/ domingo 9 de diciembre de 2018

División de poderes, sin confrontación; único camino para evitar la anarquía

Malas consecuencias dejarán al país las confrontaciones entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y los señores ministros de la SCJN por la negativa de la alta burocracia a reducir sus ingresos, puesto que la situación social, económica y política de la nación no resiste más.

Nadie puede negar que en un país con 53 millones de mexicanos viviendo en extrema pobreza, resultan fuera de la realidad los “desorbitados salarios” y prestaciones que perciben los eruditos del Derecho y otros funcionarios públicos, quienes constituyen una casta privilegiada por sus ingresos mensuales insostenibles para nuestra realidad.

Y tiene razón AMLO cuando afirma que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, de ahí el coraje del presidente, porque funcionarios de su gobierno lo contradicen y se niegan a acatar sus lineamientos. Frenar la ley que reduce los salarios preestablecidos no agrada a nadie de los que tendrán que prescindir de lujos y costumbres burguesas sin que puedan seguir malgastando el dinero que por ser parte del gasto público proviene de los impuestos que, a su vez, salen del bolsillo de los mexicanos productivos y trabajadores.

Cada ministro de la Suprema Corte percibe mensualmente 600 mil pesos y los senadores y diputados federales, acumulando todos los conceptos que se suman a sus salarios, llegan a la suma de entre 300 y 200 mil pesos mensuales, respectivamente, más los “moches” y gratificaciones por las “gestorías” y “cabildeos” que realizan, lo que les permite gozar también de abultadas nóminas que pagan los contribuyentes cautivos por el pago de impuestos.

Al presidente Zedillo le correspondió en 1994 proponer una reforma al Poder Judicial Federal, reduciendo de 21 ministros a 11, que en la actualidad integran el Pleno; y estableció el periodo de 15 años para permanecer en el cargo de ministro, pues antes de dicha reforma eran vitalicios. Al mismo tiempo, se creó el Consejo de la Judicatura Federal, que preside el ministro presidente, y que se encarga de los asuntos administrativos de dicho Poder.

De los actuales miembros del pleno de la SCJN, dos fueron propuestos por Vicente Fox, cinco fueron propuestos por Felipe Calderón, tres por Peña Nieto y uno ha sido propuesto por López Obrador para cubrir la vacante existente.

La política y el ajedrez son juegos de inteligencia y astucia. Veremos si la ambición se impone a la razón, evitando la confrontación.

Malas consecuencias dejarán al país las confrontaciones entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y los señores ministros de la SCJN por la negativa de la alta burocracia a reducir sus ingresos, puesto que la situación social, económica y política de la nación no resiste más.

Nadie puede negar que en un país con 53 millones de mexicanos viviendo en extrema pobreza, resultan fuera de la realidad los “desorbitados salarios” y prestaciones que perciben los eruditos del Derecho y otros funcionarios públicos, quienes constituyen una casta privilegiada por sus ingresos mensuales insostenibles para nuestra realidad.

Y tiene razón AMLO cuando afirma que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, de ahí el coraje del presidente, porque funcionarios de su gobierno lo contradicen y se niegan a acatar sus lineamientos. Frenar la ley que reduce los salarios preestablecidos no agrada a nadie de los que tendrán que prescindir de lujos y costumbres burguesas sin que puedan seguir malgastando el dinero que por ser parte del gasto público proviene de los impuestos que, a su vez, salen del bolsillo de los mexicanos productivos y trabajadores.

Cada ministro de la Suprema Corte percibe mensualmente 600 mil pesos y los senadores y diputados federales, acumulando todos los conceptos que se suman a sus salarios, llegan a la suma de entre 300 y 200 mil pesos mensuales, respectivamente, más los “moches” y gratificaciones por las “gestorías” y “cabildeos” que realizan, lo que les permite gozar también de abultadas nóminas que pagan los contribuyentes cautivos por el pago de impuestos.

Al presidente Zedillo le correspondió en 1994 proponer una reforma al Poder Judicial Federal, reduciendo de 21 ministros a 11, que en la actualidad integran el Pleno; y estableció el periodo de 15 años para permanecer en el cargo de ministro, pues antes de dicha reforma eran vitalicios. Al mismo tiempo, se creó el Consejo de la Judicatura Federal, que preside el ministro presidente, y que se encarga de los asuntos administrativos de dicho Poder.

De los actuales miembros del pleno de la SCJN, dos fueron propuestos por Vicente Fox, cinco fueron propuestos por Felipe Calderón, tres por Peña Nieto y uno ha sido propuesto por López Obrador para cubrir la vacante existente.

La política y el ajedrez son juegos de inteligencia y astucia. Veremos si la ambición se impone a la razón, evitando la confrontación.