El artículo 28 constitucional establece las prohibiciones para constituir monopolios, prácticas monopólicas, estancos (venta exclusiva que concede el Estado sobre ciertas mercancías) e igualmente la prohibición de otorgar exenciones de impuestos, debido a la obligación tributaria de los mexicanos en general (artículo 31-IV constitucional).
Un “monopolio” surge cuando el Estado permite a una persona física, moral, grupo corporativo o cadena de tiendas, la explotación exclusiva de algunos productos del comercio o la industria. La desventaja que surge ante un monopolio, en agravio de los consumidores, consiste en que “no hay libre competencia” ni se pueden presentar varias opciones para que los consumidores puedan decidir por los de su preferencia.
El Estado mexicano debería proteger al pueblo de los precios especulativos, condicionados a los intereses de los comerciantes que expenden productos de consumo necesario, impidiendo precios máximos e intermediaciones innecesarias que encarecen el abasto y la distribución de los mismos; todo esto, para regular la economía nacional y el control de las finanzas públicas.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ya investiga las denuncias presentadas por comerciantes y consumidores que se duelen de prácticas monopólicas, que en el mercado del abasto, distribución y comercialización minorista de bienes de consumo y diversos servicios se han convertido en actividades diarias, sin control oficial y con la complicidad de autoridades federales, locales y, principalmente, municipales.
Causan graves daños al Estado y al pueblo, las cadenas comerciales minoristas, que condicionan el pago a sus proveedores o los presionan para recibir descuentos y, en algunos casos, hasta adquieren artículos de dudosa procedencia o facturación apócrifa (mercancía robada o introducida por contrabando a México), con el consiguiente enriquecimiento desmedido de personas físicas.
En Xalapa, Raquel Buenrostro, la Cofece y el ayuntamiento deben unir estrategias para detener de una vez por todas las prácticas monopólicas de seudo empresarios “locales”, que han aprovechado cargos públicos para proteger sus intereses y aparecer en sociedad como benefactores de su clientela, a la que le venden, en su mayoría, productos chinos al doble de su precio.
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