Hace una semana, Gabriela Gómez Cervantes, una humilde vendedora de tlacoyos y quesadillas, de 26 años de edad, madre de dos niñas, murió por una bala perdida.
Esto en el fuego cruzado durante el fallido atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
Las autoridades capitalinas, a través de la Comisión de Atención a Víctimas, contactaron a los familiares de la difunta para ofrecerles una indemnización de 60 mil pesos, además de una beca para la hija mayor, de apenas 9 años de edad.
El asesor jurídico de la familia de Gabriela consideró ese monto insuficiente y les aconsejó pedir 2 millones de pesos, pues además Tania, hermana de la víctima, recibió un balazo en la mano.
Obviamente, el gobierno de la CDMX se resiste a pagar tal cantidad.
¿En cuánto se debe tasar una vida como la de esta madre que prácticamente dejó en la orfandad a sus dos pequeñas hijas, ante la enfermedad que tiene postrado a su esposo José García?
Otro caso data de hace 11 años: el de la guardería ABC, subrogada al IMSS, que se incendió el 5 de junio de 2009 provocando la muerte de 49 niños en Hermosillo, Sonora.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de autorizar que se revise la indemnización otorgada a los familiares de una de las víctimas del incendio de dicha guardería, quienes demandan una compensación de 10 millones de pesos.
Cuatro de los cinco ministros de la primera Sala de la SCJN admitieron que en este caso existieron violaciones graves a los derechos humanos de los afectados por parte de autoridades federales, por lo que procede una reparación integral por el daño causado.
En el caso resuelto por la SCJN, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ya había autorizado una primera indemnización, sin embargo, los familiares consideraron que era insuficiente pues no contemplaba una compensación por la afectación sicológica que sufrió el hermano de la víctima directa, también menor de edad, y demandaron además cubrir el pago de las costas judiciales y de transporte que erogaron para litigar el caso.
Sobre este asunto, la CEAV adelantó en mayo pasado que acataría la sentencia de la SCJN, pero pidió que se comprenda que su presupuesto es limitado y no puede aplicar los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en litigios parecidos otorga compensaciones millonarias.
El martes pasado, en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, del puerto de Veracruz, Jonathan Antonio N. F., un joven de 27 años de edad, empleado de una empresa gasera, murió por un supuesto disparo accidental de un policía municipal. El alcalde Fernando Yunes Márquez salió en defensa del elemento policiaco y anunció que la familia de la víctima recibiría apoyo para gastos funerarios. ¡Cuánta "generosidad"!
