/ miércoles 29 de enero de 2020

Congreso de Veracruz, ¿desacato y corrupción?

A un grave problema derivado del desacato de una orden de la Suprema Corte de Justicia podría enfrentarse el Congreso de Veracruz, luego de que en la votación relacionada con los límites territoriales entre Chinameca y Oteapan, los diputados no acataron el mandato del Poder Judicial.

El tema es mucho más complejo y delicado de lo que parece a simple vista; algunos medios veracruzanos, como el portal “Al calor político”, dieron cuenta con oportunidad del caso.

La Suprema Corte determinó que el Congreso local tendría que acatar la sentencia emitida en la Controversia Constitucional 11/2016.

Dicha resolución pone orden en los límites territoriales de los mencionados municipios; con la sentencia se da por concluido un añejo conflicto entre Chinameca y Oteapan.

El 21 de enero pasado, tras varios apercibimientos, la Corte emplazó al Congreso para que en un pazo de 10 días, la Comisión de Límites Territoriales Intermunicipales cumpliera la sentencia, lo cual no ocurrió.

De igual manera, la SCJN impuso una multa de 5 mil pesos al diputado presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, quien fue notificado de que si no se cumplía la sentencia, podría ser sancionado con la pérdida de la Presidencia.

La Comisión de Límites Territoriales es integrada por los legisladores Rodrigo García, León David Jiménez y Jessica Ramírez; ahí no estuvo el problema, dado que la instancia elaboró el dictamen correspondiente, que requería el voto de al menos 34 diputados. Sin embargo, sólo hubo 32 a favor; dos diputados votaron en contra y 12 se abstuvieron, con lo que el problema terminó por estallar.

En torno al hecho han circulado versiones que apuntan a una presunta negociación entre el alcalde de Oteapan, Berlín López Francisco, y el diputado Gonzalo Guízar Valladares. De igual manera ha trascendido que dos diputados locales, Alexis Sánchez García (Movimiento Ciudadano) y Antonio García Reyes (PRI) habrían solicitado al diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, un monto millonario a cambio de su voto.

Por otro lado, hubo otros legisladores que sin haber votado contra el dictamen de la Comisión de Límites Territoriales, fueron determinantes, en virtud de la abstención, para que el problema creciera; entre ellos destacan Ivonne Trujillo Ortiz (Movimiento Ciudadano), Brianda Kristel Hernández Topete (PRD) y Erik Iván Aguilar López (Independiente), entre otros.

Sobre estos hechos hay al menos dos aristas que llaman la atención: las posibles consecuencias del incumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte, que podría provocar un cambio en la Mesa Directiva; y los presuntos actos de corrupción de los legisladores involucrados.

De entrada, en el Congreso local se menciona que respecto al caso habrá consecuencias, aunque no se especifica cuál será el rumbo; sin embargo, es muy probable que el presidente de la Jucopo termine por exponer de manera pública el tema, y acudir a las instancias legales para denunciar ese presunto intento de chantaje y ese probable caso de corrupción en el Congreso de Veracruz.

Parece que algunos diputados veracruzanos no aprenden. Si las cosas y los casos polémicos que se ventilan en el actual Congreso se resolvieran a punta de billetazos, el primer intento por remover al ex fiscal Jorge Winckler habría fructificado; sin embargo, es evidente que corren nuevos tiempos y que la compra-venta de conciencias y de votos en la Legislatura son cosa del pasado.

A un grave problema derivado del desacato de una orden de la Suprema Corte de Justicia podría enfrentarse el Congreso de Veracruz, luego de que en la votación relacionada con los límites territoriales entre Chinameca y Oteapan, los diputados no acataron el mandato del Poder Judicial.

El tema es mucho más complejo y delicado de lo que parece a simple vista; algunos medios veracruzanos, como el portal “Al calor político”, dieron cuenta con oportunidad del caso.

La Suprema Corte determinó que el Congreso local tendría que acatar la sentencia emitida en la Controversia Constitucional 11/2016.

Dicha resolución pone orden en los límites territoriales de los mencionados municipios; con la sentencia se da por concluido un añejo conflicto entre Chinameca y Oteapan.

El 21 de enero pasado, tras varios apercibimientos, la Corte emplazó al Congreso para que en un pazo de 10 días, la Comisión de Límites Territoriales Intermunicipales cumpliera la sentencia, lo cual no ocurrió.

De igual manera, la SCJN impuso una multa de 5 mil pesos al diputado presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, quien fue notificado de que si no se cumplía la sentencia, podría ser sancionado con la pérdida de la Presidencia.

La Comisión de Límites Territoriales es integrada por los legisladores Rodrigo García, León David Jiménez y Jessica Ramírez; ahí no estuvo el problema, dado que la instancia elaboró el dictamen correspondiente, que requería el voto de al menos 34 diputados. Sin embargo, sólo hubo 32 a favor; dos diputados votaron en contra y 12 se abstuvieron, con lo que el problema terminó por estallar.

En torno al hecho han circulado versiones que apuntan a una presunta negociación entre el alcalde de Oteapan, Berlín López Francisco, y el diputado Gonzalo Guízar Valladares. De igual manera ha trascendido que dos diputados locales, Alexis Sánchez García (Movimiento Ciudadano) y Antonio García Reyes (PRI) habrían solicitado al diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, un monto millonario a cambio de su voto.

Por otro lado, hubo otros legisladores que sin haber votado contra el dictamen de la Comisión de Límites Territoriales, fueron determinantes, en virtud de la abstención, para que el problema creciera; entre ellos destacan Ivonne Trujillo Ortiz (Movimiento Ciudadano), Brianda Kristel Hernández Topete (PRD) y Erik Iván Aguilar López (Independiente), entre otros.

Sobre estos hechos hay al menos dos aristas que llaman la atención: las posibles consecuencias del incumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte, que podría provocar un cambio en la Mesa Directiva; y los presuntos actos de corrupción de los legisladores involucrados.

De entrada, en el Congreso local se menciona que respecto al caso habrá consecuencias, aunque no se especifica cuál será el rumbo; sin embargo, es muy probable que el presidente de la Jucopo termine por exponer de manera pública el tema, y acudir a las instancias legales para denunciar ese presunto intento de chantaje y ese probable caso de corrupción en el Congreso de Veracruz.

Parece que algunos diputados veracruzanos no aprenden. Si las cosas y los casos polémicos que se ventilan en el actual Congreso se resolvieran a punta de billetazos, el primer intento por remover al ex fiscal Jorge Winckler habría fructificado; sin embargo, es evidente que corren nuevos tiempos y que la compra-venta de conciencias y de votos en la Legislatura son cosa del pasado.

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