Después de que el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, revelara un supuesto conflicto de interés del secretario de Finanzas Guillermo Moreno Chazzarini, las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo aquellas que plantean sanciones al funcionario.
Vázquez pidió a la Contraloría General del Estado que abra una investigación sobre un presunto acto de nepotismo que pudiera resultar en el caso, pues los hijos del titular de la Sefiplan fueron servidores públicos en las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Protección Civil (SSP).
El caso es que los hijos de Moreno Chazzarini, María Eugenia y Guillermo Moreno Sentíes, se han desempeñado en cargos en la estructura de gobierno, situación que debe ser sancionada.
“En muchas ocasiones se ha criticado la corrupción, no podemos permitir que ese tipo de acciones continúen, sobre todo porque en esta administración se ha criticado la corrupción y es en lo que se cae porque ellos (los hijos) llegaron con el gobierno actual”, dijo Sergio.
El caso es que cuando Guillermo Moreno llegó a la Sefiplan incurrió en un acto de nepotismo, pues hay señalamientos de que desde la dependencia que maneja se generan los pagos para sus hijos.
Es público el dato de que María Eugenia Moreno se desempeñó como jefa de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Protección Civil, mientras que su hermano, Guillermo Moreno Sentíes, trabaja como subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
El dato no anda circulando entre los muchos rumores que hay en redes sociales, se trata de algo confirmado por una voz oficial e institucional como la de Sergio, lo que evidencia el tan cacareado buen actuar de los funcionarios actuales, sobre todo cuando se ha criticado con vehemencia a la administración del duartazgo.
En más sobre los ayuntamientos vale comentar el revés que sufrió el de Úrsulo Galván, donde gobierna el enfermo José Enrique Benítez Ávila, a quien el Tribunal Electoral de Veracruz le declaró fundado el agravio relativo a la remoción del secretario y tesorero de ese municipio.
En los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 250, 251, 252 y 253/2018, se acreditó que el presidente municipal no tomó en cuenta las manifestaciones ni el sentido de su voto de Norma Alicia Herrera Mejía en su carácter de síndica y de Mitzhy Paola Morales Alarcón, Andrés Salas Contreras y Eugenio Mendoza en su calidad de regidores, para despedir a la tesorera Yadira Jacobo Amaya y al secretario José Alberto Moctezuma Domínguez.
No sólo eso, porque también han sido impugnadas otras omisiones del alcalde, que a decir de los inconformes violentan su derecho político de ser votado, en su vertiente de ejercicio al cargo.
El comunicado oficial señala que al no respetar esa atribución el munícipe estaría incurriendo en una violación al derecho de los afectados sobre el adecuado desempeño del cargo.
Otro caso que se ha difundido es el de Chacaltianguis, donde el joven Carlos Hernández Lara se dijo despedido de manera injustificada por el síndico Manuel González Rodríguez, al negarse a firmar un documento en el cual se suscribía un supuesto acuerdo con la madre de una menor de edad a la que presuntamente acosaba sexualmente.
Érika Moreno Guzmán señaló a Carlos de acosar sexualmente a su menor hija y solicitó el respeto del originario de la comunidad de ExCarolina del municipio de Cosamaloapan, quien se negó a firmar dicho documento y en represalia fue despedido como empleado de Limpia Pública.
Según la mamá del despedido, Ana María Hernández Lara, todo se debió a que dos días antes denunció a Érika por lesiones y allanamiento de morada.
Comentan que se trató de una mala jugada del jurídico Moisés Rodríguez Cobos, quien fue despedido hace unos meses del Cereso Morelos de Cosamaloapan, y del síndico Manuel González Rodríguez con la intención de incriminar a su hijo para chantajearla y para que retirara la denuncia en contra de Érika.
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