico. Después de un balance observamos que tenemos más a favor que en contra, aunque el del armamento atrae a los cárteles, con mayor nivel de destrucción, aumento de la violencia y muerte de muchos mexicanos.
Otro tema que nos afecta por la cercanía con EU es la introducción de vehículos, principalmente de camiones y camionetas para uso del campo, así como vehículos familiares. Para muchos mexicanos es una manera de tener un vehículo de trabajo o familiar, que en la generalidad de los casos es cinco veces menor a la oferta local.
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó recientemente el decreto que permite la regularización de estas unidades en los estados colindantes con Estados Unidos.
Los argumentos de esta decisión los cita el Presidente al comentar que algunos de estos vehículos son utilizados por los delincuentes, no pudiendo ubicarlos por falta de control, pero que la mayoría están para uso de familias mexicanas.
Para ello será necesario establecer un registro y pagar derechos por 2 mil quinientos pesos; el programa iniciará en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con la probabilidad de ampliarse a otros estados.
El producto que se obtenga ya lo etiquetó: será destinado al programa de bacheo nacional, que ya había anunciado hace dos meses cuando manifestó que su gobierno apoyaría a entidades federativas y municipios, atendiendo que este es un problema que afecta a los mexicanos, según estudio del INEGI.
Pero ante la reacción de algunos presidentes municipales, que demandan cantidades de miles de millones de pesos, dejó claro que este es un tema que deben atender localmente las entidades federativas y los municipios.
Una de las principales organizaciones inmersas en el mercado de lo automóviles, la AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles), ha manifestado que este tema ya ha sido discutido desde hace muchos años y han sido muchos los intentos que el gobierno federal ha invertido en su regularización, habiendo implementado 19 procesos de regularización en un periodo de 32 años (1979-2011).
Por lo que este intento sería el número 20, que traería las siguientes consecuencias:
1) Golpe al sector automotriz; caída de las ventas del sector y pérdida de un 20 por ciento en el vehículo usado.
2) Muchos de los empleos asociados a la industria automotriz se perderían al disminuir sus ventas.
3) Caída en la recaudación; al bajar las ventas, bajarían los ingresos por concepto de ISR e IVA.
4) Afectación al medio ambiente al tratarse de vehículos de años anteriores con un mayor kilometraje, lo que los hace altamente contaminantes; en algunas zonas urbanas las emisiones representan un 60 por ciento con partículas suspendida de grueso calibre hasta PM-10, incumpliendo la norma NOM 042 y 044-Semarnat 2003 y 2017.
5) Riesgo en las personas al no garantizar estándares de seguridad, por no contar con frenos ABS, bolsas de aire y sistemas de retención infantil.
6) Negocio para los cárteles para vender este tipo de vehículos a particulares ya regularizados.
Sin embargo, lo que no dicen este tipo de asociaciones, donde también es partícipe la AMIA, es que en nuestro país este segmento constituye un oligopolio, donde no hay límite de precio en los autos que ofrecen a los mexicanos, que son más caros que en Estados Unidos y son los mismos que ellos han abusado endeudando a los adquirientes y que son implacables con los deudores; algunos citan que constituyen una banda legal cuyo enemigo es el cliente en su interés de contar con un vehículo nuevo.
Esta banda legal la encabezan armadoras, distribuidores, bancos, arrendadoras, sofoles, entes dedicadas al crédito y ejecutivos; su objetivo es acumular sumas a los clientes, entre el costo de la unidad, los intereses (hasta 10 puntos sobre la tasa de referencia), adicionándole una garantía extendida, el seguro, servicios de grúa, auto sustituto, tomado el auto usado a precios con deméritos exageradas, todo porque el mexicano tiene la ilusión de comprar un auto nuevo.
Ahora que ven amenazado este imperio le protestan al Presidente por tomar una medida que favorece a la seguridad pública, que permite a los ciudadanos con pocos recursos comprarse un carrito para la familia, aunque se citen cosas negativas como los señalados en lo puntos del 1 al 6.
Empiezan los estados del norte, seguramente seguirán hacia el interior, y es probable que aumente la introducción de vehículos legalizados, que en cifras exageradas superarán al millón de unidades y no las 18 millones señaladas por José Zozaya, de la AMIA.
En Veracruz, para dar una idea de lo que representa, en 2006 se regularizaron 40 mil 500 vehículos; en 2007, 46 mil ,500; en 2010, 28 mil 200, y en 2019, 4 mil 356 unidades.
Si el gobierno federal llegara a regularizar un millón de estos vehículos, se tendrían ingresos por 2 mil quinientos millones de pesos, lo que no alcanzaría ni para satisfacer a un estado, atendiendo a que el alcalde de Hermosillo solicitó 6 mil millones de pesos para bachear la capital de Sonora.
Estimo que el gobierno federal debería dar más apoyo para acciones de bacheo a estados y municipios, porque la verdad la infraestructura urbana de calles está deteriorada y los municipios, en ocasiones, no tienen ni para la nómina, de ahí que en lo que menos piensan es en el bacheo.
