Tema polémico el del aborto, que ocupará intermitentemente la atención de políticos, las iglesias y organizaciones que defienden los derechos humanos y de toda la sociedad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Iglesia católica, aplicando la lógica formal, concluyen: “La vida humana empieza desde el momento de la concepción”; por tanto, quien atente contra cualquier fase del desarrollo del feto, aun sea unicelular, está atentando contra la vida humana y por tanto, serán sujetos de sanción penal y divina.
Razonando así, el dispositivo intrauterino (DIU), que produce microabortos, es decir, que impide que el huevo anide en el espesor del útero, deberíamos consierarlo un “microcrimen”. Es cierto que esas células generadoras de vida son vida, y si llevamos al extremo el razonamiento anterior debemos concluir que también cada óvulo que cada mes produce la mujer en edad fértil, no fecundado, son un atentado a la vida; o los millones de espermatozoides que mueren en los condones también deben dar pie a sanciones penales. Esto es encerrase en una discusión circular interminable. Mayor enredo se dio con la “implantación” del alma en el embrión. La Iglesia católica, sin ocultar su filosofía misógena, en el Concilio de Nicea (325-787) dictaminó que el feto adquiría el alma si el embrión era masculino, a las ocho semanas y 16 semanas después de la fecundación.
El producto de la concepción, en etapa embrionaria (semejante al de muchos animales vertebrados), no es una persona ni legal ni biológicamente. Sería tanto como aceptar que un huevo de gallina, por ejemplo, al décimo día del proceso de gestación siguiera siendo un huevo que se pueda comer frito o un pollo, de acuerdo al razonamiento de la Lógica Aristotélica. Cosa que no ocurriría si usted razona dialécticamente. Es, pero va dejando de ser, para dar “el salto cualitativo” y convertirse en otra cosa, dijera Hegel.
Con penalización o sin ella, se siguen practicando abortos clandestinamente, muchas veces en condiciones y por personas no capacitadas que provocan la muerte de la mujer (éstas sí son vidas y personas). En lugares como la Ciudad de México, donde la práctica del aborto no está penalizada, la mortalidad y las complicaciones no existen. Y se deja a criterio de la mujer o de la pareja, tomar o rechazar esta decisión. Es entendible para la mayoría de la sociedad que despenalizar el aborto es una salida de emergencia que no obliga a nadie a practicárselo, como el derecho al divorcio; nadie se casa pensando en divorciarse. Cuando el matrimonio fracasa y es intolerable, ahí está la salida, la puerta de emergencia: el divorcio. Lo mismo el aborto, nadie se embaraza para programarse a los dos meses un aborto.
Es absurdo, antidemocrático y lesivo a los derechos humanos imponer en una sociedad plural, con diversidad de creencias y de no creyentes, una concepción anacrónica en este siglo XXI. Dejemos que sea el credo, la ideología, el criterio el que norme la conducta de la mujer, pero que no sea la amenaza de penalización, la cárcel o el infierno. Cuando existe una notable carencia de educación sexual y el nivel de escolaridad es muy bajo, la violencia en contra de la mujer y los embarazos adolescentes y no deseados van en aumento; hay que quitar esa espada de Damocles amenazante sobre la mujer. Se supone que el Estado mexicano es laico, que respeta la libertad de creencias o no creencias y debe respetar la pluralidad de ideología y credos. Y dejar en la intimidad personal o de la pareja, de acuerdo con sus convicciones religiosas o sin ellas, decidir esta situación.
Vuelvo a decirlo, despenalizar el aborto debe considerarse una salida de emergencia y un derecho humano, que como todas las puertas de ese tipo, lo mejor es que no se usaran nunca. Por eso despenalizar el aborto no significa que éste deba ser obligatorio, ni mucho menos pensar que esto estimularía o aumentaría su práctica, como si abortar fuera un placer.
Con penalización o sin ella, se siguen practicando abortos clandestinamente, muchas veces en condiciones y por personas no capacitadas.
