/ martes 8 de enero de 2019

El combate a la corrupción en Pemex, resultó mayor que la mafia huachicolera

La expectación que causó la orden presidencial para que el Ejército y la Marina entraran a las instalaciones petroleras ubicadas en 25 entidades de la República fue rebasada por la realidad de la cadena de complicidades entre funcionarios y trabajadores de Petróleos Mexicanos, con la participación de inversionistas privados, acostumbrados a las grandes ganancias que deja, la compra y venta de lo robado.

Y si a lo anterior se le agrega la escandalosa participación de los llamados huachicoleros, en la sustracción ilegal de la gasolina, más la adquisición fraudulenta de los productos de Pemex en refinerías y terminales de almacenamiento y reparto, más la suma del trasiego ilegal de gasolina y diésel por la vía marítima y finalmente con el agregado de las tomas clandestinas en ductos paralelos a los de Pemex, entonces comprenderemos la magnitud del esfuerzo del presidente López Obrador para acabar con lo que podría ser el más grande robo a la nación.

Los tambos de gasolina robada por huachicoleros al menudeo constituyen una merma en la explotación del llamado oro negro, pero el robo mediante pipas a las seis refinerías de Pemex, donde se trafica duplicando, triplicando y multiplicando “N” número de veces las facturas falsas, estas acciones ejecutadas con la complicidad de los más altos directivos de Pemex, quienes durante años han venido contando con el apoyo y protección de los miembros del gabinete presidencial y concretamente de los titulares de la Secretaría de Energía, Minas e Industria paraestatal, constituyen una traición a la patria.

Ante esa realidad que se ha puesto al descubierto con todos los detalles publicitados en medios de comunicación y en redes sociales, se hace necesario el respaldo público y definitivo de los mexicanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus colaboradores que incluyen a la secretaria de Gobernación, al encargado de la PGR, a los secretarios de la defensa nacional y la Marina y desde luego a la licenciada Rocío Nahle y demás funcionarios que participan en este operativo magno, que sin el cambio de gobierno y de sistema político jamás habría sido posible ejecutar.

Lo que sigue es la detención y encarcelamiento de quienes resulten responsables del fraude a Pemex, con la determinación del presidente López Obrador de resolver en forma definitiva este penoso y gravoso asunto que quiebra la mayor riqueza de México, la explotación del petróleo.

La expectación que causó la orden presidencial para que el Ejército y la Marina entraran a las instalaciones petroleras ubicadas en 25 entidades de la República fue rebasada por la realidad de la cadena de complicidades entre funcionarios y trabajadores de Petróleos Mexicanos, con la participación de inversionistas privados, acostumbrados a las grandes ganancias que deja, la compra y venta de lo robado.

Y si a lo anterior se le agrega la escandalosa participación de los llamados huachicoleros, en la sustracción ilegal de la gasolina, más la adquisición fraudulenta de los productos de Pemex en refinerías y terminales de almacenamiento y reparto, más la suma del trasiego ilegal de gasolina y diésel por la vía marítima y finalmente con el agregado de las tomas clandestinas en ductos paralelos a los de Pemex, entonces comprenderemos la magnitud del esfuerzo del presidente López Obrador para acabar con lo que podría ser el más grande robo a la nación.

Los tambos de gasolina robada por huachicoleros al menudeo constituyen una merma en la explotación del llamado oro negro, pero el robo mediante pipas a las seis refinerías de Pemex, donde se trafica duplicando, triplicando y multiplicando “N” número de veces las facturas falsas, estas acciones ejecutadas con la complicidad de los más altos directivos de Pemex, quienes durante años han venido contando con el apoyo y protección de los miembros del gabinete presidencial y concretamente de los titulares de la Secretaría de Energía, Minas e Industria paraestatal, constituyen una traición a la patria.

Ante esa realidad que se ha puesto al descubierto con todos los detalles publicitados en medios de comunicación y en redes sociales, se hace necesario el respaldo público y definitivo de los mexicanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus colaboradores que incluyen a la secretaria de Gobernación, al encargado de la PGR, a los secretarios de la defensa nacional y la Marina y desde luego a la licenciada Rocío Nahle y demás funcionarios que participan en este operativo magno, que sin el cambio de gobierno y de sistema político jamás habría sido posible ejecutar.

Lo que sigue es la detención y encarcelamiento de quienes resulten responsables del fraude a Pemex, con la determinación del presidente López Obrador de resolver en forma definitiva este penoso y gravoso asunto que quiebra la mayor riqueza de México, la explotación del petróleo.