Hoy se cumplen 10 días del asesinato del diputado Juan Carlos Molina Palacios afuera de su rancho “Rosa del Alba” en Medellín y fuera del ofrecimiento discursivo de dar con los criminales y hacer justicia, planteado el pasado sábado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en su primer informe de gobierno, hasta este momento no se conoce si al menos existe claridad en los móviles del atentado, los avances concretos en las líneas de investigación que se han seguido, detenciones o si, por el contrario, todo sigue como al principio. Es importante presentar un informe preliminar que evite vacíos informativos, no solamente para tranquilizar a la población que se siente inerme frente a los delincuentes, aunque se insista en la falacia de que vamos bien en seguridad en Veracruz; también para evitar que se propalen rumores con tintes políticos de hechos falsos de ataques contra figuras públicas, o simplemente para alarmar y alimentar el miedo en las personas, como ha sucedido en los últimos días, el miércoles 13 en Boca del Río, cuando se propaló en redes sociales sobre la aparición de dos cadáveres envueltos en bolsas negras con cintas adhesivas en la calzada Américas, hecho que resultó falso, lo mismo que el domingo pasado con el supuesto atentado contra la diputada local del partido Movimiento Ciudadano, Ivonne Trujillo Ortiz, del Distrito de Perote, que también fue un invento de gente que trataría de causar terror en la sociedad. El caso de Molina no es menor. Se trató de la muerte de un líder social con arrastre popular en la zona de la Cuenca del Papaloapan, acaudalado productor de ganado de alto registro y dedicado a otras actividades productivas, pero también con presencia en todo el estado por su cargo de presidente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias, a la que sacudió de la modorra en que se encontraba, y a la cual renunciaría por esos días al concluir su periodo estatutario. Hay muchas especulaciones en torno a este caso, la más sólida pudiera haberla planteado el líder nacional de la CNC, Ismael Hernández Deras, al declarar que a JC, “(por) la manera en que lo mandan a asesinar (…) Sin duda es que en algún momento afectó intereses” y fue más claro: “había denunciado la introducción de ganado de manera ilícita desde Centroamérica y el impacto desfavorable que tiene para el sector” no solamente en el estado, sino en todo el país. Sin embargo, serán las fiscalías General del Estado y de la República las que tendrán que determinar, con base en sus investigaciones, a los responsables materiales e intelectuales del magnicidio. De lo que trascendió ese infortunado día es que fueron dos los criminales que dispararon hasta en 22 ocasiones con armas cortas contra Juan Carlos Molina y huyeron a bordo de un Mazda rojo. ¿Cuándo se darán a conocer los resultados de esas indagatorias? Debe esperarse que sea pronto; en tanto, este miércoles está previsto que tome protesta como suplente de JC en ese cargo, el exalcalde de Tenampa y líder regional de la CNC, Antonio García Reyes, priista que se agregaría a la fracción parlamentaria de dicho partido en el Congreso local.
El contrainforme o informe de mentiras, como lo tituló, presentado el lunes por el presidente del CDE del PRI, Marlon Ramírez Marín, sobre las cuentas del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, resultó un análisis sólido, aunque somero, de las cifras de gasto-inversión en las distintas áreas que, en su mayoría, hay subejercicios, lo que lejos de ser mérito es ineptitud. Disponer de recursos y no invertirlos en resolver necesidades es una cuestión que el Legislativo debería resolver para clasificarlo como corrupción y convertirse en delito grave, sin derecho a fianza. Interesante habría sido un trabajo más detallado, de seguimiento de esas 10 mil obras que el Ejecutivo dijo que están realizándose.
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