La historia de los cuerpos policiales en nuestro país incluye un recuento interminable de todo tipo de abusos, atropellos contra la población, actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Los datos que aporta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, del INEGI, indican que durante 2017, última evaluación, hubo en nuestro país más de 25 millones de víctimas del delito.
De ese estudio se desprende también que 88 de cada 100 veracruzanos se siente inseguro. Las corporaciones peor evaluadas son la policía estatal, los ministerios públicos, la policía ministerial y los cuerpos municipales, que son percibidos como muy corruptos.
La organización no gubernamental causa en común difundió a finales de 2017 un interesante trabajo sobre los abusos policiales. Indica que los más conocidos y cuestionados por los ciudadanos son el cohecho, extorsión, privación ilegal de la libertad y abuso sexual.
La historia de esos casos en nuestro país es tan larga como la existencia misma de los cuerpos de seguridad.
Probablemente uno de los casos más emblemáticos de la corrupción policiaca en la historia nacional ocurrió en la década de los ochentas con Arturo Durazo Moreno, quien fue jefe del Departamento de Policía en el Distrito Federal, durante el gobierno de José López Portillo.
Se trata de una etapa gris, negra, en la que los miembros de la corporación policiaca capitalina cometían todo tipo de delitos con patente de corso, en agravio de una población desprotegida. Durante la época de Arturo Durazo fueron comunes los asaltos al comercio y a los bancos por parte de los policías, al igual que las extorsiones, secuestros, asesinatos, robos y violaciones.
Sin embargo, lo que marcó ese momento histórico fue la práctica de la tortura como sistema policial; y en el caso particular de Durazo, el enriquecimiento ilícito y la presunta relación con bandas de la delincuencia organizada.
“El Negro” Durazo estuvo preso 8 años; murió en 2000. Su caso es útil para ejemplificar la historia de abusos y corrupción en las policías de nuestro país.
El tema viene a cuento por la reciente conferencia que vía telefónica ofreció a los medios, desde el Penal de Pacho Viejo, el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, durante del periodo de Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, quien denunció tortura y amenazas en su agravio, por parte de los responsables de la procuración y la seguridad durante la administración de Miguel Ángel Yunes.
Dijo Bermúdez que tanto el fiscal Jorge Winckler, como el ex titular de Seguridad Pública, Jaime Téllez, le exigieron la entrega de bienes, su declaratoria de culpabilidad, y señalamientos para involucrar a otros ex funcionarios estatales en hechos delictivos.
Señaló también que constantemente recibía amenazas; que le sembraron droga en sus propiedades; y que tuvo que entregar parte de su patrimonio, cinco inmuebles, al gobierno estatal.
Lo que no dijo es cómo pudo amasar la fortuna que se le atribuye y que incluye propiedades en México y el extranjero. Tampoco explica nada, en concreto, sobre las desapariciones ocurridas en Veracruz durante el tiempo en que encabezó la Secretaría de Seguridad Pública.
Al igual que Arturo Durazo en el México de los ochentas, Bermúdez Zurita ocupará un lugar protagónico en la etapa más lamentable de la historia contemporánea de los cuerpos policiacos veracruzanos. @luisromero85
