/ lunes 12 de octubre de 2020

Doce años después deben más

En las últimas semanas se ha hablado de la intención de la Secretaría de Finanzas (Sefiplan) de reestructurar o refinanciar los préstamos otorgados en 2008 a 199 municipios veracruzanos, vía Bolsa Mexicana de Valores, a través de instrumentos de deuda expresados en UDIS (instrumento indexado a la inflación) y en pesos.

El proyecto en 2008 era un financiamiento de mil quinientos millones de pesos.

El fiduciario fue Deustche Bank de México, el fideicomitente, en primer lugar, Sefiplan; como fideicomitente, en segundo lugar, los 199 municipios, agrupados en ocho representaciones. Los fideicomisarios, en primer lugar, los tenedores de los certificados bursátiles denominados gran público inversionista, que no eran otros que los mismos bancos mexicanos bajo ese disfraz.

En torno a este financiamiento congruente a las reglas de la Bolsa Mexicana de Valores, al fideicomiso se le dotaba de: un auditor externo u asesor financiero (Ángel Céspedes), dos mandatarios (Banamex y Banorte), calificadoras (Fitch Ratings y HR Ratings), un consultor (Deloitte) y un contador (Sallez Sainz-Gran Thorton), además de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

A todos estos profesionales se les pagaban honorarios mensualmente.

En un estudio realizado se precisó que el préstamo inicial otorgado fue de mil 207 millones 999 mil 592 pesos, de los cuales fueron entregados a los 199 municipios mil 109 millones de pesos, precisando que para su formalización el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán les aportó la misma cantidad.

En principio la garantía fue la recaudación que recibían los ayuntamientos del impuesto sobre la tenencia vehicular, garantía que fue sustituida en 2013 por participaciones federales. De diciembre de 2008 al 31 de julio de 2014, los municipios habían pagado 2 mil 354 millones de pesos, aplicados a amortización de capital, intereses y gastos de operación del fideicomiso.

El estudio concluía que después de los pagos operados o descontados por Sefiplan, se debían mil 257 millones de pesos, 49 millones de pesos más de los suscritos y 148 millones de pesos más de los recibidos, además de cargar con 99 millones de pesos de gastos iniciales de colocación, brókeres y asesores.

Ante esta situación de deterioro municipal, la actual administración estatal, a punto de entrar a su tercer año de gobierno, decidió atender esta pandemia financiera. Miguel Ángel Yunes lo pudo haber hecho y el año pasado también se pudo, pero se dio prioridad a las reestructuras estatales.

Algunos municipios me han consultado sobre la conveniencia de hacerla, a lo que he respondido que cualquier cosa es mejor que la actual, sin embargo, al revisar los prospectos observo que no dan monto de refinanciamiento, solo, como buenos vendedores, dicen los ahorros y solicitan a Sefiplan se les otorgue la responsabilidad de llevar a cabo el refinanciamiento, porque no creo que se reestructura (las UDIS no se pueden mejorar)

Lo positivo es la tasa referida de TIEE más 1.20%. En el mercado financiero a ésta se le llama Premium y se les requiere que den en garantía todos sus ingresos propios y federales, que acepten la creación de un fideicomiso de fuente y administración de pago.

Además de un perfil de amortización creciente, que supone un pago en progresión geométrica del importe de los pagos de capital e intereses, aumentando un porcentaje sobre la última cuota. El plazo es a 25 años y se redimiría en el 2045.

Se propone un fondo de reserva de tres meses, incluido el servicio de la deuda y como fecha de prepago en enero de 2021. Venden o señalan los ahorros que se tendrían en los 15 años del crédito. Lo que no citan, a lo mejor porque no lo tienen, es el monto, aunque el prospecto de acuerdo de cabildo se refiere a mil 850 millones de pesos (cantidad mayor a la de 2008), tampoco los gastos en que se incurrirían o si habrá un despacho externo.

Quien sabe cuánto les va a costar a los municipios esta nueva aventura. Muchos ediles no tienen referencia en estos temas, pero deberían hacerse unas preguntas sencillas: cuánto pagaban, cuánto van a pagar y por qué a ese plazo.

Veremos qué pasa, pero cualquier cosa es mejor a la actual, ¡de eso no hay duda!

En las últimas semanas se ha hablado de la intención de la Secretaría de Finanzas (Sefiplan) de reestructurar o refinanciar los préstamos otorgados en 2008 a 199 municipios veracruzanos, vía Bolsa Mexicana de Valores, a través de instrumentos de deuda expresados en UDIS (instrumento indexado a la inflación) y en pesos.

El proyecto en 2008 era un financiamiento de mil quinientos millones de pesos.

El fiduciario fue Deustche Bank de México, el fideicomitente, en primer lugar, Sefiplan; como fideicomitente, en segundo lugar, los 199 municipios, agrupados en ocho representaciones. Los fideicomisarios, en primer lugar, los tenedores de los certificados bursátiles denominados gran público inversionista, que no eran otros que los mismos bancos mexicanos bajo ese disfraz.

En torno a este financiamiento congruente a las reglas de la Bolsa Mexicana de Valores, al fideicomiso se le dotaba de: un auditor externo u asesor financiero (Ángel Céspedes), dos mandatarios (Banamex y Banorte), calificadoras (Fitch Ratings y HR Ratings), un consultor (Deloitte) y un contador (Sallez Sainz-Gran Thorton), además de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

A todos estos profesionales se les pagaban honorarios mensualmente.

En un estudio realizado se precisó que el préstamo inicial otorgado fue de mil 207 millones 999 mil 592 pesos, de los cuales fueron entregados a los 199 municipios mil 109 millones de pesos, precisando que para su formalización el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán les aportó la misma cantidad.

En principio la garantía fue la recaudación que recibían los ayuntamientos del impuesto sobre la tenencia vehicular, garantía que fue sustituida en 2013 por participaciones federales. De diciembre de 2008 al 31 de julio de 2014, los municipios habían pagado 2 mil 354 millones de pesos, aplicados a amortización de capital, intereses y gastos de operación del fideicomiso.

El estudio concluía que después de los pagos operados o descontados por Sefiplan, se debían mil 257 millones de pesos, 49 millones de pesos más de los suscritos y 148 millones de pesos más de los recibidos, además de cargar con 99 millones de pesos de gastos iniciales de colocación, brókeres y asesores.

Ante esta situación de deterioro municipal, la actual administración estatal, a punto de entrar a su tercer año de gobierno, decidió atender esta pandemia financiera. Miguel Ángel Yunes lo pudo haber hecho y el año pasado también se pudo, pero se dio prioridad a las reestructuras estatales.

Algunos municipios me han consultado sobre la conveniencia de hacerla, a lo que he respondido que cualquier cosa es mejor que la actual, sin embargo, al revisar los prospectos observo que no dan monto de refinanciamiento, solo, como buenos vendedores, dicen los ahorros y solicitan a Sefiplan se les otorgue la responsabilidad de llevar a cabo el refinanciamiento, porque no creo que se reestructura (las UDIS no se pueden mejorar)

Lo positivo es la tasa referida de TIEE más 1.20%. En el mercado financiero a ésta se le llama Premium y se les requiere que den en garantía todos sus ingresos propios y federales, que acepten la creación de un fideicomiso de fuente y administración de pago.

Además de un perfil de amortización creciente, que supone un pago en progresión geométrica del importe de los pagos de capital e intereses, aumentando un porcentaje sobre la última cuota. El plazo es a 25 años y se redimiría en el 2045.

Se propone un fondo de reserva de tres meses, incluido el servicio de la deuda y como fecha de prepago en enero de 2021. Venden o señalan los ahorros que se tendrían en los 15 años del crédito. Lo que no citan, a lo mejor porque no lo tienen, es el monto, aunque el prospecto de acuerdo de cabildo se refiere a mil 850 millones de pesos (cantidad mayor a la de 2008), tampoco los gastos en que se incurrirían o si habrá un despacho externo.

Quien sabe cuánto les va a costar a los municipios esta nueva aventura. Muchos ediles no tienen referencia en estos temas, pero deberían hacerse unas preguntas sencillas: cuánto pagaban, cuánto van a pagar y por qué a ese plazo.

Veremos qué pasa, pero cualquier cosa es mejor a la actual, ¡de eso no hay duda!