/ domingo 16 de diciembre de 2018

Delegaciones federales

La actual Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, reformada en noviembre pasado, establece que se integran las delegaciones en el Programa para el Desarrollo, que se encargarán de coordinar e implementar estos tres puntos:

Planes, programas y acciones para el desarrollo integral; Funciones de atención ciudadana, y Supervisión de los servicios y programas a cargo de las dependencias.

Estarán dentro de la Secretaría de Bienestar, adscritos a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo; se crearon 32 delegados generales, a propuesta del coordinador general, y serán nombrados por la titular de la secretaría, María Luisa Albores.

Con el inicio de esta administración fue nombrado coordinador general Ismael Gracia Hernández; colaborador de muchos años de López Obrador en áreas financieras y de operación política.

En el gobierno del DF colabora en el área de adquisiciones, creador de agrupaciones civiles como Honestidad Valiente, No nos Vamos a Dejar y Austeridad Republicana, fue secretario técnico de regeneración nacional, hoy estará a cargo de los programas asistenciales prometidos por el ahora presidente.

El primer reto de la Secretaría de Bienestar es la integración de los padrones, por lo que la coordinación y los delegados trabajan estrechamente sin haber definiciones todavía; la razón, no hay autorización presupuestal, se estima en 15 millones.

Los coordinadores estatales se auxiliarán con el apoyo de 266 delegados regionales, que serán los encargados de censar a las familias de base para el diseño de políticas públicas y los padrones federales de beneficiarios.

Con estas acciones desaparecen las delegaciones federales, se pretende un ahorro de 2 mil 179 millones de pesos, esta medida implica la eliminación de las plazas de delegados, subdelegados posiblemente directores, coordinadores de área y programas específicos.

El gobierno federal gasta 181 millones de pesos mensuales en el pago de nóminas de 4 mil 604 empleados que conforman las delegaciones federales de las secretarías de Estado, procuradurías como PGR, Profepa, Profeco, Prodecon, y delegaciones estatales IMSS e ISSSTE y el Instituto Nacional de Migración. (Fuente: Redacción Universal julio 2018).

Los sueldos más altos de delegados son de la PGR, en los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Chiapas, Sonora, Ciudad de México, Nayarit, Yucatán y Zacatecas, con una percepción bruta de 178 mil pesos, el resto tiene un promedio de 159 mil pesos mensuales, su platilla es de 84 funcionarios.

Por su parte, el IMSS tiene 172 funcionarios, los que perciben una mayor retribución son: Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco con 140 mil pesos.

Los 32 delegados de la SEP tienen un ingreso bruto de 132 mil pesos, las de mayor representación nacional son la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En promedio un delegado federal tiene un ingreso de 104 mil pesos, los que menos ganan son los de Profeco, con 65 mil pesos de nómina mensual.

De acuerdo con el ISSSTE en el estado de Puebla, el gobierno federal cuenta con 77 mil plazas, la mayoría del magisterio, incluye personal de confianza media y superior, habría que adicionar al personal del IMSS que no está incluida.

En el estado de Veracruz los trabajadores superarán los 100 mil, tomando en cuenta la magnitud del magisterio, Sedesol, e IMSS que tiene dos delegaciones, así como el personal adscrito de migración.

Como a la fecha no habrá delegaciones, el personal de confianza está en la incertidumbre, que va a pasar de ellos, a muchos les pidieron su renuncia otros ya la entregaron, pero todavía no existe claridad; ésta seguramente aparecerá con el presupuesto aprobado y con su implementación que tardará algún tiempo.

Los que están en la incertidumbre son los municipios porque la mayoría de las dependencias federales establecían programas para ellos.

El punto es cuántos programas habrá para los municipios y qué accesibilidad tendrán, a lo que habrá que adicionar los derivados del ramo 23. En fin, la pregunta es: ¿Los delegados tendrán la capacidad de decisión requerida, la compartirán con los gobernadores?, o lo importante es el control central? Veremos, todo pinta que así va a ser.

La actual Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, reformada en noviembre pasado, establece que se integran las delegaciones en el Programa para el Desarrollo, que se encargarán de coordinar e implementar estos tres puntos:

Planes, programas y acciones para el desarrollo integral; Funciones de atención ciudadana, y Supervisión de los servicios y programas a cargo de las dependencias.

Estarán dentro de la Secretaría de Bienestar, adscritos a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo; se crearon 32 delegados generales, a propuesta del coordinador general, y serán nombrados por la titular de la secretaría, María Luisa Albores.

Con el inicio de esta administración fue nombrado coordinador general Ismael Gracia Hernández; colaborador de muchos años de López Obrador en áreas financieras y de operación política.

En el gobierno del DF colabora en el área de adquisiciones, creador de agrupaciones civiles como Honestidad Valiente, No nos Vamos a Dejar y Austeridad Republicana, fue secretario técnico de regeneración nacional, hoy estará a cargo de los programas asistenciales prometidos por el ahora presidente.

El primer reto de la Secretaría de Bienestar es la integración de los padrones, por lo que la coordinación y los delegados trabajan estrechamente sin haber definiciones todavía; la razón, no hay autorización presupuestal, se estima en 15 millones.

Los coordinadores estatales se auxiliarán con el apoyo de 266 delegados regionales, que serán los encargados de censar a las familias de base para el diseño de políticas públicas y los padrones federales de beneficiarios.

Con estas acciones desaparecen las delegaciones federales, se pretende un ahorro de 2 mil 179 millones de pesos, esta medida implica la eliminación de las plazas de delegados, subdelegados posiblemente directores, coordinadores de área y programas específicos.

El gobierno federal gasta 181 millones de pesos mensuales en el pago de nóminas de 4 mil 604 empleados que conforman las delegaciones federales de las secretarías de Estado, procuradurías como PGR, Profepa, Profeco, Prodecon, y delegaciones estatales IMSS e ISSSTE y el Instituto Nacional de Migración. (Fuente: Redacción Universal julio 2018).

Los sueldos más altos de delegados son de la PGR, en los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Chiapas, Sonora, Ciudad de México, Nayarit, Yucatán y Zacatecas, con una percepción bruta de 178 mil pesos, el resto tiene un promedio de 159 mil pesos mensuales, su platilla es de 84 funcionarios.

Por su parte, el IMSS tiene 172 funcionarios, los que perciben una mayor retribución son: Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco con 140 mil pesos.

Los 32 delegados de la SEP tienen un ingreso bruto de 132 mil pesos, las de mayor representación nacional son la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En promedio un delegado federal tiene un ingreso de 104 mil pesos, los que menos ganan son los de Profeco, con 65 mil pesos de nómina mensual.

De acuerdo con el ISSSTE en el estado de Puebla, el gobierno federal cuenta con 77 mil plazas, la mayoría del magisterio, incluye personal de confianza media y superior, habría que adicionar al personal del IMSS que no está incluida.

En el estado de Veracruz los trabajadores superarán los 100 mil, tomando en cuenta la magnitud del magisterio, Sedesol, e IMSS que tiene dos delegaciones, así como el personal adscrito de migración.

Como a la fecha no habrá delegaciones, el personal de confianza está en la incertidumbre, que va a pasar de ellos, a muchos les pidieron su renuncia otros ya la entregaron, pero todavía no existe claridad; ésta seguramente aparecerá con el presupuesto aprobado y con su implementación que tardará algún tiempo.

Los que están en la incertidumbre son los municipios porque la mayoría de las dependencias federales establecían programas para ellos.

El punto es cuántos programas habrá para los municipios y qué accesibilidad tendrán, a lo que habrá que adicionar los derivados del ramo 23. En fin, la pregunta es: ¿Los delegados tendrán la capacidad de decisión requerida, la compartirán con los gobernadores?, o lo importante es el control central? Veremos, todo pinta que así va a ser.