/ martes 27 de julio de 2021

Disonancia en Poder Judicial; amparan a jueces

Abogados, empleados del Poder Judicial e interesados en temas que afectan a los veracruzanos nos hacen ver que a casi tres años del presunto desfalco que se afirma hubo en el Poder Judicial del Estado, la pregunta que circula en redes sociales es ¿qué esperan las autoridades para proceder con los presuntos responsables?

Hace casi un mes -nos recuerdan- se filtró un audio en donde fue grabada sin su consentimiento la titular del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, en el cual se escucha su petición desgarradora de apoyar al rescate financiero de esa institución mediante la reducción de salarios a los magistrados, lo que de suyo -nos recalcan abogados- es inconstitucional, pues por disposición de los numerales 1, 5 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las percepciones laborales no pueden ser disminuidas durante el tiempo del encargo, salvo que se violente el principio de progresividad de los derechos humanos y se invada la autonomía de un poder.

Por ende -nos dicen estos abogados- los anuncios hechos por varios magistrados, en el sentido de que se reducirán su sueldo como lo pidió el Ejecutivo, es una muestra de la falta de independencia judicial, ya que los presupuestos se aprueban por proyectos financieros contables por año adelantado y si no se tiene el dinero para cumplir con las obligaciones corrientes, es responsabilidad de alguien.

Pero volviendo al audio obtenido en forma inválida, estos abogados nos apuntan que ahí se puede escuchar la solicitud responsable de dos magistrados en donde piden investigar sobre el pasado, ante lo que se escucha la respuesta de un rotundo no. La instrucción fue colaborar con el proyecto de rescate de austeridad.

Ahora bien, los abogados se hacen esta pregunta: ¿por qué el gobierno estatal y en su caso el Poder Judicial no investigan sobre los presuntos desfalcos financieros de las ciudades judiciales y la creación de los juzgados microrregionales que supuestamente en forma irregular creó el expresidente del Poder Judicial del Estado en turno?

¿Será que el interés es que no se investigue nada o, en su caso, se inicie ello cuando las conductas estén prescritas?, nos preguntan los abogados interesados en este tema.

Lo cierto es que, ante la omisión de los órganos encargados para ello, diversos grupos de abogados del estado están pidiendo se haga justicia, como se deduce del oficio del 16 de julio de este año, firmado por los integrantes del Colegio de Licenciados en Derecho de Córdoba, en donde le solicitan al Auditor Superior de la Federación, para verificar el destino de mil 614 millones 280 mil 299 pesos.

Los abogados nos señalan que bien indica el profesor de filosofía política John Rawls, cuando expone la teoría de la justicia: en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas definitivamente; los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos, ni al cálculo de intereses sociales.

Por ello, nos señalan los abogados interesados en este tema, es urgente que las autoridades ejerciten sus atribuciones para rescatar al PJE, y que antes de reducciones inconstitucionales, se deslinden responsabilidades o de lo contrario el asunto se quedará como un desatino, tanto más que si a ello se le agrega que los jueces inconformes despedidos están defendiendo sus derechos y obteniendo suspensiones provisionales para que se les cubran sus emolumentos, como se deduce –nos informan los abogados- del juicio de amparo número 772/2021, del Juzgado Noveno de Distrito con residencia en Coatzacoalcos.

Por tanto, nos agregan, convendría observar el contenido del libro de Alejandro Nieto, distinguido jurista español, quien retrató en su obra El malestar de los jueces y el modelo judicial, el conflicto que paró a la judicatura de la madre patria en 2009.

También nos anotan lo siguiente: los 29 jueces despedidos no deben pagar por los errores de otros, ni tampoco los magistrados. Bien diría el señor Presidente: cuidado, van a despertar al tigre…y no habrá quien lo amarre.

Abogados, empleados del Poder Judicial e interesados en temas que afectan a los veracruzanos nos hacen ver que a casi tres años del presunto desfalco que se afirma hubo en el Poder Judicial del Estado, la pregunta que circula en redes sociales es ¿qué esperan las autoridades para proceder con los presuntos responsables?

Hace casi un mes -nos recuerdan- se filtró un audio en donde fue grabada sin su consentimiento la titular del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, en el cual se escucha su petición desgarradora de apoyar al rescate financiero de esa institución mediante la reducción de salarios a los magistrados, lo que de suyo -nos recalcan abogados- es inconstitucional, pues por disposición de los numerales 1, 5 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las percepciones laborales no pueden ser disminuidas durante el tiempo del encargo, salvo que se violente el principio de progresividad de los derechos humanos y se invada la autonomía de un poder.

Por ende -nos dicen estos abogados- los anuncios hechos por varios magistrados, en el sentido de que se reducirán su sueldo como lo pidió el Ejecutivo, es una muestra de la falta de independencia judicial, ya que los presupuestos se aprueban por proyectos financieros contables por año adelantado y si no se tiene el dinero para cumplir con las obligaciones corrientes, es responsabilidad de alguien.

Pero volviendo al audio obtenido en forma inválida, estos abogados nos apuntan que ahí se puede escuchar la solicitud responsable de dos magistrados en donde piden investigar sobre el pasado, ante lo que se escucha la respuesta de un rotundo no. La instrucción fue colaborar con el proyecto de rescate de austeridad.

Ahora bien, los abogados se hacen esta pregunta: ¿por qué el gobierno estatal y en su caso el Poder Judicial no investigan sobre los presuntos desfalcos financieros de las ciudades judiciales y la creación de los juzgados microrregionales que supuestamente en forma irregular creó el expresidente del Poder Judicial del Estado en turno?

¿Será que el interés es que no se investigue nada o, en su caso, se inicie ello cuando las conductas estén prescritas?, nos preguntan los abogados interesados en este tema.

Lo cierto es que, ante la omisión de los órganos encargados para ello, diversos grupos de abogados del estado están pidiendo se haga justicia, como se deduce del oficio del 16 de julio de este año, firmado por los integrantes del Colegio de Licenciados en Derecho de Córdoba, en donde le solicitan al Auditor Superior de la Federación, para verificar el destino de mil 614 millones 280 mil 299 pesos.

Los abogados nos señalan que bien indica el profesor de filosofía política John Rawls, cuando expone la teoría de la justicia: en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas definitivamente; los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos, ni al cálculo de intereses sociales.

Por ello, nos señalan los abogados interesados en este tema, es urgente que las autoridades ejerciten sus atribuciones para rescatar al PJE, y que antes de reducciones inconstitucionales, se deslinden responsabilidades o de lo contrario el asunto se quedará como un desatino, tanto más que si a ello se le agrega que los jueces inconformes despedidos están defendiendo sus derechos y obteniendo suspensiones provisionales para que se les cubran sus emolumentos, como se deduce –nos informan los abogados- del juicio de amparo número 772/2021, del Juzgado Noveno de Distrito con residencia en Coatzacoalcos.

Por tanto, nos agregan, convendría observar el contenido del libro de Alejandro Nieto, distinguido jurista español, quien retrató en su obra El malestar de los jueces y el modelo judicial, el conflicto que paró a la judicatura de la madre patria en 2009.

También nos anotan lo siguiente: los 29 jueces despedidos no deben pagar por los errores de otros, ni tampoco los magistrados. Bien diría el señor Presidente: cuidado, van a despertar al tigre…y no habrá quien lo amarre.