Nuestra democracia está en proceso de considerarse como una democracia ideal, de avanzada, consolidada, sin embargo, tenemos la aspiración de construir un sistema político de instituciones y ciudadanos comprometidos con los principios y valores democráticos, y al mismo tiempo comprometidos con la participación en los procesos de toma decisiones, sobre todo cuando se trata de aquellas que afectan de manera decisiva el rumbo del país.
Fomentar la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas ha sido parte de las exigencias de los últimos tiempos en la mayoría de las democracias modernas, por ello la regulación de mecanismos de democracia participativa se ha incrementado a fin de transitar de los modelos tradicionales para gobernar y ejercer el poder a la implementación de nuevas modalidades de participación democrática, en donde por medio de la apertura de procesos políticos la ciudadanía se involucre activamente en los asuntos públicos, lo que representa un avance histórico y una auténtica revolución de las conciencias de nuestro país.
En este sentido, la democracia participativa se concreta a partir de la implementación de mecanismos electorales o deliberativos, destacando que estos segundos son diseñados para que los ciudadanos, sociedad civil y autoridades se involucren en un espacio de diálogo e intercambio de ideas sobre los problemas públicos, que lleven sobre todo al gobernante a realizar sus labores con mayor eficacia y eficiencia. Bajo esta lógica, el fortalecimiento democrático recae en el compromiso de los Estados de diseñar instrumentos cuyo objetivo fundamental sea ampliar los espacios de participación en la esfera pública que no únicamente se centren en la promoción del voto, sino en la creación de espacios o dinámicas específicas donde la ciudadanía participe activamente.
Aquellos regímenes donde se fomenta la creación de espacios de participación e interacción entre la ciudadanía y las autoridades presentan mayores índices de satisfacción, ya que se van construyendo compromisos entre gobernantes y gobernados. Hoy los ciudadanos en México tienen claro que no es suficiente con que la sociedad esté informada sobre los asuntos públicos, sino que resulta fundamental su participación activa en la toma de las decisiones más relevantes en el ámbito público. En este sentido, la incorporación de este tipo de mecanismos a nuestra Carta Magna ha representado uno de los cambios democráticos más importantes de los últimos tiempos en México y, sin duda, el cimentar las bases de una democracia progresista, uno de ellos es la figura de revocación de mandato, con lo cual hoy la ciudadanía tiene la posibilidad de participar en un ejercicio hasta el día de hoy inédito.
La revocación de mandato la podemos definir de manera concreta como un procedimiento a través del cual los gobernados tienen la posibilidad de destituir por medio de una votación a un funcionario público antes de la conclusión del periodo para el cual fue electo y otorga a la población la facultad de dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de elección popular, como resultado de un proceso de consulta. El establecimiento en el texto constitucional del derecho de las y los mexicanos a participar en los procesos de revocación de mandato y su eventual puesta en práctica permitirá dar buen cauce al ímpetu cada vez más participativo de la ciudadanía mexicana, que desde hace décadas demandaba la creación de mecanismos que permitieran un mayor involucramiento en los asuntos públicos y en la toma de decisiones colectivas, así como en el control político sobre las personas que han recibido la confianza y el privilegio para convertirse en representantes populares y para conformar gobiernos. Al consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de terminar de manera anticipada con el encargo para el cual fue electo el o la titular del Poder Ejecutivo federal se obliga a éste a cuidar su actuación como lo hace cabalmente el actual presidente de la República, a fin de no perder la confianza del pueblo, como tampoco la ha perdido el primer mandatario, para muestra sus altos niveles de aceptación, que algunas consultoras lo tiene casi en el 70%.
Lo anterior abona de manera significativa en la construcción de un modelo de democracia representativa más robusto en donde se asegure que el poder público está efectivamente al servicio del pueblo y que se instituye para beneficio de éste, como desde el 2018 ocurre en nuestra nación. Estamos convencidos de que consolidar una democracia participativa requiere del esfuerzo y compromiso de todos; somos conscientes de que alcanzar una mayor calidad democrática se logrará no sólo a través de instrumentos electorales para la renovación de los poderes públicos cada cierto tiempo, sino principalmente por medio de la creación de espacios de consulta y deliberación permanente para la toma de decisiones que nos afectan a todos.
Pienso que la mayor parte de los mexicanos reafirmamos nuestra aspiración de transitar a un modelo de democracia donde se fomente la vinculación entre el gobernante y los ciudadanos, en este sentido, con la confirmación de mandato se optimiza el principio de soberanía popular, al recuperar el lugar del ciudadano en la vida pública, lo que al mismo tiempo honra la palabra del movimiento y de nuestro Presidente que señala: ¡Con el pueblo todo y sin el pueblo nada!
No concebimos una democracia en la que no se escuche la voz de los ciudadanos, ello es inherente a los regímenes auténticamente democráticos, fueron décadas de solo escuchar monólogos de la clase política, sin que la propia clase política escuchara o tomara en cuenta a la ciudadanía. Por lo tanto, es válido entender que los procesos de democracia directa, como lo es la confirmación del mandato, son de gran utilidad para que los ciudadanos sean los protagonistas en la toma de decisiones fundamentales para el país y con ello seguir generando un mejor futuro para quienes vienen después de nosotros.
(*) Diputado federal. Morena
