Los veracruzanos en edad de votar –y la ciudadanía mexicana en general– todavía no se reponen del bombardeo propagandístico de la reciente jornada electoral cuando ya están por ser convocados, dentro de cinco semanas, a otro costoso e innecesario ejercicio democrático:
La consulta popular para determinar si se enjuicia o no a los últimos cinco expresidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.
Dada la crisis económica del país y la presionada situación financiera del gobierno federal, ¿no sería más congruente exigirle a la Fiscalía General de la República que si tiene elementos suficientes para proceder penalmente contra los exmandatarios del PRI y PAN lo haga ya sin necesidad de organizar este inútil ejercicio de participación ciudadana que costará al Instituto Nacional Electoral (INE) 522 millones de pesos de recursos propios?
Y es que después de que ni la Secretaría de Hacienda, ni la Cámara de Diputados y tampoco la Suprema Corte de Justicia atendieron su llamado de recibir más financiamiento, el INE deberá organizar esta primera consulta popular con sólo la tercera parte de los mil 499 millones de pesos originalmente presupuestados debido a la reducción proporcional de las dimensiones que tuvo la pasada elección federal. Así, de las 162 mil 570 urnas que se instalaron el domingo antepasado, en la consulta de agosto próximo sólo se prevé instalar 57 mil mesas de recepción, y de un millón de funcionarios de casilla que participaron en los comicios, en este ejercicio solamente habrá 170 mil, mientras que las papeletas se elaborarán sin papel seguridad.
Este carísimo “show” contradice lo dicho este martes por el presidente López Obrador, quien al anunciar que próximamente propondrá tres reformas constitucionales, mencionó que una será “para hacer una limpia en el INE”, que garantice “una verdadera democracia y que al frente estén funcionarios demócratas y objetivos”. AMLO afirmó que el instituto electoral no puede seguir manejando un presupuesto de 20 mil millones de pesos para elecciones y partidos, porque “el país no está para eso…”, además de pronunciarse por eliminar las 200 diputaciones plurinominales así como los escaños de Representación Proporcional en la Cámara de Senadores.
Harían bien, también, en establecer más candados legales para la conformación de nuevos partidos, pues en esta elección dejaron pasar a tres fuerzas políticas nacionales emergentes que no alcanzaron el 3% mínimo de la votación total que la ley electoral exige para mantener el registro. Sin embargo, para este 2021, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México recibieron del INE financiamiento público por 158.8 millones de pesos cada uno, aparte de otros 15 y 18 millones que respectivamente obtuvieron en el último trimestre de 2020, más los casi 5 millones de pesos que recibieron en Veracruz del Órgano Público Local Electoral (OPLE), junto con los partidos estatales Todos por Veracruz, Podemos!, Unidad Ciudadana y Partido Cardenista, que también perdieron su registro al no alcanzar el 3% de la totalidad de votos.