/ jueves 6 de agosto de 2020

¡De forma automática acabará la corrupción!

Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus razones tendrá, aunque destacados científicos, investigadores y epidemiólogos de todo el mundo se empeñen en afirmar que el coronavirus llegó para quedarse y las muertes, tan solo en nuestro país, rebasan ya el número de 50 mil fallecidos.

La vieja aspiración de llegar al poder político para servir al pueblo se ha perdido y la corrupción acompañada de la impunidad se han convertido en una enfermedad endémica de los funcionarios públicos de todo nivel en nuestro país. El mayor daño causado a las finanzas públicas corresponde a los burócratas de cuello blanco, que en los últimos sexenios han quebrado las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno, mediante el desvío de recursos presupuestados a sus cuentas personales o de prestanombres, cancelando obras y servicios públicos indispensables para mejorar las condiciones de vida en zonas de alta marginación y abandono.

La práctica de los sobornos es otra forma de corrupción que se encuentra arraigada en la sociedad, que corrompe al empleado público y a quien paga por recibir favores o conductas indebidas de quienes desde el gobierno ensucian su función, socavando el Estado de derecho.

Por lo que se ve, ni la pandemia ni la corrupción tienen fecha de terminación y por consiguiente la promesa de AMLO se sumará a los otros compromisos que hizo en campaña, hasta hoy incumplidos. Los más escépticos en cuanto a la promesa del presidente señalan que la pandemia será difícil o imposible de erradicar, igual que la corrupción, que se ha convertido en un estilo de vida en la mayor parte de los países de los cinco continentes.

Los medios de comunicación dan cuenta diariamente de la impunidad que se vive en fiscalías, juzgados y hasta en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que exista poder humano que la pueda frenar, cuando menos para que a los mexicanos nos quede el consuelo de decir “estábamos mejor cuando estábamos peor”, y como ejemplo de lo anterior basta citar el gran juicio contra los corruptos, que se convirtió en una simulación al extraditar a México a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien por obra y gracia de la impunidad no ha pisado la cárcel, ni siquiera el juzgado donde radica su proceso.

Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus razones tendrá, aunque destacados científicos, investigadores y epidemiólogos de todo el mundo se empeñen en afirmar que el coronavirus llegó para quedarse y las muertes, tan solo en nuestro país, rebasan ya el número de 50 mil fallecidos.

La vieja aspiración de llegar al poder político para servir al pueblo se ha perdido y la corrupción acompañada de la impunidad se han convertido en una enfermedad endémica de los funcionarios públicos de todo nivel en nuestro país. El mayor daño causado a las finanzas públicas corresponde a los burócratas de cuello blanco, que en los últimos sexenios han quebrado las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno, mediante el desvío de recursos presupuestados a sus cuentas personales o de prestanombres, cancelando obras y servicios públicos indispensables para mejorar las condiciones de vida en zonas de alta marginación y abandono.

La práctica de los sobornos es otra forma de corrupción que se encuentra arraigada en la sociedad, que corrompe al empleado público y a quien paga por recibir favores o conductas indebidas de quienes desde el gobierno ensucian su función, socavando el Estado de derecho.

Por lo que se ve, ni la pandemia ni la corrupción tienen fecha de terminación y por consiguiente la promesa de AMLO se sumará a los otros compromisos que hizo en campaña, hasta hoy incumplidos. Los más escépticos en cuanto a la promesa del presidente señalan que la pandemia será difícil o imposible de erradicar, igual que la corrupción, que se ha convertido en un estilo de vida en la mayor parte de los países de los cinco continentes.

Los medios de comunicación dan cuenta diariamente de la impunidad que se vive en fiscalías, juzgados y hasta en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que exista poder humano que la pueda frenar, cuando menos para que a los mexicanos nos quede el consuelo de decir “estábamos mejor cuando estábamos peor”, y como ejemplo de lo anterior basta citar el gran juicio contra los corruptos, que se convirtió en una simulación al extraditar a México a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien por obra y gracia de la impunidad no ha pisado la cárcel, ni siquiera el juzgado donde radica su proceso.