/ miércoles 8 de abril de 2020

Destinatario: AMLO, depositario del Poder Ejecutivo federal

Un Presidente constitucional debe cumplir con la Carta Magna y salvaguardar la vida y la integridad de su pueblo. Desde el artículo 1º de la Constitución mexicana, constituye un deber fundamental del Estado mexicano garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

No puede haber justificación alguna para que quien dirige los destinos de este país distraiga su valioso tiempo en responder a sus puntillosos críticos, con la finalidad de cuidar una imagen pública cuya evaluación final vendrá después de que rinda su sexto informe sobre el estado que guarde la administración pública, que le encomendó el pueblo bueno (y el malo también).

Y aunque no debería existir una libertad sin límites, en una sociedad que vive bajo un régimen democrático, que se rige por un orden jurídico e instituciones públicas, que se sustentan en normas producidas por el trabajo legislativo, su desconocimiento o ignorancia no exime a nadie de su cumplimiento.

El fácil acceso a las redes sociales ha permitido el ocultamiento cobarde y despreciable de la identidad de usuarios que para satisfacer intereses personales inconfesables, las usan para la calumnia (que algo queda), la difamación o el insulto de los “sin valor” que tiran la piedra y esconden la mano, esperando recibir algún beneficio que jamás tendrán por su incapacidad para ganarlo en buena lid.

El cambio radical en la comunicación oficial del presidente de la República con los mexicanos ha sorprendido a propios y extraños, porque las llamadas “conferencias mañaneras”, donde el diálogo abierto y directo con representantes, verdaderos y apócrifos, de los medios de comunicación se ha impuesto como medio para transparentar la política gubernamental no debe cambiar.

Sin embargo, la emergencia sanitaria que el gobierno debe atender para garantizar el derecho a la salud de los mexicanos (artículo 4º constitucional) y la debacle de la economía por la obligada cuarentena, arrincona sin alimentos y medicamentos a los 40 millones de mexicanos que venían subsistiendo del comercio informal, el subempleo y la dádiva. Esas tendrían que ser la principal, o tal vez “la única preocupación” del presidente AMLO y su gabinete. Y para garantizar el cambio prometido, la 4ª Transformación del país tendrá que esperar a que llegue la segunda mitad del sexenio.

Un Presidente constitucional debe cumplir con la Carta Magna y salvaguardar la vida y la integridad de su pueblo. Desde el artículo 1º de la Constitución mexicana, constituye un deber fundamental del Estado mexicano garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

No puede haber justificación alguna para que quien dirige los destinos de este país distraiga su valioso tiempo en responder a sus puntillosos críticos, con la finalidad de cuidar una imagen pública cuya evaluación final vendrá después de que rinda su sexto informe sobre el estado que guarde la administración pública, que le encomendó el pueblo bueno (y el malo también).

Y aunque no debería existir una libertad sin límites, en una sociedad que vive bajo un régimen democrático, que se rige por un orden jurídico e instituciones públicas, que se sustentan en normas producidas por el trabajo legislativo, su desconocimiento o ignorancia no exime a nadie de su cumplimiento.

El fácil acceso a las redes sociales ha permitido el ocultamiento cobarde y despreciable de la identidad de usuarios que para satisfacer intereses personales inconfesables, las usan para la calumnia (que algo queda), la difamación o el insulto de los “sin valor” que tiran la piedra y esconden la mano, esperando recibir algún beneficio que jamás tendrán por su incapacidad para ganarlo en buena lid.

El cambio radical en la comunicación oficial del presidente de la República con los mexicanos ha sorprendido a propios y extraños, porque las llamadas “conferencias mañaneras”, donde el diálogo abierto y directo con representantes, verdaderos y apócrifos, de los medios de comunicación se ha impuesto como medio para transparentar la política gubernamental no debe cambiar.

Sin embargo, la emergencia sanitaria que el gobierno debe atender para garantizar el derecho a la salud de los mexicanos (artículo 4º constitucional) y la debacle de la economía por la obligada cuarentena, arrincona sin alimentos y medicamentos a los 40 millones de mexicanos que venían subsistiendo del comercio informal, el subempleo y la dádiva. Esas tendrían que ser la principal, o tal vez “la única preocupación” del presidente AMLO y su gabinete. Y para garantizar el cambio prometido, la 4ª Transformación del país tendrá que esperar a que llegue la segunda mitad del sexenio.