¿Es jurídicamente válido acusar a Karime Macías por fraude específico por las empresas fantasmas? La evidencia que he tenido oportunidad de ver y las consultas con expertos penalistas, me hace dudar al respecto: no era funcionaria pública, no cobró honorarios, no tenía facultades de mando de acuerdo con la legislación y reglamentos vigentes.
Menos existe evidencia de su vinculación o lucro por las empresas fantasma. No existe cuenta bancaria que haya recibido un sólo centavo de las empresas acusadas.
La única “prueba” es una declaración bajo tortura del exdirector general del DIF, misma que ha declarado inválida ante notario público y que el sistema judicial no quiere reconocer como prueba en el proceso, porque es notorio el interés político por encarcelarla; se le negó un amparo contra orden de aprehensión y lleva un año la no resolución. Pareciera que su delito y error fue haber sido esposa del exgobernador Javier Duarte.
He recibido múltiples y variados comentarios sobre la columna y nota del pasado jueves en donde me refiero al proceso de extradición que enfrenta Karime Macías Tubilla. Atendiendo a ese interés de los lectores puntualizo: al parecer estarían reforzando la ficción construida por el exfiscal Jorge Winckler Ortiz para acusar, sin pruebas suficientes, a quien se desempeñó como titular del Patronato del DIF en veracruz, órgano colegiado e integrado por 11 damas.
Aclaro de entrada. No trato de defender o atacar a la señora; si acaso he cruzado una vez palabra en mi vida con ella. El periodismo de análisis, desde mi modesta perspectiva, tiene que abonar a la reflexión a partir de hechos y datos verificables y eso es lo que intento. Creo que, como está consignado en la historia de nuestro país, existen ficciones de villanos que se han construido e inoculado en el imaginario colectivo y social. Difícilmente podremos decir que Porfirio Díaz fue un héroe de la patria, sin ser amonestados o reconocer el nacionalismo de Santa Anna, aunque hay quienes, en la literatura o en incipientes movimientos, lo están intentando. Recientemente me tendría que remitir al caso de Florence Cassez.
Creo, por las pruebas, que Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, sufrió uno de los más grandes saqueos de los que se tengan memoria.
Es verdad también, que existió una red de más de 400 empresas fantasmas que operaron ad libitum, con la autorización del mandatario, aquí, allá y acullá. Nadie niega la corrupción ni la defiende. Todo señala a dos operadores maestros: Tarek Abdalá y Víctor López Gachuz, hoy prófugos de la justicia.
Sé también, porque así se construyó en el imaginario veracruzano, que muchos de los implicados caminan campantes por la vida y que muchos otros negociaron con el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, para gozar de impunidad.
Estos dichos merecerían un estudio aparte, pero lo cierto es que ahí están.
Los datos duros que he presentado son la exigencia del fiscal federal adscrito a la Dirección General de Procedimientos Internacionales, de la FGR, Miguel Ángel Ortega Sánchez al fiscal en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito en Xalapa, Manuel Medel Hernández, para que presente pruebas reales y convincentes para las autoridades británicas. Estas difícilmente se prestarán a montajes violatorios de derechos humanos.
Karime Macías compareció ante las autoridades británicas el pasado 29 de octubre de 2019. Ahí, un juez le concedió seguir su proceso en libertad, le colocó un brazalete electrónico, le impuso una fianza y le pidió presentarse diariamente a la estación de policía más cercana. La audiencia de extradición está programada para llevarse a cabo entre el 16 y 20 de noviembre.
A Macías Tubilla, la Fiscalía General del Estado de Veracruz la acusa de “fraude específico” y no de “peculado”, justamente porque nunca fue funcionaria pública. Se le señala de que “simuló contratos para empresas fantasma” en el DIF estatal —Prefaco SA de CV; Abastecedora ROMCRU SA de CV; Centro de Recursos Cerene SA de CV; RAVSAN Servicios Múltiples SA de CV; Grupo Balcano SA de CV y Anzara SA de CV— y “que autorizó pagos”, la “mercancía nunca se entregó”.
El delito existió, no cabe duda. El tema jurídico y de importancia social es ¿quién lo cometió?
Como ya lo publiqué, estos hechos fueron desmentidos por oficio por las actuales autoridades del DIF: Karime Macías Tubilla “No percibió de dicho Organismo Descentralizado algún pago u honorario” y “No tenía facultad de decidir sobre la designación de contratos o cualquier otro tipo de intervención en los mismos”.
A pesar de que todas las leyes y reglamentos en la materia señalan que Karime Macías no tenía facultades, el fiscal Medel insiste en que sí tenía facultades, las ejercía, sabía de las empresas fantasma, escogía a los proveedores, programaba los pagos y hasta controlaba, lo que entraba y salía del almacén, a pesar de que no existe en rigor, ninguna de esas atribuciones para la Presidente del Patronato. Los expertos dicen, “no tenía imperio de ley”.
Otras declaraciones que fundamentan los alegatos en contra de la acusada —y que seguramente ya cruzaron el Atlántico— son los asentados por Javier Marín Atristain, quien fue director del DIF estatal durante el periodo de Miguel Ángel Yunes Linares —los interesados en presentar a la señora Macías como culpable—, violando toda presunción de inocencia.
Marín Atristain señala que “debido a su posición como presidenta del DIF del estado, tenía varios poderes, los mismos que le otorgaron el poder de tomar decisiones mediante el voto de calidad, a través del cual, por ser la esposa del gobernador estaba facultada para tomar decisiones y podría influir en todos los ámbitos, instruyendo a los funcionarios del DIF del estado sobre cualquier cosa relacionada con su trabajo, ya que éstos son designados por el gobernador del estado”.
Lo que no se señala es que el voto de calidad era para el desempate de intrascendentes decisiones colegiadas.
Ya veremos cómo se resuelve este amasijo legal. De momento, pareciera que prevalece el espíritu yunista en la Fiscalía e intentan sorprender a las autoridades británicas para traer a Karime Macías, meterla a la cárcel y calmar la sed de justicia —legítima— de veracruzanos y mexicanos, aunque las acusaciones se hayan construido al vapor, sin fundamento sólido y sólo siguiendo la inercia de la ficción de un gobernante, quien planeó, visionariamente, que un cuadernillo, con la frase de “merezco abundancia”, podría generar el juicio más severo de la historia, más allá de cualquier ley y procedimiento.
Ya veremos.
Nos vemos los jueves
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