El caso de Evaristo Cruz Sánchez, “El Vaquero” –líder del Cártel del Golfo detenido por elementos del Ejército este martes en el estado de Nuevo León–, evidencia, una vez más, las complicidades que siguen manteniendo gobernantes municipales con grupos criminales, ya sea por amenazas o compromisos políticos y económicos.
Y es que con la captura de este capo quedó al descubierto la protección que recibía del alcalde morenista de Matamoros, Mario López Hernández, quien inclusive lo tenía adscrito a la nómina municipal de Seguridad Pública, a sabiendas de que el criminal no necesitaba los 10 mil 119 pesos de sueldo mensual bruto. Lo que al “Vaquero” sí le interesaba era tener una identificación oficial, que le representaba protección e inmunidad.
De acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, Evaristo Cruz fue incorporado el 1 de enero de 2018 por el gobierno de Mario “La Borrega” López con el cargo de vigilante municipal.
En varias ocasiones, cuando se intentó detenerlo en Matamoros, coincidentemente se daban movilizaciones de las autoridades de seguridad pública municipal, especialmente del Departamento de Tránsito, cuyos elementos bloqueaban calles para evitar la aprehensión del capo.
Por eso es que durante varios meses Cruz Sánchez figuró como uno de los criminales más buscados por las autoridades tamaulipecas, que a través de la Fiscalía de Justicia del Estado llegó a ofrecer una recompensa de hasta 2 millones de pesos para lograr su ubicación y posterior detención. Y es que “El Vaquero” era un objetivo prioritario de la Campaña de Seguridad y Prosperidad Fronteriza puesta en marcha por autoridades de Estados Unidos y el gobierno de Tamaulipas.
Ayer comentábamos aquí, a raíz de la sorpresiva detención del exalcalde perredista de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, que desde el 5 de marzo pasado el gobernador Cuitláhuac García había alertado que bandas criminales habían permeado las elecciones, imponiendo a candidatos y funcionarios en los municipios, revelando que poseía un diagnóstico de quiénes están vinculados a qué delincuentes así como las áreas en las que operan, por lo que advirtió desde entonces que pronto “vamos a actuar”.
En Veracruz, las complicidades de funcionarios y policías municipales y estatales con grupos de la delincuencia organizada no es ninguna novedad. Recuérdese el caso del desaparecido administrador de la Aduana Marítima del Puerto de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, secuestrado por Los Zetas el 1 de junio de 2009 en un operativo en el que participaron elementos de la Delegación Municipal de Tránsito. O la desaparición forzada de los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente que el 11 de enero de 2016 fueron detenidos en Tierra Blanca por policías estatales, quienes los habrían entregado a sicarios del mismo grupo criminal.
La esperanza de que esto realmente cambie en Veracruz y en el resto del país todavía se percibe muy remota, pese a la polémica apuesta del presidente López Obrador de militarizar la seguridad pública.
Los gobiernos estatal y federal no sólo deben actuar en cada coyuntura electoral.
