/ miércoles 1 de abril de 2020

Deuda pública, otra pandemia para los sobrevivientes del Covid-19

Al comienzo del sexenio de Felipe Calderón (2007), la deuda pública de México, que comprende los compromisos financieros del gobierno federal, empresas productivas del Estado y de la banca de desarrollo, se estimó en aproximadamente dos billones de pesos. Seis años después, al inicio del régimen de Enrique Peña Nieto (2013), la deuda pública creció hasta alcanzar la cifra de 5.9 billones de pesos y al final del periodo peñanietista subió a 10 billones de pesos.

Los recursos que se obtienen por financiamiento deben aplicarse al “gasto de capital”, consistente o relativo al desarrollo de infraestructura. Ésta comprende la construcción, ampliación y mejoramiento de carreteras, puentes, escuelas, hospitales o unidades deportivas, así como la compra de activos para mejorar los servicios públicos.

Los intereses que el gobierno debe pagar por el llamado servicio de deuda o pago de intereses por deuda pública, año con año se van incrementando mientras no se abone al capital y en tanto el gobierno sólo se esmere en el pago de intereses de la multicitada deuda pública. Tan sólo en 2017 la SHCP pagó por ese concepto la cantidad de 533 mil 351 millones de pesos, resultando para las finanzas públicas mexicanas el monto más alto de la última década.

El Banco de México acaba de publicar que durante el primer trimestre del gobierno de AMLO (2019) el endeudamiento externo se elevó a 9 mil 519 millones de dólares, de cuya sumatoria total resulta que cada mexicano debe 94 mil 198 pesos en el presente año, debido a que la deuda interna y externa creció durante las dos décadas pasadas a una tasa que multiplicó por cuatro el aumento del Producto Interno Bruto.

La quiebra de las finanzas públicas es el resultado de un desconocimiento y falta de experiencia financiera y crediticia, a la que debe sumarse un oscuro manejo de la captación, administración y gasto del dinero público, así como el derroche y la deshonestidad de nuestros gobernantes que han transitado por la Presidencia de la República durante la última media centuria.

Lo antes narrado guarda similitud con la vieja costumbre que teníamos los estudiantes de secundaria, quienes al abordar el camión del servicio urbano solíamos decir al conductor: “el de atrás paga”, y si pegaba trasladar la obligación de pago terminábamos la secundaria y la deuda aumentaba, quedándose insoluta y ad perpetuam.

Al comienzo del sexenio de Felipe Calderón (2007), la deuda pública de México, que comprende los compromisos financieros del gobierno federal, empresas productivas del Estado y de la banca de desarrollo, se estimó en aproximadamente dos billones de pesos. Seis años después, al inicio del régimen de Enrique Peña Nieto (2013), la deuda pública creció hasta alcanzar la cifra de 5.9 billones de pesos y al final del periodo peñanietista subió a 10 billones de pesos.

Los recursos que se obtienen por financiamiento deben aplicarse al “gasto de capital”, consistente o relativo al desarrollo de infraestructura. Ésta comprende la construcción, ampliación y mejoramiento de carreteras, puentes, escuelas, hospitales o unidades deportivas, así como la compra de activos para mejorar los servicios públicos.

Los intereses que el gobierno debe pagar por el llamado servicio de deuda o pago de intereses por deuda pública, año con año se van incrementando mientras no se abone al capital y en tanto el gobierno sólo se esmere en el pago de intereses de la multicitada deuda pública. Tan sólo en 2017 la SHCP pagó por ese concepto la cantidad de 533 mil 351 millones de pesos, resultando para las finanzas públicas mexicanas el monto más alto de la última década.

El Banco de México acaba de publicar que durante el primer trimestre del gobierno de AMLO (2019) el endeudamiento externo se elevó a 9 mil 519 millones de dólares, de cuya sumatoria total resulta que cada mexicano debe 94 mil 198 pesos en el presente año, debido a que la deuda interna y externa creció durante las dos décadas pasadas a una tasa que multiplicó por cuatro el aumento del Producto Interno Bruto.

La quiebra de las finanzas públicas es el resultado de un desconocimiento y falta de experiencia financiera y crediticia, a la que debe sumarse un oscuro manejo de la captación, administración y gasto del dinero público, así como el derroche y la deshonestidad de nuestros gobernantes que han transitado por la Presidencia de la República durante la última media centuria.

Lo antes narrado guarda similitud con la vieja costumbre que teníamos los estudiantes de secundaria, quienes al abordar el camión del servicio urbano solíamos decir al conductor: “el de atrás paga”, y si pegaba trasladar la obligación de pago terminábamos la secundaria y la deuda aumentaba, quedándose insoluta y ad perpetuam.