/ domingo 4 de julio de 2021

Cuitláhuac no se quiere someter a la revocación de mandato

En mayo de 2020, días después de que el Congreso del Estado aprobara una reforma electoral anticonstitucional que excluía intencionalmente la figura de revocación de mandato –reforma que meses más tarde sería anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, el gobernador Cuitláhuac García dijo que él estaba dispuesto a “someterse a lo que sea”.

Sin embargo, el martes pasado el grupo parlamentario de Morena presentó, casi en la clandestinidad y a regañadientes, una iniciativa de reforma para incluir en la Constitución local la revocación de mandato, sólo que con algunos candados que no están incluidos en el decreto presidencial de diciembre de 2019 que obliga a los congresos locales legislar en esta materia.

El más importante es que esta figura no aplicaría para el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Los legisladores consideran que ejercer la revocación de mandato al actual mandatario estatal implicaría hacerlo de manera retroactiva “en perjuicio de derechos adquiridos, de forma especial respecto del candidato elegido para tal cargo el día 1 de julio de 2018, con la consecuente vulneración de sus derechos”.

Según la iniciativa, hacerlo “podría vulnerarse la certidumbre jurídica respecto del desarrollo del proceso electoral que se desarrolló en el año 2018 para la renovación del titular del Poder Ejecutivo del estado, el cual a esta fecha se considera total y definitivamente concluido en sus términos”. Por ello, la fracción de Morena propone que “la vigencia y eficacia plena de la figura de revocación de mandato sea a partir del venidero proceso electoral de renovación de titular de Poder Ejecutivo”, por lo que la iniciativa presentada por la bancada morenista busca hacer valer el clásico: “hágase la ley en los bueyes de mi compadre”.

El argumento se cae por su propio peso, no sólo porque se vulneraría un derecho ciudadano vigente en la Constitución General de la República desde 2019 –año en el que los legisladores federales le incorporamos la figura de la revocación de mandato–, sino porque es el propio presidente López Obrador quien pretende someterse a esta la consulta en marzo del próximo año.

Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si el presidente de la República y el gobernador de Veracruz fueron electos el mismo día, para el mismo periodo de tiempo, tendrían que someterse de la misma forma a una norma de carácter federal, sin importar que el Congreso de Veracruz haya dilatado premeditadamente su inclusión en la Constitución local. En realidad, Morena pretende blindar al mandatario estatal de una eventual destitución –por la vía de la revocación de mandato–, argumentando una retroactividad en detrimento de sus derechos políticos. A diferencia del Presidente, el morenismo veracruzano observa la consulta como una amenaza a su continuidad, por eso recurren a argucias legaloides con un sólo propósito: evitar que Cuitláhuac se vaya a su casa antes de concluir su mandato.

El Presidente ha dicho una y otra vez que “el pueblo pone y el pueblo quita”, en referencia a que se someterá a la consulta para decidir su continuidad en el cargo. “Viene la revocación de mandato y a eso me someto. Si la gente dice ‘ya no queremos que continúe el Presidente, que renuncie’, vámonos, a Palenque”, aseguró hace apenas un mes. En cambio, en Veracruz intentan imponer una isla de excepción jurídica.

No es casualidad. El temor es fundado. Los resultados electorales de junio pasado sólo son un espejismo construido a partir de la intervención desproporcionada del gobierno estatal y la violencia política en contra de sus adversarios y opositores. Con todo ello, Morena no alcanzó siquiera la mitad de los votos, con lo que la revocación del mandato de Cuitláhuac estaría asegurada.

Cuitláhuac García sigue siendo uno de los gobernadores del país con las más bajas calificaciones. Las encuestadoras más serias lo colocan entre los cinco mandatarios peor evaluados, con porcentajes que no superan el 20% de aceptación.

Hace un año se volvió viral una fotografía, difundida por el propio gobierno estatal, en la que el gobernador veracruzano caminaba solitario por las calles de Xalapa luego de realizar un trámite en las oficinas del SAT. No hubo ciudadano que lo reconociera y se acercara a saludarlo o a hacerle alguna petición.

A finales de mayo, durante el inicio de la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol en el estadio “Beto Ávila” de Boca del Río, Cuitláhuac García se llevó sonora rechifla, acompañada de reclamos e insultos, cuando bajó al diamante a lanzar la primera bola.

Si el próximo 15 de julio la mayoría morenista en el Congreso local aprueba la reforma para blindar al gobernador, tendrá que enfrentar un nuevo revés en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Yo me someto a lo que sea". Llegó la hora de cumplir.

Facebook.com/HectorYunes

Instagram: hectoryuneslanda

En mayo de 2020, días después de que el Congreso del Estado aprobara una reforma electoral anticonstitucional que excluía intencionalmente la figura de revocación de mandato –reforma que meses más tarde sería anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, el gobernador Cuitláhuac García dijo que él estaba dispuesto a “someterse a lo que sea”.

Sin embargo, el martes pasado el grupo parlamentario de Morena presentó, casi en la clandestinidad y a regañadientes, una iniciativa de reforma para incluir en la Constitución local la revocación de mandato, sólo que con algunos candados que no están incluidos en el decreto presidencial de diciembre de 2019 que obliga a los congresos locales legislar en esta materia.

El más importante es que esta figura no aplicaría para el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Los legisladores consideran que ejercer la revocación de mandato al actual mandatario estatal implicaría hacerlo de manera retroactiva “en perjuicio de derechos adquiridos, de forma especial respecto del candidato elegido para tal cargo el día 1 de julio de 2018, con la consecuente vulneración de sus derechos”.

Según la iniciativa, hacerlo “podría vulnerarse la certidumbre jurídica respecto del desarrollo del proceso electoral que se desarrolló en el año 2018 para la renovación del titular del Poder Ejecutivo del estado, el cual a esta fecha se considera total y definitivamente concluido en sus términos”. Por ello, la fracción de Morena propone que “la vigencia y eficacia plena de la figura de revocación de mandato sea a partir del venidero proceso electoral de renovación de titular de Poder Ejecutivo”, por lo que la iniciativa presentada por la bancada morenista busca hacer valer el clásico: “hágase la ley en los bueyes de mi compadre”.

El argumento se cae por su propio peso, no sólo porque se vulneraría un derecho ciudadano vigente en la Constitución General de la República desde 2019 –año en el que los legisladores federales le incorporamos la figura de la revocación de mandato–, sino porque es el propio presidente López Obrador quien pretende someterse a esta la consulta en marzo del próximo año.

Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si el presidente de la República y el gobernador de Veracruz fueron electos el mismo día, para el mismo periodo de tiempo, tendrían que someterse de la misma forma a una norma de carácter federal, sin importar que el Congreso de Veracruz haya dilatado premeditadamente su inclusión en la Constitución local. En realidad, Morena pretende blindar al mandatario estatal de una eventual destitución –por la vía de la revocación de mandato–, argumentando una retroactividad en detrimento de sus derechos políticos. A diferencia del Presidente, el morenismo veracruzano observa la consulta como una amenaza a su continuidad, por eso recurren a argucias legaloides con un sólo propósito: evitar que Cuitláhuac se vaya a su casa antes de concluir su mandato.

El Presidente ha dicho una y otra vez que “el pueblo pone y el pueblo quita”, en referencia a que se someterá a la consulta para decidir su continuidad en el cargo. “Viene la revocación de mandato y a eso me someto. Si la gente dice ‘ya no queremos que continúe el Presidente, que renuncie’, vámonos, a Palenque”, aseguró hace apenas un mes. En cambio, en Veracruz intentan imponer una isla de excepción jurídica.

No es casualidad. El temor es fundado. Los resultados electorales de junio pasado sólo son un espejismo construido a partir de la intervención desproporcionada del gobierno estatal y la violencia política en contra de sus adversarios y opositores. Con todo ello, Morena no alcanzó siquiera la mitad de los votos, con lo que la revocación del mandato de Cuitláhuac estaría asegurada.

Cuitláhuac García sigue siendo uno de los gobernadores del país con las más bajas calificaciones. Las encuestadoras más serias lo colocan entre los cinco mandatarios peor evaluados, con porcentajes que no superan el 20% de aceptación.

Hace un año se volvió viral una fotografía, difundida por el propio gobierno estatal, en la que el gobernador veracruzano caminaba solitario por las calles de Xalapa luego de realizar un trámite en las oficinas del SAT. No hubo ciudadano que lo reconociera y se acercara a saludarlo o a hacerle alguna petición.

A finales de mayo, durante el inicio de la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol en el estadio “Beto Ávila” de Boca del Río, Cuitláhuac García se llevó sonora rechifla, acompañada de reclamos e insultos, cuando bajó al diamante a lanzar la primera bola.

Si el próximo 15 de julio la mayoría morenista en el Congreso local aprueba la reforma para blindar al gobernador, tendrá que enfrentar un nuevo revés en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Yo me someto a lo que sea". Llegó la hora de cumplir.

Facebook.com/HectorYunes

Instagram: hectoryuneslanda