Por más que se quiera ser optimista, a pesar del encierro obligado para evitar contagios del Covid-19, las noticias que se difunden no son nada halagüeñas en cuanto a la recuperación económica que afirman el presidente López Obrador y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que se sustenta en una premisa falsa que no se acaba de entender por la contradicción de números que maneja el gobierno y una cifra mucho mayor, que registran las organizaciones patronales.
La crisis que hoy afecta a todos los sectores sociales de México no tiene precedente, por el cierre de negocios y la paralización de maquiladoras, empresas automotrices, manufactureras, cerveceras, refresqueras, etcétera. Los estudiosos del fenómeno de la pobreza y los programas sociales del gobierno (pobretólogos) no encuentran explicación certera y menos tienen una propuesta de solución para que los programas alcancen a rescatar a los millones de empobrecidos desempleados que pululan por las calles sin esperanza alguna.
Hoy recordamos la nacionalización de la banca, decretada por el expresidente José López Portillo, quien no pudo resolver la crisis que ocasionó la caída del precio del petróleo, y aunque juró “defender al peso como perro” su actitud belicosa no logró el éxito prometido, ni con la nacionalización de los bancos. Lo mismo sucedió con la crisis en tiempos de Ernesto Zedillo, quien traicionado por su secretario de Hacienda favoreció el desplome de los títulos valor y la ruina de miles de inversionistas mexicanos, porque los extranjeros recibieron un aviso oportuno y pusieron a salvo su dinero llevándolo a bancos extranjeros.
La historia juzgará a la estructura burocrática que incluye al secretario de Hacienda, a los gobernadores y a los alcaldes, de acuerdo a lo que dispone el artículo 134 constitucional, y varios podrían ser carne de prisión, además de que tendrán que devolver al pueblo lo robado para ajustarnos al estribillo con que inició el gobierno en funciones, ya que los presupuestos públicos de los tres órdenes de gobierno se deben administrar de acuerdo a los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez.
Y lo mismo tendrán que hacer con una escrupulosa rendición de cuentas de los recursos que para atender a los enfermos de coronavirus, los tres órdenes de gobierno, quienes en medio de una opacidad que se presta para el enriquecimiento ilegítimo y el desvío de recursos públicos, disponen de ellos.
