Luego de más de 40 días con el Palacio Municipal tomado, cualquiera pensaría que en el conflicto en el Ayuntamiento de Jamapa urge la intervención del gobierno estatal, Poder Ejecutivo y, sobre todo, Legislativo.
En diciembre pasado, en el marco del segundo informe de la alcaldesa Rlorisel Ríos Delfín (PAN), unas 10 o 12 trabajadoras del Ayuntamiento, presuntamente azuzadas por el síndico Julio César Sosa, reclamaron a la presidenta municipal por un presunto recorte salarial y por la reducción en prestaciones, como el aguinaldo por ejemplo.
Luego de ello, comenzaron las hostilidades contra las empleadas municipales, mismas que tuvieron su punto más fuerte con el despido de tres de ellas.
El problema reventó el 6 de enero. Hubo inconformidad de un grupo de burócratas locales, que solicitaron una y otra vez reunirse con la alcaldesa, quien parecía confiar en que el conflicto se desinflaría con el paso de las horas y días. No fue así, la protesta fue subiendo de tono porque los trabajadores inconformes contaron con el apoyo de habitantes del lugar.
Los ediles de Jamapa agacharon la cabeza y en vez de ejercer presión para que la alcaldesa resolviera el conflicto y diera certeza laboral a los trabajadores del Ayuntamiento, decidieron evadir el problema. ¿Cuál fue el resultado?, las partes comenzaron a radicalizar sus posturas: los empleados primero colocaron sellos en las oficinas y finalmente tomaron el Palacio.
Esa fue la segunda toma de Palacio Municipal durante la actual administración; en noviembre de 2019, la Unión de Empleados del Ayuntamiento de Jamapa realizó otro bloqueo en el inmueble del gobierno local.
El problema es que doña Florisel parece no entender que en el tema de las conquistas laborales, los actuales ayuntamientos no pueden reducir lo que los trabajadores de base lograron en administraciones pasadas.
La contraofensiva de la alcaldesa se produjo el 10 de enero, cuando pidió al Congreso de Veracruz que se proceda en juicio político contra el síndico Sosa Villalvazo y la regidora Selene González; de paso, ya entrada en el reparto de culpas, también lanzó señalamientos contra el diputado Magdaleno Rosales (Morena), quien unos días antes pidió al Orfis, desde la tribuna, que se audite de forma minuciosa la tesorería de Jamapa.
El pasado viernes, esa novela tuvo un nuevo capítulo, ahora en la capital de Veracruz: un grupo de habitantes del lugar llegó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para pedir que avancen las denuncias que presentaron desde 2019 contra la presidenta municipal Florisel Ríos.
La gente de Jamapa acusa que su denuncia contra la alcaldesa no ha prosperado, que está empantanada, que probablemente descansa en un viejo archivero de la Fiscalía; pero, en contraparte, la interpuesta por la edil contra quienes tomaron el Palacio Municipal sigue su curso.
Así, mientras se intensifica el juego de vencidas entre la alcaldesa y el síndico, mientras el diputado Rosales Torres insiste en la intervención de la tesorería y mientras la Fiscalía investiga las denuncias de parte y parte, el gobierno municipal parece caminar sin rumbo, en perjuicio de la población de Jamapa, presa de la división en ese Ayuntamiento.
