Mientras no cese la presión de Donald Trump, para la imposición de aranceles a las exportaciones de productos mexicanos que ingresan a los Estados Unidos, el gobierno de AMLO tendrá que detener con mayor efectividad a los migrantes centroamericanos que vienen cruzando nuestro país, en busca del sueño americano.
De no satisfacer la demanda del presidente Trump, a partir del lunes las exportaciones nacionales tendrán que pagar un impuesto adicional del 5%, que encarecerá los precios de artículos, productos agrícolas, manufacturas y fabricación de vehículos y autopartes que el mercado norteamericano se encarga de distribuir para su consumo interno y para su colocación en otros países.
El último reporte del académico Tonatiuh Guillén López muestra cómo se ha endurecido el trato a los centroamericanos, que ilegalmente ingresan a nuestro país, para continuar su viaje. Durante los meses de abril y mayo, la cifra de deportados es escandalosa, según informes oficiales que consignan a miles de familias migrantes, integradas por jóvenes parejas y sus pequeños hijos, que enfrentan riesgos que han ocasionado, la muerte de algunos niños y adultos mayores, quienes no resisten la abrupta travesía sin ayuda oficial, para llegar a las ciudades fronterizas de México con Estados Unidos.
Los que fueron hasta hace unos meses centros de internamiento, supervisados por la CNDH y ONG’s, se encuentran rebasados y las carencias en alimentos, medicinas y ropa, están afectando seriamente a los refugiados. El flujo migratorio por la frontera de Guatemala y Chiapas, se incrementó a partir de la llegada del nuevo gobierno, por las expectativas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció todo el apoyo de su gobierno a las familias de migrantes, incluyendo el otorgamiento de visas de residencia y trabajo temporal, atención a la salud y transporte para aligerar la travesía.
El informe anual de actividades de la CNDH en 2018, en el tema migratorio analiza factores que obligan a los centroamericanos a huir de sus países. Las condiciones laborales han eliminado posibilidades de empleo. La economía enfrenta la peor crisis por el estancamiento productivo, que no permite un ingreso seguro para cubrir las necesidades básicas. Y finalmente, las situaciones de violencia y de guerra que han puesto en peligro la vida de los migrantes, justifican plenamente la búsqueda de protección para los desplazados.
