/ martes 8 de diciembre de 2020

Dinero público

México constituye una nación democrática, federal y soberana, integrada en un país cuyo territorio está dividido en entidades federales y municipios, pero fundamentalmente lo componen seres humanos, infantes y adultos, niños y niñas, mujeres y hombres, todos ellos mexicanos.

En el libre albedrío de que gozamos hay ricos y pobres, desde luego mexicanos, que están en municipios y estados de la República. Hasta el 2014, el conjunto de bienes y servicios que México producía era de aproximadamente el 14 por ciento del PIB, aumentando a 16 por ciento en 2018, siendo las economías más grandes del mundo Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, India y Brasil. La riqueza también está vinculada a los ingresos por habitante, es decir, por poder adquisitivo. La lista la encabeza Qatar, Macao, Luxemburgo, Singapur, Brunei, Kuwait y, desde luego, las grandes economías; en América Latina, Brasil y México.

La relatoría tiene como propósito que consideremos que un país como México tiene estados ricos, pobres y más pobres; por lo tanto, sus ingresos habrá que verlos como nación, sin considerar el potencial de estados y su PIB; habrá que verlos también en base a su recaudación.

El hecho que un estado tenga una aportación importante al PIB nacional no significa que la recaudación en esa entidad sea igual, porque tiene que ver con muchas particularidades. Citaré una por ser representativa: Cemex y Cruz Azul venden cemento en todo el país, pero su domicilio está en Monterrey y en la CDMX, por lo tanto, el ISR corresponde a las entidades donde está su domicilio y el IVA lo declaran también en esos domicilios; eso sucede con los grandes corporativos.

Ahora que los tiempos son difíciles por la pandemia que padece la humanidad y el consecuente deterioro de la economía, el Estado se debilita financieramente, pues tiene grandes salidas y su recaudación disminuye.

Si en tiempos de bonanza es difícil ponerse de acuerdo en el reparto de los ingresos, cuando éstos menguan es más complicado. El pasado 4 de los corrientes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en su participación en la mesa virtual “El momento del Federalismo”, que organizó “Pensando en México”, moderado por Salomón Chertorivski, señaló:

“O se renegocia el pacto federal a través de un nuevo convenio de coordinación fiscal o nos salimos”. No es un asunto de pose política, este pacto se hizo en los años 80 en una realidad nacional distinta a lo que hoy vivimos”.

No podemos seguir siendo actores que pidan migajas o dádivas a la autoridad federal, tenemos que revisar este arreglo fiscal y si no hay condiciones para solucionarlo, también los estados tenemos condiciones para abandonar el sistema de coordinación fiscal, no en un ánimo rupturista con la nación, pero sí en un ejercicio de hacer valer las responsabilidades y facultades que tenemos en la Constitución, agregó.

En varias ocasiones he dicho que el hombre se organizó, primero, para subsistir con alimentos y defensa de otros hombres, que el ciudadano debe aportar al sostenimiento del Estado para que éste pueda cumplir con sus obligaciones.

La verdad es que a México le faltan ingresos, ahora más que se acabó el petróleo y se deterioró la economía. La Ley de Coordinación Fiscal ha tenido dos últimas reformas (2007 y 2013) y en ambas lo que se buscó fue premiar la recaudación de estados y municipios; esto ha sido insuficiente, nadie se esmera por mejorar su hacienda pública.

El presidente dice, y lo dice con fundamento, “no somos omisos a entregar los ingresos que señala la ley”, lo que es correcto. Lo que no cita es que quitó a estados y municipios los fondos que compensaban estos faltantes, que les daba financiamiento para obras, acciones y atendía programas específicos a través del Ramo 23; mucho se hizo con estos recursos. El motivo para eliminarlos es que había moches. Es posible que así fuera, pero las obras se ejecutaban y se beneficiaba el pueblo.

De darse una nueva convención hacendaria es para repartir entre desiguales, donde mucho del dinero federalizado cubre ahora, a través de los estados, deberes que tenía la Federación, entre ellas la educación y la salud.

Se eliminaron los fideicomisos, el más conocido para algunos era el Fonden, pues aparecía cada vez que había un desastre natural; al eliminarse, no sé si por coincidencia aflojaron condiciones en la ley de disciplina financiera para que tomen más deuda estados y municipios, sin necesidad de autorización del Congreso en caso de una contingencia. Es indudable que debe haber un arreglo, que se busquen nuevas fuentes posibles de ingreso, que apoyen a la recaudación a las entidades federales y que a los municipios los estados los apoyen para eficientar su hacienda pública. Si no hay cambio con diálogo, habrá diálogo que provoque un mayor deterioro a nuestro país.

México constituye una nación democrática, federal y soberana, integrada en un país cuyo territorio está dividido en entidades federales y municipios, pero fundamentalmente lo componen seres humanos, infantes y adultos, niños y niñas, mujeres y hombres, todos ellos mexicanos.

En el libre albedrío de que gozamos hay ricos y pobres, desde luego mexicanos, que están en municipios y estados de la República. Hasta el 2014, el conjunto de bienes y servicios que México producía era de aproximadamente el 14 por ciento del PIB, aumentando a 16 por ciento en 2018, siendo las economías más grandes del mundo Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, India y Brasil. La riqueza también está vinculada a los ingresos por habitante, es decir, por poder adquisitivo. La lista la encabeza Qatar, Macao, Luxemburgo, Singapur, Brunei, Kuwait y, desde luego, las grandes economías; en América Latina, Brasil y México.

La relatoría tiene como propósito que consideremos que un país como México tiene estados ricos, pobres y más pobres; por lo tanto, sus ingresos habrá que verlos como nación, sin considerar el potencial de estados y su PIB; habrá que verlos también en base a su recaudación.

El hecho que un estado tenga una aportación importante al PIB nacional no significa que la recaudación en esa entidad sea igual, porque tiene que ver con muchas particularidades. Citaré una por ser representativa: Cemex y Cruz Azul venden cemento en todo el país, pero su domicilio está en Monterrey y en la CDMX, por lo tanto, el ISR corresponde a las entidades donde está su domicilio y el IVA lo declaran también en esos domicilios; eso sucede con los grandes corporativos.

Ahora que los tiempos son difíciles por la pandemia que padece la humanidad y el consecuente deterioro de la economía, el Estado se debilita financieramente, pues tiene grandes salidas y su recaudación disminuye.

Si en tiempos de bonanza es difícil ponerse de acuerdo en el reparto de los ingresos, cuando éstos menguan es más complicado. El pasado 4 de los corrientes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en su participación en la mesa virtual “El momento del Federalismo”, que organizó “Pensando en México”, moderado por Salomón Chertorivski, señaló:

“O se renegocia el pacto federal a través de un nuevo convenio de coordinación fiscal o nos salimos”. No es un asunto de pose política, este pacto se hizo en los años 80 en una realidad nacional distinta a lo que hoy vivimos”.

No podemos seguir siendo actores que pidan migajas o dádivas a la autoridad federal, tenemos que revisar este arreglo fiscal y si no hay condiciones para solucionarlo, también los estados tenemos condiciones para abandonar el sistema de coordinación fiscal, no en un ánimo rupturista con la nación, pero sí en un ejercicio de hacer valer las responsabilidades y facultades que tenemos en la Constitución, agregó.

En varias ocasiones he dicho que el hombre se organizó, primero, para subsistir con alimentos y defensa de otros hombres, que el ciudadano debe aportar al sostenimiento del Estado para que éste pueda cumplir con sus obligaciones.

La verdad es que a México le faltan ingresos, ahora más que se acabó el petróleo y se deterioró la economía. La Ley de Coordinación Fiscal ha tenido dos últimas reformas (2007 y 2013) y en ambas lo que se buscó fue premiar la recaudación de estados y municipios; esto ha sido insuficiente, nadie se esmera por mejorar su hacienda pública.

El presidente dice, y lo dice con fundamento, “no somos omisos a entregar los ingresos que señala la ley”, lo que es correcto. Lo que no cita es que quitó a estados y municipios los fondos que compensaban estos faltantes, que les daba financiamiento para obras, acciones y atendía programas específicos a través del Ramo 23; mucho se hizo con estos recursos. El motivo para eliminarlos es que había moches. Es posible que así fuera, pero las obras se ejecutaban y se beneficiaba el pueblo.

De darse una nueva convención hacendaria es para repartir entre desiguales, donde mucho del dinero federalizado cubre ahora, a través de los estados, deberes que tenía la Federación, entre ellas la educación y la salud.

Se eliminaron los fideicomisos, el más conocido para algunos era el Fonden, pues aparecía cada vez que había un desastre natural; al eliminarse, no sé si por coincidencia aflojaron condiciones en la ley de disciplina financiera para que tomen más deuda estados y municipios, sin necesidad de autorización del Congreso en caso de una contingencia. Es indudable que debe haber un arreglo, que se busquen nuevas fuentes posibles de ingreso, que apoyen a la recaudación a las entidades federales y que a los municipios los estados los apoyen para eficientar su hacienda pública. Si no hay cambio con diálogo, habrá diálogo que provoque un mayor deterioro a nuestro país.