Más que el nuevo aeropuerto y el contratismo y negocios a su alrededor, lo prioritario para el pueblo es acabar con la inseguridad, la criminalidad, corrupción e impunidad.
Mientras tanto, continúan las reuniones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, acompañado de Javier Jiménez Espriú, prestigioso exdirector de la Escuela Nacional de Ingeniería de la UNAM y perfilado hoy para ser el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes de AMLO, quienes entre razones técnicas y económicas dejan ver ya la determinación anticipada que sí se construirá el NAICM.
La consulta, programada para el próximo mes de noviembre, donde se resolverá sobre la construcción del NAICM, puesto que resulta prácticamente imposible rescindir los contratos otorgados y devolver las inversiones de quienes avanzan día a día en la construcción del nuevo aeropuerto, cuya necesidad ha sido expuesta y defendida por técnicos e inversionistas y la anticipación con que el candidato triunfante de Morena sin todavía tomar posesión de su cargo ha sido avasallada en tal forma que desde hoy se puede afirmar que no habrá marcha atrás.
Desde luego que el costo programado para el NAICM se incrementará y podría hasta duplicarse si los dueños del gran capital se ven obligados a incluir a los funcionarios públicos del nuevo gobierno en los llamados “moches”, que sustituyen a los “diezmos” que difícilmente se van a desterrar de un día para otro, como lo anunció en su campaña el presidente López Obrador, puesto que el arraigo de la corrupción en la burocracia mexicana no nació en este sexenio, pues podemos remontar al gobierno de hace 50 años o más, y encontraremos a políticos enriquecidos en el ejercicio del poder, para hablar sólo de los gobiernos posrevolucionarios y no tener que llegar hasta los gobiernos posteriores a la independencia de México.
De tal manera que la discusión por detener o continuar con el NAICM es secundaria porque lo que realmente incumbe y afecta a los mexicanos de todos los estratos sociales resulta ser la inseguridad, la criminalidad y la corrupción; y “el perdón sin olvido” que pretende el nuevo gobierno no se acepta y tendrá el nuevo gobierno que aplicar enérgicamente la ley.
Los familiares agraviados con el secuestro, la desaparición, muerte y tortura de familiares, parejas sentimentales y amigos han manifestado que no se van a conformar sin la aplicación estricta de la ley que conlleva el castigo de la aplicación de penas a los delincuentes.
