El que afirma está obligado a demostrar la veracidad de su dicho; el que niega, estará obligado cuando su negativa implique la afirmación expresa de un hecho. Ese mandamiento jurídico está a punto de sucumbir, a pesar de que constituye la seguridad jurídica de los ciudadanos dentro del catálogo de derechos humanos.
La periodista Beatriz Pagés hizo pública en la revista Siempre la primicia de que la Secretaría de la Función Pública abrió una oficina denominada “Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción”. La función que desempeñarían los alertadores es la de acusar desde el anonimato a cualquier ciudadano que consideren que ha incurrido en actos de corrupción, cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, hostigamiento y acoso sexual.
No le falta razón a la señora Pagés en la comparación de la burda oficina de orejas oficiales de la 4T con los policías “secretos” de la Gestapo y la KGB, que sirvieron como verdugos y acusadores a los nazis y a los soviéticos, respectivamente. Más aún, si el trabajo de los alertadores se otorga con el compromiso del gobierno de mantener en “secreto y en el anonimato” la identidad de los orejas oficiales.
El artículo 21 de la Carta Magna establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías bajo su mando, no compete a la Función Pública, como ahora se pretende, y sobre todo se viola el párrafo V del artículo 20 constitucional, que impone la carga de la prueba de la culpabilidad a la parte acusadora, que es el Ministerio Público.
Para poner un alto a los infundios que atentan contra la dignidad de las personas, la única alternativa contra el abuso de autoridad será que cada ciudadano cargue en el bolsillo una suspensión derivada del juicio de amparo que lo proteja. Cabe recordar un refrán popular que dice: “calumnia, que algo queda”, y existe desde el Derecho Romano la frase latina “multo quam ferrum lingua atrocior ferit”, que significa “mucho más cruelmente hiere la lengua que el hierro”.
Bueno resultaría que todo el gabinete tomara un curso elemental de derecho constitucional y responsabilidades de los servidores públicos, para evitar tantos gazapos en el desempeño de sus funciones, ya que pudieran ser tan graves como para ser destituidos y llevados ante un juez, por el ejercicio indebido de funciones públicas y abuso autoritario del poder.
